La pelea de Trashorras por el tercer grado

Desde el primer día en que ingresó en la cárcel, el 17 de marzo de 2004, José Emilio Suárez Trashorras, el avilesino al que se condenó por su papel como suministrador de los explosivos de los atentados del 11-M a la banda terrorista que los perpetró, ha puesto todos los medios a su alcance para esquivarla. Primero, con poco éxito, por medio de su legítima defensa durante la vista oral celebrada en 2007 en la Audiencia Nacional y por la que fue condenado a una pena de más de 35.000 años de prisión como cooperador necesario del atentado del 11-M. Se trata de la condena más alta de privación de libertad de un reo español. Asumida su situación procesal y la responsabilidad de lo hechos, a lo largo de estos años ha ido encadenando instancias, apelaciones y recursos con los que mejorar su situación carcelaria. Y siempre ha obtenido una respuesta negativa o de desestimación, en lenguaje jurídico.

Pero la situación actual es otra. Cuando se cumplen 21 años del atentado y otros tantos de su encarcelamiento Trashorras ha elevado el número de apelaciones e, incluso, acaba de apelar al Comité Mundial contra la Tortura, «un organismo compuesto por expertos independientes que supervisa la aplicación de tratos inhumanos o penas crueles en los estados» en los Estados que la integran, incluido el español.

Según ha tenido constancia EL COMERCIO, el exminero apela a esta organización «por los continuos aislamientos a los que es sometido, los traslados arbitrarios, la tortura psicológica que sufre al no recibir tratamiento médico especializado dada su condición de enfermo mental y las sentencias encubiertas por medio de castigos».

En concreto, sus representantes legales han contactado con una portavoz de este comité para explicarle que José Emilio Suárez Trashorras dice «estar sufriendo un hostigamiento continuo por parte de la Administración Penitenciaria».

Desde el citado comité han respondido solicitando más información sobre su situación. Quieren disponer de datos como la fecha del último aislamiento, qué controles médicos lleva o cómo son sus salidas al exterior, algo que no se ha producido nunca en todo este tiempo. No obstante también recuerdan que este comité trabaja en coordinación con organizaciones de los derechos humanos y no suelen dar respuesta a casos individuales por lo que le instan a ponerse en contacto con alguna de sus oenegés asociadas, gestión que Trashorras ya ha puesto en marcha. Paralelamente, su abogada María Martín continúa con el proceso en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de Madrid, donde tiene planteados varios recursos con vistas a obtener más flexibilidad en base a los artículos 102 y 117 del reglamento penitenciario, que incluyen por ejemplo la posibilidad de acudir a una institución exterior para la realización de un programa de atención especializada para su tratamiento y reinserción social.

En la actualidad se encuentra en el centro penitenciario de Segovia en régimen de segundo grado. El pasado 6 de febrero, el titular del juzgado volvió a desestimar esta petición, al considerar que «de su conducta global no se desprende una evolución suficientemente favorable».

La abogada María Martín replica con un informe psicológico de octubre de 2024, en el que se indica que «la actitud de confrontación que el interno ha manifestado, y que es probable que resurja si experimenta frustración en el futuro, se debe al horizonte penal que aún le queda por delante. Este escenario desalentador, caracterizado por una larga condena y la percepción de que su régimen de cumplimiento no ofrece incentivos ni recompensas por el buen comportamiento, socava su motivación al cambio».

Pese a este argumentario, con el que insisten sus letrados para obtener beneficios penitenciarios, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria desestima el recurso y le mantiene en el segundo grado. Cabe recordar que Trashorras fue trasladado el año pasado desde el Centro Penitenciario de Villabona al de Segovia, lo que le ha alejado de su familia, que reside en Avilés, como respuesta a haber solicitado la eutanasia en base a un «sufrimiento insoportable» por su situación penal.

El juez recuerda que se trata de un preso con unas circunstancias peculiares y cuya salida al exterior generaría alarma social y, asegura, que debe hacerse constar en esta decisión el tipo de delito, la especial gravedad de los hechos, la pluralidad de las víctimas (192 personas murieron en el atentado), así como el tiempo de condena pendiente de cumplimiento, otros 19 años. Según esto, saldría de prisión en marzo de 2044, a los 67 años.

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