Dos promotoras recurrirán la paralización de sus proyectos en el entorno del plan de vías

Entienden que el equipo de gobierno de Foro les ha ocasionado importantes perjuicios económicos amparándose en la situación del PGO

MARCOS MOROGIJÓN.

Dos nuevas empresas promotoras sumarán sus reclamaciones a los requerimientos patrimoniales que desde hace más de medio año viene recibiendo el Ayuntamiento de Gijón por la anulación del Plan General de Ordenación (PGO). Las firmas que ahora estudian dar este paso son Construcciones San Bernardo y el Grupo Fresno, a las que el equipo de gobierno negó la posibilidad en verano de seguir tramitando sus proyectos de urbanización en el entorno del plan de vías para levantar tres edificios en altura que suman casi 200 nuevas viviendas.

Según explicó el gerente del Grupo Fresno, José Luis Fernández-Avello, tras el silencio administrativo a sus recursos de reposición, la vía judicial es la única opción que les deja el Consistorio gijonés para tratar de recuperar los gastos inútiles desembolsados hasta el momento. Gastos que no sirvieron para nada en proyectos, personal técnico y gestiones administrativas, así como los intereses correspondientes a ese dinero.

Fernández-Avello considera que «hay una responsabilidad directa de la Administración local» en la paralización del proyecto de las torres Alia de Construcciones San Bernardo (dos torres de 17 plantas y 68 viviendas cada una) y en el edificio de doce alturas y 60 pisos que el Grupo Fresno pretendía desarrollar en el antiguo solar de Calor y Café. «Tenemos una situación de república bananera en Gijón. Cuando ya miran con recelo los bancos la cuestión inmobiliaria, encima se añaden trabas de incertidumbre jurídica en materia urbanística», critica el empresario, quien considera que en ese contexto hay que analizar la casi nula actividad edificatoria actual en la ciudad.

El gobierno municipal de Foro decidió dar carpetazo provisional a estas operaciones en el entorno de las calles del Diario EL COMERCIO, Luarca y Sanz Crespo alegando que «no procede» tramitar la urbanización para la zona en tanto no se recupere la seguridad jurídica en la ordenación urbanística de la ciudad. Bien porque el Tribunal Supremo acepte el recurso municipal de casación presentado contra la anulación del PGO, o bien porque se apruebe la revisión del planeamiento que promueve Foro. Dos supuestos para los que, en ambos casos, habría que esperar más allá del actual mandato municipal. En la interpretación que hace el equipo de gobierno, no se puede autorizar una urbanización de un ámbito que desarrolla el plan anulado, «donde casi se triplica la edificabilidad prevista en el Plan Rañada de 1999 (que es el que Foro toma como referencia), pasando de dos plantas a 18 y pasando de un uso de oficinas a un uso residencial».

«Excesiva»

Desde el grupo de promotores que integran la CAC-Asprocon, califican de «excesiva» la postura que ha mantenido el equipo de gobierno con estos proyectos que se diseñaron en su momento en sintonía con la transformación urbanística que se supone que traerá consigo el plan de vías. Además, desde la patronal asturiana lamentan, asimismo, que, con arreglo a una interpretación jurídica, se ponga freno a los pocos empresarios que ahora mismo tienen capacidad de edificar y generar empleo en el sector de la construcción. El PSOE también fue muy crítico en su momento con los impedimentos puestos desde Foro para poner en marcha estas actuaciones urbanísticas en suelo consolidado, con acusaciones de incompetencia e intereses oscuros por parte de la concejalía de Urbanismo.

Hasta el momento, las reclamaciones patrimoniales por la anulación del PGO contra el Ayuntamiento superan los 200 millones de euros. Entre los reclamantes, hay afectados por las suspensiones de planes parciales como los de Castiello de Bernueces, Granda y Alto del Infanzón.