Barbón entierra el informe de la oficialidad porque no «responde al modelo de la FSA»

Lo encargó la Consejería de Cultura, pero el resto del Gobierno nunca supo de él. Al menos así lo ha reconocido esta mañana el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien afirmó que el polémico informe sobre la oficialidad «nunca fue elevado» al Consejo de Gobierno por parte de Berta Piñán. Es más, afirma el jefe del Eejecutivo regional que desconoce el contenido del mismo: «No lo he leído».

Barbón respondía así a las preguntas de los periodistas en la Junta General, donde participó en el acto de presentación del libro conmemorativo del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía, un trabajo coordinado por uno de los padres de la norma básica del Principado: Francisco Sosa Wagner.

El presidente de Asturias explicó que el informe sobre el asturiano que ha levantado una polvareda política se encuadra dentro de la práctica habitual de las consejerías, «que de forma habitual encargan» este tipo de estudios, muchos de ellos ni siquiera son trasladados al Consejo de Gobierno. Y este fue el caso del polémico estudio, coordinado por Miguel Presno Linera, en el que se establecen el impacto económico que supondría la oficialidad para las arcas regionales. Hay tres modelos económicos, que van desde el 'low cost', que tendría un coste de unos 18 millones de euros hasta el más elevado, suyo impacto superaría los 172 millones.

Adrián Barbón quiere dar por zanjada una polémica que entiende estéril, porque ese informe «ni fue debatido por el Gobierno ni es compartido con la idea de oficialidad amable que plantea la Federación Socialista». Y es, precisamente, este motivo por el que el citado estudio no fue atendido por el Gobierno. «Se decidió que no fuera el Gobierno del Principado, sino los grupos los que llevaran a cabo las negociaciones para la reforma del Estatuto. Por eso no se elevó a Consejo de Gobierno», dijo.

Reiteró, no obstante, que el contenido del documento no se ajusta al «modelo de oficialidad amable» que defiende la FSA. Sigue sin detallar cuál es, aunque, como ya hiciera en sede parlamentaria el trimestre pasado, «debe ser apoyado por tres quintos de la Cámara; el asturiano no será vehicular en el sistema educativo y no se exigirá su conocimiento» para acceder a plazas públicas: «No se pedirá a los médicos o enfermeras que sepan asturiano», ejemplificó.

Antes de afirmar que el informe encargado por Cultura no se ajusta a la posición política del PSOE, el presidente del Principado reconoció, a preguntas de los periodistas que no sabía el contenido del mismo: «No lo he leído», dijo.

Adrián Barbón también descarto cualquier medida que suponga relevos en la Consejería de Cultura por el hecho de que la consejera no elevara al Consejo de Gobierno el polémico informe. «No se elevó porque las negociaciones de la reforma del Estatuto las llevaban los partidos, no el Gobierno. Hay decenas de informes encargados por las distintas consejerías y directores generales que no llegan a Consejo de Gobierno y este es uno de ellos», reiteró el presidente, para enterrar, de forma definitiva, este estudio: «NI es vinculante, es solo una opinión de los autores, ni se ajusta al modelo que nosotros defendemos».

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