El TSJA admite a trámite la querella de la Fiscalía contra Dolores Álvarez Campillo

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha admitido a trámite la querella formulada por el Ministerio Fiscal contra la socialista Dolores Álvarez Campillo, exalcaldesa de Llanes y diputada regional socialista por la comarca oriental, por un presunto delito de prevaricación continuada. Los hechos que le achaca la Fiscalía a la llanisca y que ahora investigará el TSJA se refieren a la presunta anulación no justificada de multas de tráfico por parte de quien fuese desde el 1999 y hasta el pasado mes de junio la regidora de Llanes. En el auto hecho público ayer por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se indica que también se va a investigar la presunta implicación en estos hechos de Emilio Carrera, actual edil socialista y quien fuera segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Seguridad, Interior y Personal durante la pasada legislatura.

Según recoge el auto, lo que se va a investigar es la revocación y anulación entre 2012 y 2015 de una veintena de sanciones de tráfico por parte, presuntamente, de Campillo y Carrera «sin observar las formalidades mínimas exigidas por el ordenamiento jurídico y con desprecio absoluto de las más elementales normas del procedimiento sancionador». La denuncia de esta presunta retirada irregular de multas de tráfico impuestas por la Policía Local de Llanes a diferentes personas fue denunciada el pasado marzo ante la Fiscalía por el coordinador general del la Unión de Sindicatos Independientes de Asturias (Usipa).

El TSJA se ha mostrado competente para instruir el caso, dada la condición de aforada de una de las personas querelladas, la actual diputada por el Oriente de Asturias, y ha nombrado al magistrado José Ignacio Pérez Villamil como la persona que se encargará de instruir el procedimiento para determinar si existen indicios de un delito continuado de prevaricación recogido en el artículo 404 en relación con el 74 del Código Penal.

Con esta decisión el TSJA abre un plazo para investigar los hechos en los que el magistrado podrá empezar a solicitar pruebas tanto documentales como testificales. Entre las primeras se espera que el juez solicite información, entre otros, al Ayuntamiento de Llanes, dado que de esta administración depende la Policía Local. Por su parte las pruebas testificales podrían tener lugar en un plazo breve de tiempo si el juez llama a declarar a los dos políticos querellados, así como a otras personas que el togado estime que pueden aportar información relevante sobre los hechos que va a investigar.

Una vez finalice este proceso, para la que no hay un plazo concreto, el magistrado determinará si existen, o no, indicios de delito. En el caso de que los haya abrirá juicio oral contra una o las dos personas cuya imputación solicita la Fiscalía. El Ministerio Público sostiene que «hay indicios de un delito continuado de prevaricación» y que tanto Álvarez Campillo como Carrera «en perfecto conocimiento de su ilegalidad, emitieron de forma injustificada e inmotivada resoluciones contrarias al Derecho en relación a los expedientes sancionadores de tráfico».

Entre las causas por las que se retiraron las multas a los vehículos había sanciones por estacionamientos en áreas de transporte público, zonas peatonales o haber excedido del tiempo establecido para el aparcamiento. En la mayoría de los casos los afectados, propietarios y titulares de los citados vehículos, «ni tan siquiera habrían recurrido la multa, anulándose directamente por parte de los dos concejales».

Depurar responsabilidades

Ayer este diario habló con Dolores Álvarez Campillo, quien prefirió no hacer declaraciones públicas al respecto. Quien sí se pronunció fue el secretario de organización de la FSA-PSOE, Jesús Gutiérrez, en Sobrescobio, donde sobre este caso dijo que el hecho de que el TSJA admitiese a trámite la querella de la Fiscalía era una posibilidad que los socialistas sabían que podía ocurrir pero que su partido «a diferencia del resto de fuerzas políticas» sí tiene un criterio establecido sobre la depuración de responsabilidades políticas entre sus cargos públicos.

«Todos saben dónde tenemos el listón que es asumir responsabilidades cuando se abra juicio oral. Esperemos que no ocurra, pero si abre juicio oral habrá que tomar cartas en el asunto», añadió.

Álvarez Campillo sí se pronunció sobre esta cuestión el pasado 1 de octubre. Entonces dijo que confiaba en la labor de la justicia y que respetaría el resultado del proceso judicial que está en marcha. «Pertenezco a una organización, la Federación Socialista Asturiana, que ha delimitado claramente la asunción de responsabilidades y el momento procesal en el que deben adoptarse las medidas, si llegara el caso», dijo entonces, dejando claro que, a pesar de la insistencia de algunos otros políticos para que dimita de su cargo como diputada, no tomará ninguna determinación hasta que no se abra un juicio oral y sea citada como imputada, siempre y cuando se llegue a este supuesto escenario.