El impulso a la fiscalidad verde amenaza con ahogar aún más a la industria asturiana

Pese a ello, el Ejecutivo considera claro que la fiscalidad tiene margen de crecimiento. En 2019 los impuestos ambientales supusieron en España 22.050 millones de euros. Sin embargo, según Montero,estos suponen uno de los porcentajes más bajos de toda la zona euro sobre el Producto Interior Bruto, un 1,77%, igual que Alemania y solo por encima de Luxemburgo e Irlanda. La media se sitúa en el 2,35%.

En ese camino hacia la descarbonización, la Federación Asturiana de Empresarios (Fade) subraya que no se trata solamente de una cuestión de tecnología, sino de costes. «Es esencial que el acceso a las tecnologías necesarias para que las empresas se adapten a la nueva legislación se haga a un coste que no lastre su competitividad y las deje en una situación de desventaja», advierte.

Los antecedentes no son positivos. El impuesto sobre los residuos que tramita el Gobierno central implicaría para Arcelor tener que pagar unos 12 millones de euros anuales.En el caso de Asturiana de Zinc la cifra se elevaría a 14. De ahí que Fade, patronales sectoriales y varias empresas hayan presentado alegaciones a un tributo que, aseguran, viene a trasponer a su manera una directiva europea pensada únicamente para residuos urbanos.

Este impuesto se uniría así a otras cargas que asumen las empresas en materia medioambiental, principalmente, el canon sobre las afecciones ambientales del uso del agua y el de residuos que se llevan a vertedero.

De momento, no existen impuestos sobre las emisiones, aunque el mercado de derechos del CO2 viene a hacer un papel similar, ya que penaliza la contaminación industrial. Se da la circunstancia, además, de que este se encuentra desbocado. Ya ha roto el techo de los 50 euros por tonelada, cuando hace un año rondaba los 20 euros y hace cinco no llegaba a seis. Como ejemplo, para producir una tonelada de acero en las plantas asturianas de Arcelor se requieren 1,75 toneladas de CO2. Sin derechos gratuitos, que la Unión Europea está reduciendo y que baraja retirar, supone un sobrecoste adicional de casi 90 euros por tonelada. Esto lastra la siderurgia integral asturiana frente a los hornos eléctricos, como los de la acería de Sestao. Por otro lado, aunque la industria básica de todo el continente está afectada, no sucede lo mismo con la de fuera de él, con la que se compite en los mercados globales.

Otro efecto directo de la escalada del precio del CO2 se encuentra en el coste eléctrico, que también se dispara para las compañías electrointensivas, sin que en España cuenten con el apoyo que reciben en otros países. A esto hay que añadir la exigencia de inversiones cada vez mayores para cumplir normativas ambientales más y más restrictivas.

En este sentido,Fade reclama que la nueva ley climática tenga en cuenta a la industria y a las diferentes circunstancias de los sectores. Advierte, además, de que Asturias parte en una posición de desventaja, por su contexto en el que la extracción de carbón y la generación eléctrica con este combustible fósil siguen presentes. También lo está en las electrointensivas. De ahí que reclame a las Administraciones que «demuestren voluntad de acompañar a las empresas y capacidad de movilización inteligente de recursos.