Despedidos de Trubia se quejan de la relación entre el juez que avaló el ERE y Santa Bárbara

Presentan una queja ante el Consejo General del Poder Judicial porque el magistrado y el letrado de la empresa trabajan en la misma editorial

IDOYA REYOVIEDO.

La Asociación 55 Despedidos de la Fábrica de Armas de Trubia acaba de tramitar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando la apertura de un expediente disciplinario, pues según la documentación que aportan el juez que avaló el Expediente de Regulación de Empleo de la factoría mantiene «una relación de cierta dependencia» con respecto al abogado de Santa Bárbara Sistemas. El letrado, Ignacio García Perrote, es el director de la revista de información laboral de la editorial Lex Nova y el magistrado que preside la sala de lo Social de la Audiencia Provincial, Ricardo Bodas Martín, es miembro del consejo de redacción.

«La relación de superioridad jerárquica se mantiene en diversos libros publicados por la misma editorial», relata el texto entregado ante el CGPJ. Pero además, los despedidos de Trubia aportan otra documentación que acredita «que ambos resultan coincidir, de forma habitual, en diversas ponencias relativas a temas laborales, la mayor parte de las mismas celebradas en día laborable y por la mañana». El texto apunta a varias ponencias celebradas en Canarias, justo antes de la celebración del juicio en la Audiencia Provincial que finalmente desestimó la impugnación de los despidos. «Además acreditamos que han vuelto a coincidir a finales de 2013, mientras el recurso de los representantes de los trabajadores despedidos se encontraba paralizado por la Audiencia Provincial».

Destaca la queja que gran numero de esas jornadas fueron organizadas «por la Asociación Forelab, de la que García Perrote es presidente». «De esta situación, que evidentemente, cuando menos, debe traducirse en una relación de cierta dependencia, pues García Perrote es superior en la editorial en la que ambos trabajan y organiza ponencias, presumiblemente, retribuidas», insiste la queja. A esta «amistad manifiesta» añaden un hecho que consideran aún más llamativo. Cuentan los despedidos de Trubia que juez y letrado han participado en las dos primeras y únicas jornadas organizadas por la empresa Gabinete de Recolocación Industrial (GRI), «que es una pequeña sociedad a la que sorprendentemente General Dynamics Santa Bárbara Sistemas S. A. encargó el plan de recolocación de los trabajadores despedidos». Es más, esas jornadas de debates laborales «coinciden nuevamente con fechas previas al juicio de la Audiencia Nacional y con el periodo en el que el recurso de los representantes de los trabajadores se mantuvo interrumpido».

La queja destaca que «no parece razonable ni ético que el presidente de la Sala que ha de decidir sobre la legalidad o no del ERE imparta conferencias presumiblemente pagadas por la empresa que Santa Bárbara Sistemas contrató para cumplir con la obligación de tener un plan de recolocación de los trabajadores despedidos en el mismo ERE».

Por último tildan de igualmente sorprendente que las ponencias «se produzcan a escasas fechas antes de la celebración del juicio en la Audiencia Nacional. Por ello solicitan la admisión del escrito de queja procediendo a la apertura del correspondiente expediente disciplinario.