Xosé Andrés González Riaño| Presidente de la Academia de la Llingua Asturiana (ALLA)

«En la oficialidad a la mayoría de funcionarios no se les exigiría conocer el asturiano»

–¿Cómo la preparó?

–Llevamos trabajando la oficialidad mucho tiempo. Además de las funciones científicas y normativas, la Academia tutela los derechos lingüísticos de los asturianos. Planteamos que se cumpla en Asturias el artículo 3.2 de la Constitución Española, que establece que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas». Se ha cumplido en todos los territorios menos aquí. No entendemos que se defienda que no se cumpla la Constitución en Asturias. Fuimos pensando cómo podía ser una oficialidad adaptada a la realidad sociolinguística de Asturias.

–¿Cómo?

–La realidad sociolingüística tiene que ver con la implantación social de la lengua, su conocimiento, las generaciones que pasaron por el sistema educativo, el clima sociológico de expectativas que venimos estudiando y que nos informa que aunque mayoritariamente los partidos están a favor de la oficialidad hay resistencias. Teniendo en cuenta eso planteamos que en Asturias se tiene que cumplir la Constitución.

–Su propuesta no se ciñe a decir cómo debe ser el artículo que haga oficial el asturiano en el Estatuto.

–Eso es una declaración de cuatro párrafos, en la que proponemos que se especifique que nadie pueda ser discriminado por la lengua que utilice, es decir, es garantista. Luego una ley tendría que desarrollar y garantizar la oficialidad y ese es el paso que hacemos. No la redactamos pero damos los presupuestos a la hora de formular esa ley.

–¿Qué recursos tiene ahora el Adolfo Posada para formar en asturiano a los funcionarios y cuántos más necesitaría?

–Tiene ya cierta tradición de formar a los funcionarios que optan por ampliar su conocimiento. En una situación de oficialidad debería diseñar programas formativos específicos para quien libremente quiera reciclarse o participar en estos procesos.

–Entiendo que a los que están dentro, se les ofrecería aprenderlo. Para los que se incorporan al funcionariado, ¿sería un conocimiento a puntuar?

–Cuando participan en un concurso de méritos cualquiera que tenga un máster o una titulación o una cualificación de C1 en francés, alemán o catalán tiene puntuaciones adicionales. No sería una situación excepcional.

–¿Sería exigible saber asturiano para determinados puestos?

–Con eso se intenta crear una alarma social de que van a tener que aprenderlo todos. No queremos jugar a eso.

–Se lo pregunto de otra forma. ¿Deberá saber asturiano quien atiende al público?

–En la oficialidad que plantea la ALLA a la mayor parte de los funcionarios no se les va a exigir conocer el asturiano. Hay algunos puestos donde inevitablemente van a tener que conocerlo, por ejemplo en el sector docente. En cada consejería sería un porcentaje mínimo de funcionarios que atiendan al público. Si hay diez puestos por ejemplo basta con que uno de ellos lo sepa. Desde el punto de vista de valoración de méritos, se valoraría como se valora el conocimiento de checo.

–¿Qué pasa con quien deba responder a un escrito en asturiano?

–Se haría una propuesta de incentivos de manera que quienes quieren participar libremente en el proceso de reciclaje lo hagan.

–En lo tocante al Eo-naviego plantean hacer desconexiones en la RTPA, crear medios informativos propios...

–La situación del eonaviego es un lujo para Asturias. La población de adscripción sería un escaso 4% de toda la población, y su dignificación requiere de una discriminación positiva. Su peso social e informativo debe ser mayor que el de ese 4%. La oficina dependiente de la Secretaría General que planteamos podría proponer actuaciones estratégicas, como una radio para el Navia-Eo.

–A partir de Primaria, ¿sería obligatorio aprenderla?

–Cuando se habla de enseñanza del asturiano se usa el término de obligatoriedad, pero no se usa el mismo cuando hablamos de las enseñanzas en matemáticas. Frente a esa posición nosotros hablamos de que sería una materia curricular, normal, sin más. Atribuirle el atributo de obligatoriedad no es casual.

–Plantean tres clases a la semana de esa materia curricular.

–La cursaría la generalidad de los alumnos, porque sólo se puede ejercer la libertad lingüística si se conoce la lengua. Hay adultos que dicen, 'ya me gustaría escribir en asturiano pero no sé'. No pueden ejercer su libertad lingüística porque les falta esa competencia oral y escrita.

–¿En qué casos estarían justificadas exenciones?

–La LOMLOE lo permite y da cierta libertad a la administración educativa para que contemple los casos. Deberían ser circunstancias no habituales.

–¿Por ejemplo?

–Una familia que venga sólo seis meses, se les puede eximir de acudir a esas clases, o un emigrante que viene en el segundo semestre y debe pasar antes por el aula de inmersión lingüística para conocer mejor el español.

–Calculan el coste de la oficialidad en 25 millones. ¿Cómo?

–Calculamos cuántos docentes hacían falta en cada etapa; esos sueldos son conocidos y ese dato nos dio un entorno de 17 millones. La puesta en práctica de la oficialidad repercute también en el ámbito social y ahí hablamos de unos ocho millones en promoción, dignificación, etcétera. La inversión actual está en los 11 millones, de los que siete se destinan a enseñanza y cuatro a medidas de dignificación, con lo que, al final, supondría entre 13 y 14 millones más respecto a la situación actual.