Marbella, antecedente de Cudillero

La propuesta de la FSA de celebrar elecciones para atajar la crisis municipal requiere argumentar graves daños al interés general La disolución anticipada de un consistorio por causas excepcionales solo se llevó a cabo en el municipio malagueño

ISABEL GÓMEZCUDILLERO.
Marbella, antecedente de Cudillero

La propuesta de la Federación Socialista Asturiana (FSA) de propiciar una gestora y celebrar elecciones municipales en Cudillero ha recordado el caso de Marbella, cuya corporación fue disuelta en 2006. De llevarse a cabo las pretensiones del PSOE, el Ayuntamiento cudillerense sería el segundo de España en pasar por un proceso que implica a las más altas instancias del Estado. Pero no es fácil. De serlo, la ciudad malagueña no estaría sola en la lista de corporaciones disueltas, porque peticiones hay muchas.

El planteamiento del PSOE trata de atajar la crisis institucional en la que se ve inmerso el Ayuntamiento de Cudillero después de que los tribunales anularan el nombramiento de tres alcaldes y bloquearan las opciones de ejercer el cargo a todos los ediles del grupo, que ostenta la mayoría absoluta. Y es la imposibilidad de garantizar la estabilidad del gobierno lo que ha llevado a apelar a una vía tan extraordinaria que la legislación limita a un único supuesto: «Gestión gravemente dañosa para los intereses generales que supongan incumplimiento de sus obligaciones constitucionales».

El artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local señala que siempre tendrán esa consideración los actos «que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reitera y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a víctimas o a sus familiares». Pero no hay más especificaciones y, desde luego, no es aplicable a Cudillero.

Tampoco lo era en Marbella. Por eso, el 4 de abril de 2006, cuando la Junta de Andalucía pidió la disolución de la corporación marbellí tras las primeras detenciones del 'caso Malaya', el Consejo de Ministros solicitó al Senado y la Comisión Nacional de Administración Local que se pronunciaran en 48 horas.

El asunto no era baladí. Más allá de la autonomía de los entes locales, estaba en juego la propia esencia del sistema: «Es la primera vez en la democracia que se deja sin efecto la voluntad popular», dijo la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, al anunciar, el día 7, que el Consejo de Ministros había aprobado el Real Decreto de disolución del Ayuntamiento de Marbella. Apelaba así al mismo principio de representatividad democrática que invoca el PSOE de Cudillero y que parece haber quedado constreñido por las sentencias judiciales que impiden ocupar la Alcaldía a la fuerza más votada.

Ante la situación de Marbella, el respaldo jurídico lo dio la Abogacía General del Estado, que interpretó que la mención normativa a «los intereses generales» hace referencia a los «de la Nación y otros intereses generales supralocales, sin que en ningún caso lo sean los intereses (públicos o generales) propios de la entidad local». Es decir: la disolución de una corporación se justifica si su actividad atenta contra el Estado o la comunidad autónoma.

El Real Decreto recoge que las irregularidades urbanísticas cometidas en el municipio malagueño incidían en los dos ámbitos, porque afectaba a las competencias de la Junta de Andalucía en la materia y porque perjudicaba «las relaciones económicas con otros estados, dado el considerable volumen de inversiones extranjeras en el sector inmobiliario localizadas en el término municipal de Marbella».

Además, el Consejo de Ministros entendió que la trama de corrupción -que ha culminado con penas de prisión para la exalcaldesa, Marisol Yagüe, y la exteniente alcalde, Isabel García Marcos, entre otros-, atentaba contra «la exigencia de funcionamiento ajustado a la legalidad de una institución de configuración democrática», suscitando un «sentimiento de reproche (...) no circunscrito a los vecinos del municipio».

Se argumentó así la disolución de la corporación y al nombramiento de una gestora de 16 vocales designados por los partidos que juraron el cargo el 21 de abril y dirigieron el Consistorio hasta la convocatoria ordinaria de elecciones en mayo de 2007. Y es que, según precisó el Consejo de Estado, el adelanto electoral no puede contemplarse en el último año de mandato.

Según el precedente marbellí, no es fácil predecir la decisión del Consejo de Ministros si finalmente el Principado tramita la solicitud para disolver la corporación y convocar elecciones anticipadas que, en todo caso, deberían celebrarse antes de mayo. Crisis de gobierno provocadas por deudas astronómicas, condenas de cargos electos o fragmentación política no han recibido autorización para hacerlo y la situación en Cudillero responde a decisiones del grupo mayoritario.

Además, debe argumentarse la afección al interés general y sólo podría haber un encaje posible. Según expuso el fiscal en el escrito que remitió al Tribunal Superior de Justicia ante los recursos de PP y Foro contra el último nombramiento como alcalde de Luis Fernández Garay, la sucesión de hechos que han protagonizado los socialistas de Cudillero «puede ser tildado de escasamente respetuoso con los principios democráticos de la representatividad y responsabilidad política».

Esta lectura, añade el fiscal, aconseja nuevos comicios, «única vía de poder dotar de estabilidad al gobierno local y de que los electores puedan expresar, con su voto, quién desean que sea (o pueda ser) su alcalde». La pretensión no sería en ese caso «cercenar la autonomía local, ámbito constitucionalmente garantizado, sino, al contrario, proteger su máxima efectividad ante la irresponsabilidad de una parte de los concejales electos del municipio».

De continuar con la petición, el futuro de Cudillero quedaría en manos del PP, ya que el Consejo de Ministros debe impulsar y resolver la disolución. Ante la situación de Marbella, Mariano Rajoy defendió una reforma de la ley electoral que admitiera elecciones anticipadas en vez de una gestora: «No hay que tener más que voluntad política para hacerlo», dijo. Y apostilló: «Espero que Zapatero sea un demócrata y le dé la palabra al pueblo».