Ochenta millones al año de castigo hasta 2050 por usar el Huerna

Pero, en abril de 2000, el Ejecutivo de José María Aznar, con un asturiano como ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, decidió prorrogar a Aucalsa, empresa explotadora de la vía, la concesión hasta 2050. Y con ella, el cobro del peaje durante 29 años más desde hoy. La explicación oficial de los protagonistas de la decisión fue que se hizo «para reducirlos», ya que el coste para los conductores había sido bonificado y no se cumplían las previsiones de ingresos de la operadora.

Sin embargo, EL COMERCIO ya había desvelado el 26 de noviembre de 1999 no solo que llegaría esa prórroga, sino también las causas. «Fomento ampliaría hasta 2050 el peaje del Huerna para financiar el nuevo acceso a Ferrol». Gaspar Llamazares y Javier García Valledor, entonces diputados regionales de IU, se habían hecho con un borrador de real decreto. La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) controlaba la AP-9 gallega y la AP-66 asturiana e iba a necesitar 25.000 millones de pesetas para afrontar la ampliación de la autopista gallega, esfuerzo que requería compensación.

El borrador de real decreto indicaba también que «la política de privatización de empresas públicas emprendida por el Gobierno aconseja, en lo concerniente a ENA, prever la posibilidad de que el Estado pueda modificar su porcentaje de participación en el capital social de la misma, llegando incluso a hacerlo nulo». Y así ocurrió, tras prorrogar el Huerna y hacerla así más atractiva a los inversores, el Ejecutivo privatizó ENA. Y como ocurrió hace 21 años, de nuevo mejoras en la AP-9 gallega afectan negativamente a la AP-66 asturiana. Porque este verano, recién llegada al cargo de ministra de Transportes, Raquel Sánchez aprobó la mayor bonificación a una autopista: 2.300 millones para rebajar al máximo el peaje de la AP-9. Los vehículos que hagan el trayecto de ida y vuelta en el día no pagarán nada.

Algo confirmado con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. La bonificación para la autopista gallega se llevará 55 millones; la de Asturias se reduce a 9 y se traduce en que la única conexión rápida por carretera de Asturias con la Meseta seguirá penalizada con 80 millones de coste al año.

Porque Aucalsa espera recaudar 2.150 millones entre 2019 y 2050. La empresa justifica sus cifras en la complejidad de una obra que tardó 21 años en completarse. Aunque se abrió el 11 de agosto de 1983, sus 86,7 kilómetros no fueron vía doble en su totalidad hasta 1997, cuando concluyó la duplicación del túnel del Negrón, el más largo de los 14 que tiene, con cuatro kilómetros perforando la montaña. Unos trabajos que superaron los 100.000 millones de pesetas. Traducido a euros llega 600 millones, pero que ajustando el IPC supera los 1.000. En peajes ingresó ya 800.

Al coste de la obra se suman los continuos mantenimientos de la única autopista de alta montaña del país, con un tramo de 22 kilómetros en el que se pasa de los 354 metros sobre el nivel del mar a que se encuentra Campomanes a su tasa máxima: los 1.229 del Negrón.

Y en el que ahora tendrán que hacer una inversión de 76 millones para adecuar sus túneles a la normativa europea. Y sin haber logrado nunca las cifras esperadas de usuarios. En su historia solo hay dos años con más de 40 millones de vehículos pasando por sus taquillas: 2007 y 2019.

Unas cuentas que llegan en plena denuncia ante la Unión Europea de ambas prórrogas. La Comisión Europea abrió un expediente a España por la prórroga de la concesión gallega, movimiento que aprovechó Podemos para incluir en la queja al ampliación del pago en el Huerna.

Cuentas y denuncia que vuelven a poner de manifiesto lo complicado de cumplir promesas políticas antes o después de acceder al cargo. O teniendo al frente del Estado a un partido afín o contrario a tus siglas.

Porque «el fin del peaje del Huerna» ha sido ya titular en muchas ocasiones. Siempre enmarcada en mitines electorales o en enfrentamientos de administraciones de diferente signo. «Tini, el Huerna lo vamos a parar», le soltó a voz en grito en 2003 José Luis Rodríguez Zapatero, en aquel momento candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, a otro, Vicente Álvarez Areces, este a encabezar el Ejecutivo asturiano.

Y volvió a repetirlo en abril de 2004 poco antes de ser elegido presidente del Gobierno. «Vamos a quitar el peaje del Huerna», clamó Zapatero en Gijón y arrancó aplausos de propios y extraños. Nadie en la región (ni fuera de ella) se oponía a librarse del lastre de pagar por utilizar la única alternativa al puerto de Pajares, de calzada decimonónica, con doble sentido y pendientes del 18%.

Pero, las cuentas de Aucalsa pesaron más que las promesas y la AP-66, aunque con sucesivas bonificaciones, se ha mantenido como vía de peaje. Una de las más caras del país y con el escarnio de que al sur, cruzar el puerto de Despeñaperros haya sido desde 1984 doble vía rápida y nunca de pago. En 2011 concluyó su última reforma: tres carriles por sentido, con una inversión de 245 millones. La más alta por kilómetro de todo el país.

Llegados a este punto, la actual confluencia de siglas en los gobiernos central, con Pedro Sánchez al frente, y autonómico, de la mano de Adrián Barbón, parecía permitir poner fin a una situación que todos los interlocutores califican de «discriminatoria». Con el apoyo, además, desde el otro lado del Negrón, por el líder del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

«Asturias y Castilla y León compartimos la autopista AP-66 y es obvio que el peaje dificulta nuestra comunicación. Los dos gobiernos autonómicos hemos coincidido en la petición. Lo hemos solicitado al Ejecutivo de España en un acto público conjunto y por separado. Se lo hicimos saber muy recientemente a la ministra en la visita que realizó con motivo del viaje en pruebas del AVE en la Variante de Pajares», señaló el presidente castellano leonés a EL COMERCIO.

Entiende Fernández Mañueco que el peaje «es discriminatorio y atenta contra la igualdad de todos los españoles. En Castilla y León o Asturias no somos más que nadie, pero tampoco menos que los demás». Señala, además, que «concurren en Castilla y León y en Asturias las mismas razones de interés público que se reseñan en la exposición de motivos del Real Decreto 681/2021 que confiere las bonificaciones a la AP-9. Por lo tanto, solicitamos el mismo trato».

En su opinión, «es inadmisible es que la medida beneficie a unas autopistas sí y a otras no, dependiendo de los intereses, no generales, sino los particulares de hacer pago o contraprestación a pactos políticos para constituir y mantener la mayoría política que sustenta al Gobierno».

Una música la del discurso de Fernández Mañueco con la que coincide Adrián Barbón, aunque no con la totalidad de la letra. Para el presidente del Principado también es «injusto y discriminatorio», el peaje, pero hace una precisión. «Estamos en una fecha muy importante: 17 de octubre de 2021. Hoy era el día previsto para suprimir el peaje. Nadie pagaría ya ni un céntimo por cruzar el Huerna si no fuese porque un gobierno del PP presidido por José María Aznar y con Francisco Álvarez-Cascos en el Ministerio de Fomento decidió prorrogarlo hasta 2050 y, por cierto, mediante una adjudicación directa sin concurrencia». Por ese motivo, para Barbón «desde hoy, el peaje es una herencia del Partido Popular».

Por eso, aunque coincide con su homólogo castellano leonés en que eliminar el peaje «es la demanda que compartimos los gobiernos de Asturias y de Castilla y León», precisa. «Vamos a ser serios y hablar con claridad, como a mí me gusta decir las cosas. El horizonte es la supresión completa, pero no se puede hacer de un plumazo por su elevado coste, así que debemos avanzar progresivamente y hacerlo de tal modo que las bonificaciones beneficien al mayor número de usuarios posible». Ante lo que puede parecer una claudicación, Barbón avisa: «vamos a seguir dando guerra para rebajar el peaje hasta que Asturias y León puedan liberarse de lo que, desde hoy, repito, es una herencia exclusiva del PP».