Mina La Camocha, visto para sentencia

Tras 14 sesiones, la decisión está en manos de la jueza Rosario Hevia, que debe ahora repasar una instrucción larga y profusa, con más de 7.000 folios y siete informes periciales

AIDA COLLADOGIJÓN.
Los abogados José Carlos Botas, Carlos Moro, Ana García Boto, Luis Tuero y Ricardo Álvarez Buylla, defensores de los cinco acusados. ::
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                            SEVILLA/
Los abogados José Carlos Botas, Carlos Moro, Ana García Boto, Luis Tuero y Ricardo Álvarez Buylla, defensores de los cinco acusados. :: LUIS SEVILLA

14 largas sesiones. 7.000 folios. Decenas de declaraciones, de testimonios. Miles de cifras. Las últimas conclusiones de las defensas pondrán el martes el punto y final a dos meses de juicio, en los que se ha intentado dilucidar si hace ya 14 años la dirección de Mina La Camocha compró carbón nacional y de exportación, haciéndolo pasar como propio, para vendérselo a la térmica de Aboño y recibir así las ayudas del Ministerio de Industria. La jueza del caso, Rosario Hevia, deberá decidir si los cinco acusados que se sientan en el banquillo son responsables por su participación necesaria de los hechos delictivos supuestamente acaecidos durante 1998, 1999 y 2000.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han reducido casi en un millón de euros la petición de multa inicial a cada uno de los acusados, pasando de 17,08 millones de euros a poco más de 16 (6,1 millones correspondientes al delito de 1998, unos 9,8 referidos a 1999 y 187.832 euros correspondientes al año 2000). Además, por cada ejercicio pide tres años de prisión, 270 días de responsabilidad subsidiaria en caso del impago de la sanción impuesta y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas durante ocho años.

En total, las acusaciones piden nueve años de cárcel para cada acusado y 16.164.263 euros de multa, cantidad que coincide con la estimación del valor total del perjuicio ocasionado.

Durante las últimas semanas se ha intentado aclarar si es cierto que 98.686,23 toneladas ajenas a la producción de Mina La Camocha se introdujeron en la explotación procedentes de Hullas Coto Quirós (32.472,89), Trabajos y Explotaciones (51.196,49) y Recuperación Alfa (1.318,05), además de las 13.698,87 toneladas compradas por la propia mina para, según defienden sus gestores, hacer frente a los vales de carbón de los trabajadores.

Las sesiones comenzaron con los imputados pidiendo la anulación del juicio por la prescripción del delito. No fue la única línea de la estrategia de las defensas durante el procedimiento que consistió, en primer lugar, en negar la participación de sus clientes en los hechos enjuiciados; poner, al menos, en duda que estos se hubiesen producido; y rechazar, en algunos casos, que fuesen constitutivos de delito.

Durante las últimas semanas, varios agentes de la Guardia Civil ratificaron que la explotación operó de forma fraudulenta; el gerente del Instituto del Carbón, Juan Manuel Benítez Torres, reconoció que se fiaban de las empresas para darles las cuantiosas subvenciones por carecer de medios para controlar las ayudas, y los peritos estatales sirvieron de apoyo a las tesis de las acusaciones. Sin embargo, los responsables de la mina, si bien aceptaron que habían comprado mineral, siempre defendieron que el destino del carbón, nunca cercano a las 90.000 toneladas según ellos, era los vales que se entregaban a los mineros.

Después de la exposición el pasado viernes de las conclusiones del fiscal, el abogado del Estado y los letrados del administrador único de Hullas de Coto Quirós, Ángel Manuel García Brugos, y la responsable de contabilidad de la mina, Margarita García, el martes le tocará el turno a la defensa del apoderado de las dos empresas investigadas junto a Mina La Camocha por participar presuntamente en el engaño -Hullas de Coto Quirós y Trabex-, Guillermo Alfredo Honrubia; a la del apoderado de La Camocha y exconsejero de Industria, Víctor Zapico, y a la del expresidente de la mina, Manuel Martín.