Competencia concluye que 53 millones de la variante se adjudicaron en pujas amañadas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lleva años investigando al sector de la obra pública y detectando cárteles de empresas que se organizan para simular que compiten cuando en realidad se reparten los trabajos de antemano. La última pesquisa que acaba de cerrar concluye que durante quince años ocho sociedades adulteraron concursos de instalación de sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones en las redes de alta velocidad, cercanías y media distancia. El organismo considera que llegaron a amañar 82 licitaciones para repartirse inversiones por valor de 4.142 millones. Entre las pujas que entiende corrompidas hay tres encargos de la variante de Pajares, adjudicados por un total de 53,3 millones y formalizaron entre 2013 y 2015. En conjunto ha impuesto a todo el cártel multas de 127 millones.

La investigación se apoya en correos internos de las empresas y la confesión de una de ellas, que optó por aportar información para reducir su castigo. Según la CNMC la trama se asienta en «una alianza estratégica acordada por las empresas Alcatel (posteriormente Thales) y Dimetronic (posteriormente Siemens) para acudir de forma conjunta y/o coordinada a licitaciones de contrucción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de seguridad».

Es un subsector altamente tecnificado, con pocas empresas capaces de asumir obras de alta velocidad. La CNMC estima que Thales y Siemens mantuvieron una alianza estable para restringir la escasa competencia que podía darse, entente a la que fueron incorporando a otros potenciales rivales para juntos lograr que el Ministerio de Fomento, a través de Adif, pagara por los trabajos más de lo debido.

Una de las claves del caso está en los distintos memorandos de entendimiento que suscribieron Alcatel y Dimetronic, donde iban fijando qué porcentaje de licitaciones se llevaría cada uno. Esos pactos escritos se fueron actualizando, consensuando «la posibilidad de dar entrada a otras empresas con el límite de participación del 20%». Para asegurar que Adif acababa confiando los contratos a quienes el cártel había decidido, el resto presentaba «ofertas de cobertura» con precios más altos para dar apariencia de competencia. En otras ocasiones el reparto se cumplía a base de que otros aspirantes renunciasen a los trabajos que se habían llevado.

La CNMC da por hecho que en octubre de 2013 directivos de Siemens y Thales se reunieron para acordar cómo se presentarían a cinco importantes pujas, una de ellas en la variante. Era ministra Ana Pastor y su planteamiento pasaba por abrir solo uno de los túneles. «Aunque se está vendiendo como LAV [línea de alta velocidad], realmente es un bypass provisional (vía única) en ancho ibérico de la actual línea convencional León-Asturias», advertía uno de los directivos.

Los jefes del cártel se intercambiaron documentos con títulos como «reparto LAV V PAjares». «Esta es la propuesta de reparto que cerramos ayer, con la que no estoy de acuerdo al 100%», escribió uno. De los tres contratos de la variante sobre los que la CNMC tiene sospechas el principal es de 47 millones y recibió cinco ofertas. Tres las firmaban empresas acusadas de formar parte del cártel y sus bajas oscilan entre el 2,5 y el 4,1%.

CAFS estaba entonces fuera del pacto y dijo que era capaz de hacer el mismo trabajo por un 49,7%; al ver los presupuestos que planteaban sus competidores el directo general lo tuvo claro. En un correo señala que «es evidente el pacto entre Alstom, Bombardier y Thales-Siemens, cuyas bajas mínimas (del 2, 3 y 4%) son inéditas en el sector en los últimos diez años». Presentar un precio tan separado de los demás le había costado la expulsión de la puja. Para no volver a sufrirla, la CNMC estima que a partir de ahí se sumó al pacto.