El juez investiga por prevaricación en Olloniego I al anterior equipo de gobierno

Abre diligencias contra el exalcalde y los miembros de la junta de gobierno, entre ellos Caunedo, que dieron el aval a Urvisa sin cumplir el contrato

G. D. -R.OVIEDO.
La parcela comprada por Urvisa y luego revendida. ::                             MARIO ROJAS/
La parcela comprada por Urvisa y luego revendida. :: MARIO ROJAS

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Oviedo ha abierto diligencias a instancias de la Fiscalía por la comisión de una presunta prevaricación administrativa por parte del anterior equipo de gobierno en relación con la venta de una parcela del polígono de Olloniego a la constructora Urvisa, en la que luego esta incumplió el contrato de compraventa y pese a ello, el Ayuntamiento le reintegró el aval.

Los hechos se remontan a 2003, cuando el Ayuntamiento vendió a la empresa la parcela B-16 del área industrial. Algo más de 16.000 metros cuadrados «a 33 euros el metro gracias a la subvención de los fondos mineros, cuando el precio de mercado era de 84», destacó ayer en rueda de prensa el concejal socialista Feliz Fernández.

En junio de aquel año, la empresa revendió la parcela a Bitácora 2002, incumpliendo el contrato que le obligaba a desarrollar su proyecto industrial: dos naves para almacenar materiales de construcción con las que preveía la creación de 72 empleos. El fiscal destaca que el Ayuntamiento lo sabía y cita un informe de la Policía Local de 2004, en el que se recoge «expresamente el cambio de titularidad». También, que un año después, Licencias se dirige a Bitácora y no a Urvisa en relación con la licencia para construir las dos naves. En 2008, una funcionaria de Licencias certificó que sobre la parcela se habían hecho «las dos naves proyectadas» y que en ellas se desarrollaba la actividad prevista, almacén de materiales. Contó dos, donde había y hay 17, y, en agosto, la junta de gobierno levantó la condición resolutoria y devolvió el aval, ahora de nuevo, a Urvisa.

El Grupo Municipal Socialista que en su día denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción para encontrarse con que fueron archivados por el fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, ofreció ayer una rueda de prensa para anunciar que se personarán en la causa. El fiscal pide que se investigue a los miembros de aquella junta de gobierno -presidida por el anterior alcalde, Gabino de Lorenzo, y formada por el actual, Agustín Iglesias Caunedo y los exconcejales del PP, Alberto Mortera, Isabel Pérez-Espinosa y José Suárez-Arias Cachero. Al actual primer teniente alcalde, Jaime Reinares, solicita que se le investigue como concejal de Licencias en 2007.

El portavoz municipal socialista, Alfredo Carreño, y el concejal Feliz Fernández denunciaron estos hechos ante la Fiscalía en el año 2010, planteando un posible delito de fraude en las subvenciones. Sin embargo, el Ministerio Público inicia actuaciones ahora con la tesis de la posible prevaricación por parte de la junta de gobierno, por aprobar la devolución del aval sin que Urvisa hubiese cumplido el contrato, y por parte del concejal de Licencias, «por ser conocedor y no hacer nada», explica Carreño. En su opinión, este caso «resume una forma de gobernar en Oviedo que lleva más de dos décadas».