Rosa Aza: «Las ayudas de El Musel son una cuestión de Estado»

Prevé una larga y ardua lucha para defender las ayudas europeas frente a los más de 700 folios que componen el informe de la oficina antifraude La presidenta de El Musel pide tranquilidad a los trabajadores, preocupados por las cuentas

N. PRIETO GIJÓN.
Rosa Aza, durante una intervención pública para difundir un proyecto de El Musel. ::                             PIÑA/
Rosa Aza, durante una intervención pública para difundir un proyecto de El Musel. :: PIÑA

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, intentó ayer transmitir tranquilidad a los trabajadores de El Musel en el sentido de que el riesgo de perder las ayudas europeas a las obras de ampliación no tendrá repercusión ni en el empleo ni en los salarios. En todo caso, Rosa Aza defendió que el problema supera el ámbito de actuación de la Autoridad Portuaria y dijo: «Estamos ante una cuestión de Estado».

Aza aprecia en el Organismo Público Puertos del Estado voluntad de «pelear hasta el final» y considera imprescindible esa actitud, siempre que se cuente con la conformidad de la Abogacía del Estado, para defender una financiación de El Musel ya de por sí complicada sin perder los 49,5 millones que están pendientes de liquidar ni, mucho menos, devolver los 198 millones cobrados.

Teoría y práctica parecen dar la razón a la presidenta de El Musel en cuanto a que el espinoso asunto debe ser tratado entre Bruselas y Madrid. En lo teórico, porque las ayudas europeas son tramitadas por el Gobierno del Estado, a través del Ministerio de Hacienda, y porque las autoridades portuarias, así como los puertos que gestionan, son de titularidad estatal. En lo práctico, no parece casual que la Oficina de Lucha Contra el Fraude haya enviado su informe al Ministerio de Hacienda, ni que Puertos del Estado haya dejado al Gobierno regional sin copia de las acusaciones presentadas por Europa contra la tramitación del expediente de ampliación del puerto gijonés. La encomienda directa a la Abogacía del Estado del estudio del informe de la Onlaf es otra muestra de que la Administración central no sólo no debe, sino que tampoco quiere, compartir la búsqueda de soluciones al problema.

En esas circunstancias, Rosa Aza informó a los trabajadores de que apuesta por la normalidad y de que ha mantenido ya varias reuniones para pedir también tranquilidad a los clientes y operadores portuarios. Una reducción de los tráficos, que en estos momentos evolucionan al alza, o, en general, de la cifra de negocio, provocaría ahora un problema adicional.

Pero los trabajadores del puerto no están tranquilos y la amplia asistencia a la asamblea de ayer («vinieron hasta los que están de descanso», indicaron a EL COMERCIO fuentes sindicales) es una prueba de ello.

La repercusión negativa que habitualmente tienen en las plantillas los malos resultados económicos es un motivo de alarma, pero es que, además, Puertos del Estado y sindicatos, a escala nacional, tienen previsto dedicar una parte de la masa salarial a complementar las nóminas de los puertos que alcancen la rentabilidad (2,5%) que requiere la normativa portuaria vigente. Consiguientemente, los números rojos preocupan, y mucho, a los trabajadores de El Musel, que llevan varios años sin aumento salarial y que podrían ver frustradas sus aspiraciones de que las cosas cambien en muchos años más si las inversiones de la empresa les afectan. «Nosotros sí que no tenemos la culpa de nada», manifestaron ayer fuentes sindicales.

«Varios años»

De momento, el alarmante informe de la Oficina Antifraude no ha hecho más que adelantar el trabajo de la Abogacía del Estado, pero hay que tener en cuenta que no se trata de unas apreciaciones que sea el momento de intentar rebatir. «Hasta que no exista una decisión motivada de la Dirección General de Política Regional no hay nada a lo que corresponda responder», dijo ayer Rosa Aza, aunque todo apunta a que acabará siendo el Tribunal de Justicia de Luxemburgo si las acusaciones de la Olaf justifican la retirada de la subvención, y en eso pueden pasar «varios años», en expresión de la presidenta de El Musel.

No sería la primera vez que el citado tribunal tumbó propuestas de la Olaf, que en este caso no se limitan a recomendaciones sobre sanciones económicas sino también a propuestas de intervención judicial, lo que implica sospecha sobre comisión de delitos.

Conforme a lo que ha ido trascendiendo durante los años que duró la investigación, la Olaf considera que la Autoridad Portuaria de Gijón propició la adjudicación a la UTE Dique Torres porque estableció como obligatoria la utilización de una cantera de la que era copropietaria una de las empresas integrantes de la UTE. En su día, sin embargo, los responsables portuarios defendieron que la utilización de dicha cantera fue puesta a disposición de cualquier aspirante al contrato, mientras que dejar ese asunto libre sí que otorgaría una ventaja a los propietarios, debido a que la proximidad de esa cantera a la obra implica menores costes. Fuera la que fuese la intención real, el caso es que el intervencionismo a la hora de convocar el concurso sobre los materiales que se deberían utilizar chirría en el ámbito europeo.

«Quien la hizo, que la pague»

En otro orden de cosas, ayer continuaron las reacciones políticas ante la posible pérdida de ayudas europeas. El portavoz municipal de Izquierda Unida, Jorge Espina, calificó ayer de «negativa» cualquier noticia que pueda oscurecer el futuro del puerto de El Musel, que «es una obra fundamental para el desarrollo industrial de Gijón y de toda Asturias», pero añadió que «si la Comisión Europea encuentra que hubo irregularidades y, por lo tanto, responsabilidades en la forma en que se llevaron a cabo las obras de ampliacion del puerto, el que las haya cometido que las pague».

Además, el coordinador territorial de UPyD-Asturias, Armando Fernández Bartolomé, aseguró que «la mala gestión del Gobierno de Vicente Álvarez Areces pone en peligro la viabilidad y competitividad del puerto de El Musel». La hipotética reclamación sería a España, no a El Musel.