Asturias, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Canarias se plantan ante la 'Ley Wert'

Advierten de que es «imposible» aplicarla en los plazos impuestos y el ministro acepta posponer el desarrollo de los currículos de Secundaria y Bachillerato

A. VILLACORTA GIJÓN / MADRID.
Asturias, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Canarias se plantan ante la 'Ley Wert'

Guerra abierta con la 'Ley Wert' como trasfondo. Los consejeros educativos de Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco, que suman más de la mitad del alumnado del Estado -el 52%, calculan- escenificaron ayer de forma conjunta su rechazo a la reforma educativa aprobada a finales del pasado año con una comparecencia ante la prensa y pidieron que se «frene», ya que es «imposible» ponerla en marcha el próximo curso, tal y como está previsto. Los consejeros del ramo hicieron ese anuncio pocas horas antes de reunirse con el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en la primera Conferencia Sectorial tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) el mes pasado.

La asturiana, Ana González, fue bastante explícita a la hora de subrayar que considera «absolutamente imposible» su aplicación en los plazos que ha impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy, a partir de septiembre en el caso de Primaria y de la nueva FP básica: «Estamos ante una propuesta inadmisible y carente de seriedad que únicamente pretende poner en marcha la contrarreforma ideológica del PP, pero no se lo podemos permitir, porque en ella va el futuro de nuestros hijos».

La titular de Educación del Principado, que volvió a calificar la norma de «segregadora», ya que «pretende echar a una parte del alumnado del sistema educativo y establecer dos ritmos, dos escuelas diferentes», recordó que los servicios jurídicos del Principado ya estudian el recurso de inconstitucionalidad que va a interponer la comunidad autónoma.

«Nuestra objeción técnica y pragmática se centra fundamentalmente en la precipitación del calendario, que ha sido fijado sin consultar a las comunidades autónomas en esa costumbre de deslealtad institucional del Ministerio de Educación, que pone de manifiesto una vez más que no quiere la participación real», subrayó González, que dice que no llega, que «el calendario imposibilita el desarrollo técnico necesario y demuestra falta de rigor por parte del Gobierno central».

Y mientras ella hablaba de que la «escasa seriedad» y la «improvisación» del Ejecutivo central pueden «tener consecuencias absolutamente nefastas» para el alumnado, que «tendrá que enfrentarse a una reválida que pondrá en jaque su futuro», su homólogo andaluz, Luciano Alonso, fue más allá y anunció que, aunque en su comunidad no serán insumisos frente a la ley, adoptarán medidas propias. Así, mantendrán la asignatura de Educación para la Ciudadanía y no harán públicos «los resultados de las pruebas de evaluación final obtenidos por cada centro, a modo de ranking». O también detalló que Andalucía va a mantener los programas de gratuidad de los libros de texto («aquellos conformes a la norma autonómica»), no va a sostener con fondos públicos los colegios que segregan por sexo y establecerá «criterios que garanticen la escolarización equilibrada del alumnado».

Ana González criticó, además, que el ministerio esté negociando ya con las editoriales la publicación de nuevos libros de texto, «cuando todavía no sabemos qué hay que enseñar ni qué hay que aprender». Y, respecto a la FP básica, la consejera insistió en que se trata de una etapa educativa pensada para los jóvenes de 15 años y, por tanto, de oferta obligatoria, pero que tiene dudas sobre el método de financiación que utilizará el ministerio.

2.000 millones hasta 2020

La duda fue despejada al término de la reunión con Wert, que avanzó que su departamento cofinanciará con el Fondo Social Europeo los gastos directamente relacionados con la implantación de la reforma, que ascienden a unos 2.000 millones de euros hasta el 2020 y que el coste más elevado será el derivado de la implantación de la nueva FP básica y de la anticipación de itinerarios en Secundaria.

Además, el ministro aceptó aplazar el desarrollo del currículo de ESO y Bachillerato, ya que en estos cursos no se aplicará la ley hasta 2016-2017. Y si los consejeros de Educación de Valencia, Castilla-La Mancha y Madrid, todas en manos del PP, recordaron a sus homólogos en rebeldía que las leyes están para cumplirlas y les afearon el «boicot», la CONCAPA cree que el nuevo currículo escolar presentado por Wert ofrece una «homogeneidad» al sistema educativo de la que hasta ahora «carecía». Por su parte, la líder de los populares asturianos, Mercedes Fernández, quitó hierro a las críticas y defendió que, «más allá de ruedas de prensa un poco alborotadas, Asturias cumplirá la LOMCE».