La violencia machista no tiene brecha generacional

Son 28. No han cumplido los 18 años. Se desconoce su edad exacta, pero oscila entre los 14 y los 17. Son 28 adolescentes asturianas que tienen, además de su edad y procedencia, un tercer denominador común: disponen de protección policial por haber sufrido algún tipo de agresión machista. Una pareja o ex las ha atacado, por lo que su caso aparece activo en el Sistema de Seguimiento de los casos de Violencia de Género, conocido como VioGen. Con ellas, en España hay otras 232 jóvenes en idéntica situación. Efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o Local las protegen para que no vuelvan a agredirlas.

Pese a haber nacido todas en el siglo XXI, son víctimas de una práctica cavernaria contra la que las sociedades civilizadas llevan décadas luchando. La violencia machista no tiene brecha generacional, ya que aunque la mayoría de las víctimas asturianas se encuentran entre las cohortes de edad de entre los 31 y 45 años (779 tienen caso abierto en el VioGen), y entre 40 y 64 (510 casos activos), lo cierto es que también hay 71 sexagenarias Y 28 adolescentes.

Hay más pruebas de que este comportamiento brutal amenaza con enquistarse. En Asturias, en los primeros seis meses del año, fueron juzgados y condenados cuatro menores como autores de violencia de género. Cuatro en seis meses, cuando 2022 cerró con 3 menores condenados. En 2021, no consta ningún caso.

¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué crías y críos nacidos en el nuevo milenio son víctimas y agresores? ¿No tiene España una legislación puntera para erradicar este problema? La tiene. En 2004 se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género, legislación considerada referente en Europa y reconocida con diferentes galardones. Sin embargo, su aplicación no ha seguido la senda al alza de los premios recibidos. Si bien los expertos siempre han criticado la falta de recursos económicos con que nació la Ley para, por ejemplo, dotar a todos los juzgados de unidades de valoración forense, no son menos las voces que lamentan que no se haya hecho caso, o muy poco, a su capitulo I.

Dedicado en exclusiva a la educación, ese primer capítulo de la ley señala que debe haber aprendizaje en igualdad en todas las etapas educativas: desde Infantil, donde se insta a formar «en la resolución pacífica de conflictos», pasando por Primaria –«comprender y respetar la igualdad entre sexos»–; Secundaria –«respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres»–; Bachillerato y Formación Profesional – «consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres»–, hasta llegar a la universidad. La ley dice que las universidades «incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal».

Casi veinte años después de su aprobación, el capítulo I de la Ley Integral no solo sigue sin cumplirse, sino que en este tiempo la voces negacionistas de la violencia machista van a más, como lo hace el acceso al porno a edades muy jóvenes. Demasiado. Desde los 11 años los niños y las niñas acceden desde móviles o tabletas a un cine pensado solo para adultos, pero que ellos consumen sin filtros.

De ahí que la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo (ANAR) haya puesto el foco en su último informe en lo que está ocurriendo entre los más jóvenes y la violencia machista: hay un 37,9% más de víctimas adolescentes.

Lo dice en un pionero informe presentado hace unos días. Es el primero que se ha llevado a cabo en España «desde la perspectiva del Convenio de Estambul», la biblia en lo que a violencia sobre las mujeres se refiere y que analiza los datos recabados entre octubre de 2018 y el mismo mes de 2022. Al teléfono de ANAR, el 900 202 010, han llamado para pedir ayuda 382.219 personas. De ellas, 20.515 eran víctimas de violencia sobre la mujer.

Unas cifras que permiten un retrato detallado de las víctimas. Explica el informe que cuando la llamada llega desde una niña de 10 años, la denuncia se refiere a violencia de género en el entorno y tiene al padre como agresor, en el 88,9%. Sin embargo, cuando son adolescentes las que hacen la llamada, la violencia la sufren ellas mismas a manos de su novio (57%), que en tres de cada diez casos es mayor de edad.

Tanto para unas como para otras, ser nativas digitales no les sirve de mucho, ya que la violencia está relacionada con la tecnología en el 44% de los casos de violencia en el entorno, y sube al 82% cuando se habla ya de violencia de género adolescente.

Las conclusiones del estudio no son muy esperanzadoras. Indica que la inmensa mayoría, el 71,2%, de esas víctimas no recibe tratamiento psicológico. Y que casi la mitad de ellas, el 47,1%, no son conscientes de que están siendo víctimas de violencia de género. Y que las jóvenes sufren todo tipo de violencia, también la sexual. La cifra de víctimas que pidieron ayuda a la fundación tras sufrir una agresión sexual creció un 39,4%.

Unas cifras, sobre todo estas últimas, que tienen su reflejo en Asturias. Porque no solo hay 28 adolescentes con protección policial para evitar que vuelvan a ser víctimas de una agresión machista, sino que otras 90 tienen atención psicológica y letrada tras haber sufrido una violación.

Están siendo atendidas todas en el Centro de Crisis para Víctimas de Agresión Sexual de Asturias, el que el Principado abrió el 25N de 2020 y que puso a la región a la cabeza en la prevención y asistencia para este tipo de delitos. Pese a que estos centros deberían estar abiertos ya en todas las comunidades, Asturias y Madrid siguen siendo las únicas en las que hay un dispositivo abierto.

El alto volumen de los casos de menores obligó al Principado a, a finales del 2022, a crear un equipo especial para atender estos casos. Así, a las seis psicólogas y seis abogadas que ya trabajaban en el centro, se sumaron una nueva psicóloga y otra abogada, ambas dedicadas, en exclusiva, a los asuntos de menores de edad.

Los menores también son protagonistas en otra violencia, la llamada violencia vicaria. Es decir, cuando el agresor de una mujer daña a los hijos de la víctima, a veces también son los suyos, para hacerle a ella el mayor daño posible. El último caso en España, el pasado día 7, en Navarra. Ese día, J. J. A. F. de 54 años, se quitó la vida junto a su hijo, Mateo, de siete años.

En Asturias, el VioGen sitúa a 18 menores con protección, bajo la amenaza ser víctimas del agresor de sus madres. En el sistema la alerta está puesta, de forma especial, en 178 casos. Son los denominados 'de especial relevancia', en los que el sistema que monitoriza los casos y decide el nivel de riesgo en que se encuentra la víctima –desde extremo a no apreciado, pasando por alto, medio y bajo– encuentra que la mujer está en riesgo «de sufrir una violencia letal».

El estudio de los datos oficiales indican que la violencia no disminuye. Los que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hablan de 1.580 denuncias por maltrato en Asturias solo en los seis primeros meses del año, que son más que las registradas en el mismo periodo, pero de 2022. Los que maneja la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dicen que desde el verano, las víctimas asturianas han crecido al ritmo de 23 nuevos casos al mes. Son ya 1.811, de las que 1.755 tienen algún tipo de protección por Policía Nacional, Local y Guardia Civil. Son 62 más que en julio. También ha crecido el número de agresores, hasta llegar a 1.762, 65 más que en el verano.

También aparecen 381 mujeres con protección telemática, con el teléfono Atenpro, cifra que convierte a Asturias en la segunda comunidad con este sistema por cada millón de mujeres mayores de 15 años. También aumenta el control telemático al agresor, con 61 pulseras instaladas hasta octubre.

La única esperanza que arrojan los informes es que en Asturias no ha habido ningún feminicidio. Pero es una esperanza solo regional, puesto que en España han sido asesinadas ya 52 mujeres. La peor cifra desde 2019, cuando se produjeron 56 feminicidios.

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