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MARCO MENÉNDEZ
Sábado, 8 de marzo 2014, 02:39
La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Gijón sabía desde diciembre de 2009 que el depósito de jarofix en La Enmesnada, en Carbaínos (Cenero), no se ajustaba a la normativa. Fue cuando su Secretaría Técnica elaboró un informe en el que se indicaba que el suelo era «no urbanizable» y estaba calificado como de «protección paisajística-forestal». La conclusión del informe indica que «el uso de vertedero, regulado según el artículo 10.6.9 de la normativa del PGOU, no se encuentra entre los usos autorizables en esta categoría de suelo, por lo que no es posible acreditar la compatibilidad de la actividad de vertedero demandada con el planteamiento urbanístico».
Pero ese informe no fue incluido por el entonces concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, en el expediente que remitió al Principado para que le fuera concedida la Autorización Ambiental Integrada al proyecto presentado por las empresas Ecoterra -propietaria del vertedero- y Asturiana de Zinc para el depósito de jarofix, mezcla de jarosita -residuo del proceso de producción del zinc-, cemento y cal. Se da la circunstancia de que ese expediente, en el que «se presta conformidad a los informes emitidos por los Servicios Municipales», fue enviado a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras el 8 de junio de 2011, es decir, solo tres días antes de la toma de posesión de Carmen Moriyón como alcaldesa de Gijón.
También hay que destacar el contenido de ese informe rubricado por Pedro Sanjurjo. Se incluyen las conclusiones y recomendaciones de los informes elaborados por la Sección Técnica de Actividades del Ayuntamiento de Gijón, el Servicio de Obras Públicas y los Servicios Jurídicos municipales. Pero se omite el antes citado de la Sección Técnica de Urbanismo. Es en ese informe de Pedro Sanjurjo en el que se basó el Principado para emitir de forma favorable la autorización medioambiental del proyecto en julio de 2012.
A todo esto hay que añadir que los Servicios Técnicos Municipales consideran ahora que es necesaria la tramitación de un nuevo documento de Estudio de Implantación, pues consideran que Ecoterra tiene permiso para verter en La Enmesnada tierras y piedras estériles, tierras limpias procedentes de excavaciones y bloques de piedra. En su opinión, al ser el jarofix un residuo de origen industrial, se entiende que el anterior documento no permite la actividad ahora propuesta.
La oposición pide cautela
El Partido Popular e Izquierda Unida no tienen tan claro este asunto como el equipo de gobierno. Desde el PP, su concejal y presidente de la Comisión de Urbanismo, Gabriel Díaz, solicita «informes de más calado técnico antes de tomar una decisión», ya que es consciente de que la negativa municipal al proyecto puede afectar al empleo, «que es la palabra clave en estos momentos».
El también popular Francisco Rodríguez Cubiella califica esta decisión como «trascendental», por lo que indicó que al equipo de gobierno «le pedimos que antes de tomar una decisión aborde el tema de forma pausada y con informes suficientes».
Esa es también la opinión del portavoz de IU, Jorge Espina, quien cree que el equipo de Carmen Moriyón «debería buscar alianzas con los otros partidos políticos. Es una irresponsabilidad que no consulte o pregunte. Son decisiones que hay que tomar de forma muy reposada».
Espina confiesa que este asunto le genera «muchísimas dudas», al tiempo que asegura que, «si yo fuera alcalde, buscaría un respaldo más amplio». En su opinión, la postura del equipo de gobierno es «unilateral, con un punto de irresponsabilidad y con mucho de populismo».
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