Caunedo espera que el Principado asuma la financiación de las competencias compartidas

La ausencia momentánea del portavoz de IU permite al PP aprobar una enmienda a favor de la reforma local

GONZALO DÍAZ-RUBÍNOVIEDO.
Caunedo espera que el Principado asuma la financiación de las competencias compartidas

La Corporación se reunió ayer en sesión extraordinaria, forzada por los grupos de PSOE e IU, para que el Ayuntamiento se sumase a los muchos que se oponen a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la reforma local aprobada por el Gobierno. También «con un componente de pedagogía muy importante», sostuvo el portavoz de IU, Roberto Sánchez Ramos, para explicar a los ovetenses los, a su juicio, peligros de la ley. Eso fue justo lo que no hizo ninguno de los 27 concejales ayer. Nadie explicó el impacto que tendrá en el Ayuntamiento y los servicios que presta a los ovetenses. Terminado el Pleno, a preguntas de la prensa, el alcalde Agustín Iglesias Caunedo, apuntó que espera que el Principado llame a los municipios para iniciar los cambios que supone la norma.

Garantizó, eso sí, que el Ayuntamiento mantendrá los servicios que presta: «No va a suponer ningún recorte y supondrá una mejora en el nivel de las prestaciones que reciben los ovetenses», aseguró. La ley prevé que los municipios pierdan una serie de competencias en favor de las diputaciones y las autonomías, en el caso de las uniprovinciales, pero abre también la puerta a que aquellas deleguen las mismas en los concejos a través de convenios. En este sentido, Caunedo apuntó que «hay competencias que veníamos compartiendo (el Principado y el Ayuntamiento) que tendrán que establecerse mediante convenios». Con una ventaja, «antes (los municipios) no recibíamos financiación» por las competencias impropias, pero ahora estará «garantizada» porque el Estado retendrá las transferencias a las comunidades que no paguen los convenios. «Hay algunos concejales que se han mostrado más preocupados por la incidencia de esta reforma en las comunidades autónomas que en los ayuntamientos», sostuvo.

Minutos antes, el Pleno convocado para llevar al Tribunal Constitucional un conflicto de competencias contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local había acabado en lo contrario: con la Corporación aprobando una declaración en defensa de la norma y comprometiéndose a «asumir el reto» de adaptarse al modelo de administración local que diseña. Y todo por un pis, que a algunos ediles, tras el pacto entre PP e IU, les pareció sospechoso.

El portavoz de IU, Roberto Sánchez Ramos, se levantó de la sesión para ir al aseo. En teoría, tenían que tomar la palabra aún el portavoz de Foro, que no lo hizo, y el equipo de gobierno, para cerrar debate. Sin embargo, el alcalde impidió el turno de réplica de Jaime Reinares y procedió a someter a votación, primero la enmienda presentada por el PP. 13 a 13. Una segunda vez, repitió el resultado. Caunedo usó, por primera vez, el voto de calidad. La enmienda fue aprobada. Sánchez Ramos explicó después que el aseo, el único que existe, estaba ocupado, por lo que tuvo que esperar.

Argumentos

No era el resultado previsto. «Está visto que esta mañana no vamos a llegar a ningún acuerdo», expuso Caunedo tras escuchar a Foro. Andrés Llavona defendió la postura de su grupo, contraria a la reforma local, «por insuficiente» y por romper el principio de proximidad entre administración y administrado, pero también a la iniciativa del PSOE por «electoralista». Contando con el apoyo de los no adscritos y la oposición de los 'casquistas' a la enmienda y proposición, el alcalde descontaba que ni la una ni la otra serían aprobadas. La ausencia de 'Rivi' rompió los cálculos.

Reinares defendió una norma que, dijo, evitará los «desmanes» de algunas administraciones locales y reprochó a PSOE e IU su escaso respeto a la soberanía que representa el Congreso. Le valió para que IU le recordase que la deuda de los municipios no llega al 4,1% del PIB y la del Estado pasa del 81,3% y que en las dos anteriores legislaturas el PP acudió «50 veces al Constitucional contra normas aprobadas en el Congreso». Alfredo Carreño (PSOE) retó al PP a que «explique» por qué «cree que los ovetenses van a estar mejor atendidos por otra administración» Y ambos, denunciaron que la norma traerá una nueva oleada de privatización de servicios con un recorte que puede suponer la pérdida de 70.000 empleos en servicios sociales.