«El nuevo ERTE es un cheque en blanco, parte de la gran mentira tras la privatización»

A. S.OVIEDO.

Hace 363 días que Santa Bárbara despidió a 55 trabajadores que se sienten «abandonados, acorralados, ninguneados» por la empresa y los sindicatos con representación en el comité de empresa: «Estamos en el limbo y los que nos tienen que defender cada vez están más lejos. Firman un ERTE obviando a los 55 cadáveres». No entienden por qué ellos salieron de forma forzosa; ni por qué ahora sus antiguos compañeros han firmado un nuevo Expediente de Regulación Temporal: «Es un cheque en blanco, una venta por poco dinero», parte de «la gran mentira» de la compañía tras la privatización en 2001. Lo dijo Javier Álvarez, que estuvo «37 años en la empresa». Junto con José Vila, Maxi Rodríguez y Gregorio Martínez fue la voz del medio centenar de exempleados.

Más de una treintena se dieron cita ayer en los locales de la parroquia de San Javier de La Tenderina, su lugar de reunión habitual. Ofrecieron una rueda de prensa previa a la manifestación a la que asistirán el 17 de mayo en la capital, como parte de la plataforma de empresas en crisis. El sábado, cuando se cumple un año de los despidos, no se concentrarán delante de la fábrica como todos los días 10 de cada mes. Lo dejan para junio. Eso no significa que su crispación disminuya ante los acontecimientos que siguen fraguándose detrás de una puerta que ya no cruzan cada día para llegar a su puesto de trabajo.

Desde su marcha, los enfrentamientos con Santa Bárbara han sido continuos. Tienen varios procesos judiciales abiertos. Uno de ellos, en el Tribunal Supremo. Defienden que la empresa ocultó las cuentas, y que tenía beneficios y no pérdidas cuando ellos se quedaron en la calle. A tres despedidos les denunció Santa Bárbara por un presunto delito contra el honor, la intimidad y la imagen de la compañía por haber enviado correos y realizado publicaciones en una página web, algo que niegan los protagonistas, y ayer sus compañeros que apuntaron que «las mismas demandas están en otras plantas españolas»

Hace dos meses tramitaron una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando la apertura de un expediente disciplinario, al entender que el juez que avaló el ERTE, Ignacio García Perrote, tenía una «una relación de cierta dependencia» con respecto al abogado de la empresa. Y siguen: «Mientras tengamos salud lucharemos, en los tribunales o en la calle».