El resquicio de esperanza del carbón

La idea de que un tercero pueda explotar las minas, ya sin deudas, es factible para los expertos consultados por este diario, aunque siempre que tenga lugar tras un proceso concursal y su correspondiente liquidación. De hecho, el problema sería otro: quién querría hacerse con una explotación que entró en concurso porque las eléctricas no compran su carbón.

Para el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Oviedo José María Muñoz Paredes, en el seno del concurso, si se abre la fase de liquidación, el liquidador, por Ley, tiene que vender todos los activos, incluidas las concesiones mineras si siguen vigentes. «Sería pues posible que los adquiriese un tercero de buena fe, que podría explotarlas con las debidas autorizaciones. La obligación de reintegro, si no se cumplió el destino de la subvención, recaería sobre la concursada, no sobre el nuevo titular», señala.

Precisamente, la directora general de Minería y Energía aseguró en la entrevista que en Asturias esta posibilidad solo se abría a aquellas que estaban en situación concursal. «Es una empresa la que percibe las ayudas y es ella la que las tiene que devolver. Cuando ya no está esa empresa, el escenario es distinto», afirmó.

Muñoz Paredes refuerza este argumento. Fuera de concurso también sería posible la venta de los activos, pero en ese caso, «si no se cumplió el destino de la subvención, el beneficiario tendría que soportar la obligación de reintegro» e, incluso, va más allá y si se demostrase que, efectivamente, se trata de una operación destinada a defraudar la devolución de las ayudas podría tratarse de un caso de «fraude de subvenciones».

El profesor titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Oviedo, Luis Manuel Piloñeta, coincide con su colega. «Si una empresa cierra, ya ha cumplido con su obligación de devolver las ayudas» y, de hecho, en un concurso de liquidación «el objetivo es la venta de los activos a un tercero para que los explote», defiende. No obstante, considera que si las minas se transmiten a otra empresa, la legislación de las ayudas debería incluir este aspecto cerrando el paso para que se exploten posteriormente.

Por otro lado, Begoña Sesma, catedrática de Derecho Financiero y especialista en temas de subvenciones, también considera que la obligación de reintegrar es «personalísima» y recae exclusivamente en el beneficiario. Por tanto, no se transmite a terceros de buena fe.

En teoría, ante este panorama serían los pozos de las dos empresas asturianas que se encuentran en concurso y, por tanto, en peor situación (Uminsa y Astur Leonesa) los que tendrían más posibilidades de mantener la actividad, frente a los de Carbonar o la pública Hunosa, pero la teoría no siempre se plasma en la realidad y el problema es, sobre todo, que se antoja muy complicado que alguien quiera explotar los yacimientos sin subvenciones y sin la garantía de que las eléctricas compren su carbón.

De hecho, aunque la posibilidad legal exista, fuentes del sector insisten en que su supervivencia solo pasa por la presión en Bruselas para un cambio de criterio y «voluntad política» para ello, pero la disposición del Gobierno central con la minería del carbón lleva años en horas bajas.