Una ley clave para garantizar el futuro del campo

La cancelación de pedidos de productos agrarios y alimentarios perecederos sin margen de tiempo que permita al productor una alternativa a su comercialización, la morosidad en el pago a proveedores o la alteración de forma unilateral de los términos de los contratos de suministro por parte del comprador. Son algunas de las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario que la Unión Europea ha prohibido, con el objetivo de reforzar la posición de los agricultores, corregir los desequilibrios en el poder de negociación y, en definitiva, proteger a la comunidad agraria y el tejido económico y social del medio rural. El contenido de esta directiva europea se incorporará el próximo otoño a la legislación española, completando de este modo la reforma de una ley, la de la cadena alimentaria, que es clave para reordenar y proteger el campo español.

El proceso de modificación de esta normativa, -Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que entró en vigor en enero de 2104-, arrancó a comienzos de año. Aunque en su momento la norma contribuyó a mejorar competitividad del sector agroalimentario español, lo cierto es que con el tiempo la situación del sector, -afectado tanto por problemas estructurales como por factores coyunturales-, hizo necesaria su revisión para tratar de dar respuesta a, entre otras, una de las principales reivindicaciones del campo: fijar un precio justo a los productos y acabar con los abusos.

Un primer paso en este sentido se produjo en febrero. Mediante real decreto, convalidado posteriormente por el Congreso, el Gobierno adoptó una serie de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, entre las que se incluyó el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones contractuales a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos agrarios. Es decir, se estableció la obligación de incluir en los contratos la indicación expresa de que el precio pactado -entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o bien una agrupación de los mismos y su primer comprador- cubre los costes de producción.

También se reguló la prohibición de venta a pérdida, lo que obliga a cada operador a pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción. Además se estableció que las actividades promocionales no podrán inducir al error sobre el precio o imagen de los productos, ni perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos. Estas conductas, así como alterar el precio o no recogerlo en el contrato, pasaron además a considerarse infracciones graves.

Asimismo, y con el objetivo de contribuir al relevo generacional y fijar población en el medio rural, se introdujeron modificaciones en la ley de IRPF para mejorar la tributación en este impuesto de los jóvenes agricultores que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas.

Completada ya esa primera fase de revisión, y a expensas la transposición de la normativa europea a la legislación española, el Gobierno prevé culminar la modificación de la ley con «nuevas medidas de mayor calado» para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y reforzar la posición del agricultor dentro de la misma. Se trata de hacer que la cadena alimentaria sea sostenible para todos los eslabones, sobre todo los más débiles y que las explotaciones sean más rentables y competitivas para garantizar así el futuro del campo.

El anteproyecto de ley ya ha sido sometido a consulta pública previa. El ministro de Agricultura, Luis Planas, manifestó su deseo de que cuando se inicie la tramitación legislativa «se produzca un gran debate en las Cortes Generales sobre el conjunto del sector agroalimentario, los márgenes productivos y su futuro».