Las cafeterías de los IES claman contra el Principado: «1.027 días sin facturar un euro»

1.027 días sin facturar un solo euro». Ese es el contundente resumen que hace quien en su momento gestionó la cafetería de un instituto público de Asturias. Una suma que comenzó con el cierre de todos los centros educativos, en marzo de 2020, y que no ha parado de contar. Hasta entonces, más de 80 institutos públicos de Secundaria de la región contaban con el servicio de cafetería, que la Consejería de Educación adjudicaba mediante licitación pública. Aquel primer curso de pandemia, el 2019-2020, los centros no reabrieron, así que las cafeterías tampoco. En el siguiente no fue posible compatibilizar, explicó la consejería, las estrictas medidas de seguridad que se impusieron a colegios e institutos, con este servicio. Y, a partir de ahí, tan solo se han podido licitar las de aquellos institutos cuyos directores reclamaran la reapertura. Así lo explicó en su momento la consejera, Lydia Espina y así sigue siendo: depende de cada centro contar o no con el servicio.

Pero a algunos afectados no les convencen las explicaciones. En los últimos días se ha concluido la licitación de algún establecimiento más (los procedimientos llevan en marcha más de un año). En su momento, la consejería anunció que podrían reabrir alguna más de 30. El resto siguen cerradas. Y quienes fueron sus adjudicatarios no se han quedado de brazos cruzados. Algunos han optado por las nuevas licitaciones, otros no han podido o no han querido. Y hay quien sigue en la lucha. Es el caso de Luis Miguel Rivera, que en su momento fue secretario de la Asociación de Cafeterías Públicas de Institutos, que ya no funciona. Rivera tiene tres frentes abiertos. Hace unos meses consiguió que el Tribunal Supremo admitiera a trámite un recurso de casación, convencido como está de que la decisión del Principado «vulnera los artículos 14 y 35 de la Constitución Española».

A la espera de que esa vía avance («nos ha costado mucho esfuerzo y mucho dinero conseguir que se aceptara a trámite») hay otras dos vías. Por un lado, ha elevado su queja al Defensor del Pueblo, agotando así todas las posibilidades de reclamación dentro del país. Por eso y porque asegura que todo lo sucedido también vulnera «los artículos 15 y 21 de las Carta de Derechos Fundamentales» de Europa, también ha reclamado ante las instituciones europeas.

Lamenta que tras la pandemia «sí hay familias que se han quedado atrás», mientras que no se reanuda un «servicio altamente demandado por alumnos, profesores y personal de los propios institutos», una «injusticia contra la que llevamos peleando más de dos años». El hecho de que unas cafeterías hayan podido reabrir y otras no supone «una discriminación» no solo entre ellas en Asturias, sino frente a las «más de 27.000 que hay en toda España y que pudieron reabrir, cuando aquí se decía que no era un servicio esencial», explica el exsecretario. No obstante, la Fiscalía ha archivado la última denuncia contra las licitaciones.

Lamenta Luis Miguel Rivera, además, que las nuevas licitaciones se hayan llevado a cabo «mediante el procedimiento restringido, lo que no se había hecho nunca» y que «la mayoría de los licitadores ya han perdido el derecho» a optar por el servicio que hasta 2020 daban. «Solo queremos volver a trabajar», repite una y otra vez.

«Casi tres años después, cuando la gente nos pregunta cuándo abrimos... Solo podemos decir, en pleno año electoral, que hay familias que sí se han quedado atrás por la mala gestión de la Consejería de Educación del Principado de Asturias y su Gobierno». Asegura Rivera que «confiábamos en que con el cambio de consejería encontraríamos una solución, pero no ha sido posible».

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