El Arzobispado afirma que el recurso contra la Lomce «sigue adelante»

«La denegación de las medidas cautelares no prejuzga el fondo del asunto, que sigue adelante, y que en su día será resuelto por la sala». Es la valoración que hizo ayer el Arzobispado de Oviedo sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de negar la suspensión cautelar del decreto que regula el currículo de Bachillerato para el próximo curso. La institución eclesiástica solicitó la medida al entender que el recorte de horas de Religión previsto en la nueva normativa supone una vulneración de los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, de libertad religiosa y «del derecho fundamental que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones».

El Arzobispado, que tuvo conocimiento oficial de la resolución del tribunal el pasado martes, destacó también que la denegación de las medidas cautelares se sustenta en el hecho de que su aplicación «supondría la paralización de la matrícula ya iniciada en los respectivos centros educativos y la necesidad de reajustar los horarios lectivos de todos los profesores y alumnos».

Y es que los preparativos para el próximo curso continúan a pesar de la incertidumbre que rodea a los planes de la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que tiene en la disminución de la carga lectiva de la asignatura de Religión (incluso desaparece de la oferta de segundo de Bachillerato) uno de sus frentes más controvertidos.

En todo caso, no es la única crítica que se dirige contra la norma, rechazada tanto desde la comunidad educativa como desde la oposición política del Gobierno del PP. Como ejemplo, la comparecencia conjunta que ofrecieron ayer la diputada regional de Podemos, Lucía Montejo, y la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos Manuel Virgós, Elena González, para defender la paralización de la Lomce en Asturias.

González defendió la paralización ya solicitada por el Principado al entender que es «muy nociva para todo el alumnado». Además, apuntó que «este año empieza con pruebas y reválidas en Secundaria», por lo que también demandó «decretos que puedan paralizar sus consecuencias más inmediatas» a nivel regional.

Gratuidad de los libros

Por su parte, Montejo cargó contra una normativa que, a su entender, «parte de un concepto de la educación, mercantilizado y subordinado a los intereses del mercado, desplazando al alumnado».

Otra cuestión en la que coincidieron es la necesidad de «garantizar la gratuidad del sistema educativo, gravemente afectada por la compra de libros de texto». La propuesta de Podemos es crear un «banco de libros de texto ligado a los centros». Asimismo, la parlamentaria también defendió las escuelas rurales, «como forma de garantizar derechos, y fijar la población en la zona rural».