Maialen, la víctima de violencia de género a la que el sistema falló

Hay víctimas de violencia de género que no se consideran como tales. Hay víctimas de violencia de género a las que los sistemas públicos de protección les fallan. Maialen (Vitoria, 1990), madre de una niña de 2 años y embarazada de mellizos, encarna ambas disfunciones. Las aprovechó su ex, un valenciano llamado Jaime y perteneciente a una acaudalada familia. Esta mujer decidió separarse tras años de idas y venidas, hasta que su presunto asesino acabó con su vida la tarde del 27 de mayo de 2023. La acuchilló «en 13 ocasiones» en la habitación que compartían desde hacía días en un apartahotel de la capital alavesa, pese a que él tenía prohibido acercarse a ella por orden judicial. Su hija en común fue testigo de todo y permaneció 18 horas junto al cadáver. Tenía entonces dos años.

Esta semana, Jesús De Abajo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vitoria, ha cerrado la instrucción de este brutal crimen. Por la crueldad del caso y porque sacó los colores al protocolo de protección de mujeres maltratadas. El Gobierno vasco manejaba uno distinto al central. No compartían sus bases de datos. Al sur del río Ebro, Maialen era una víctima de «riesgo extremo». Cuando retornó a su Euskadi natal, le rebajaron el listón a «riesgo bajo» al no sentirse acosada ni sufrir violencia física a manos de su antiguo compañero sentimental.

Al día siguiente de su crimen, Jaime trató de huir en taxi a Valencia y la Guardia Civil, alertada por la Ertzaintza, le dio el alto a la altura de Zaragoza. Aguarda acontecimientos en la cárcel de Picasent como preso preventivo.

Según ha sabido este periódico, las peticiones de cárcel serán severas. La Fiscalía de Álava le reclamará un global de 45 años. 25 años por «asesinato con alevosía y ensañamiento», 8 años por cada uno de los dos delitos de «aborto» y -finalmente- otros cuatro por «abandono de menor». La acusación particular, la popular y el Consejo del Menor de la Diputación de Álava coinciden en el planteamiento. La opción de la prisión permanente revisable ha quedado descartada (25 años). La defensa, a cargo de un bufete levantino, dispone de unos días extra para presentar su escrito.

El juicio con jurado se prevé entre finales de enero y julio del próximo año. Cecilia Piris, abogada de la acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor, reconoce la complejidad del caso. «Era extremadamente vulnerable. Dependía económicamente de él. Carecía de formación y tenía una patología diagnosticada de alcoholismo».

Maialen y Jaime conectaron en 2019, tuvieron a su hija en común en noviembre de 2020 y se casaron trece meses después. Giraron por Valencia, Vitoria, Torremolinos y Burriana (Castellón). «No tuvo ocasión de echar raíces, de lograr un grupo de amigas. La distancia respecto a su familia de origen también fue una barrera muy grande», analiza Piris.

El mundo de esta mujer se reducía a su esposo y su pequeña en común. Este levantino era muy activo en redes sociales, donde se presentaba como emprendedor de éxito. Cambiaba la versión a demanda. «A unos les contó que era policía nacional, a otros que ladrón de arte», desliza una ertzaina. Al parecer también tenía problemas de consumo de drogas.

La víctima, de 32 años y sin oficio, vivía subordinada a su pareja. «La relación y la convivencia se caracterizaron por una total dependencia económica de Maialen», escribe en su calificación la fiscal Camino Méndez, especializada en violencia de género.

Después de cada bronca, él presuntamente le confiscaba el móvil y la documentación. A cada ruptura le sucedía la reconciliación, casi siempre por deseo del ahora reo preventivo. «Hay estudios que dicen que las mujeres víctimas de violencia necesitan siete intentos para romper sus vínculos», descubre Piris.

El 29 de diciembre de 2022, Maialen se armó del arrojo suficiente para denunciarle ante un juzgado de Torremolinos por «maltrato habitual, coacciones, vejaciones y amenazas en el ámbito de la violencia de género». Un día después le concedieron una orden de protección, vigente hasta el día de su muerte. Jaime tenía vetado acercarse «a menos de 500 metros de ella» o comunicarse por cualquier medio.

Lo incumplió desde el primer momento y su víctima no tenía recursos para hacerse cargo de su pequeña. Se trasladaron a Burriana. En febrero de 2023, Maialen se quedó embarazada de mellizos.

En marzo decidieron mudarse de nuevo. Volverían a Vitoria para instalarse con la familia materna. El día del viaje, ella se sintió indispuesta. Aun así, Jaime viajó en compañía de su pequeña. Maialen lo hizo al día siguiente. Sin un euro reclamó ayuda a la Guardia Civil. Les contó que quería reunirse con los suyos. Nada desveló de su pareja de ida y vuelta.

En casa y fortalecida por los suyos, Maialen rompió el vínculo. Y parecía que ésta sería la definitiva, puesto que conoció a otro hombre. Un obstinado Jaime le rogó hasta conseguir unos días juntos de reflexión en un apartahotel. Por razones obvias, él se registró con un nombre falso.

La tarde del sábado 27 de mayo de 2023, Jaime bajó a un bar junto a su hija. Insistió a Maialen para que les acompañara durante horas. «Somos un puto equipo de remo, amor, porfa, no tardes, te amamos», son algunos de las docenas de mensajes enviados a su móvil.

Padre e hija subieron a las 19.08 horas. Hubo una discusión. En ese momento conoció además la «nueva ilusión» de esta alavesa. Supuestamente cogió un cuchillo. «Contabilizamos 13 puñaladas. La última fue mortal», describen fuentes de la investigación policial. La niña lo vio todo.

Tras cambiarse de ropa, su verdugo salió de fiesta con unos conocidos. A uno le ofreció dinero por su DNI, sin éxito. Pasaron varias horas de farra. A las 14.15 horas del día siguiente, jornada electoral además, familiares de Maialen descubrieron el cuerpo y a su hija en una cuna.

Jaime seguía en Vitoria mientras el establecimiento hotelero se llenaba de coches patrulla. Salió de la ciudad sobre las 17.45 horas, tras ofrecer 900 euros a un taxista para que le llevara a Valencia.

Con la Ertzaintza desplegada en el apartahotel y la Guardia Civil alertada, agentes del instituto armado le dieron el alto en el peaje de Alagón, muy cerca de Zaragoza. Desde el día 30 de ese mes permanece preso.

Su hija sufre «severas secuelas» por lo vivido en la habitación 107. Ahora reside de seguido con su abuelo materno. Los paternos, en una boyante situación económica, «jamás» se han interesado por su situación. Debido a esa situación económica, las acusaciones solicitan a Jaime 750.000 euros.

A raíz de este crimen, el Gobierno vasco admitió «una cadena de errores». El 27 de mayo del año pasado, en el primer aniversario del crimen, rectificó y asumió el nivel de protección a maltratadas del resto de España.

Para Piris, este movimiento resulta insuficiente. «La violencia de género no entiende de fronteras autonómicas. Como sucedió con el caso de 'la manada' (de Pamplona) está muy bien que vayamos corrigiendo, pero esa detección es siempre pagada con la sangre de las mujeres víctimas».

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