Salud adelantará en las listas de espera a los pacientes con mayor afección a su calidad de vida

Saavedra quiere profundizar en una evaluación continua de la actividad sanitaria, «haciendo un análisis centralizado de rendimiento en los diferentes bloques de actividad», la quirúrgica, consultas y pruebas diagnósticas. Destacó la necesidad de supervisión de las comisiones de programación quirúrgica: «Nuestro objetivo es garantizar que se realice de acuerdo con los criterios de prioridad clínica, tiempo de espera y número de pacientes por sesión».

Por su parte, la diputada delG grupo mixto Covadonga Tomé criticó que una de las grandes incógnitas que está sobre la mesa es el mapa sanitario, «del que tanto se habla y nada sabemos». En cuanto a las jornadas de tarde que ya puso Saavedra sobre la mesa, Covadonga Tomé dijo que «ya deberían llevar tiempo funcionando, pero no salen adelante porque se encuentra de frente a determinados actores que están en contra. Le recordamos a la consejera que, para abordar esta situación crítica, hacen falta medidas valientes y no ser rehén de ningún grupo de presión».

Otro de los asuntos abordados en el Pleno fue la actual crisis de la 'covid de las vacas'. El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, anunciaba que habilitará en los presupuestos de 2024 una partida de ayudas para paliar los efectos que la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) está causando en la cabaña ganadera y compensar las pérdidas ocasionadas. El titular de Medio Rural condicionó la cifra global de las subvenciones al alcance que la EHE llegue a tener en el sector, y aseguró que se compensará una parte del coste de la retirada de las reses fallecidas a través de Proygrasa, la empresa dependiente de Cogersa que se encarga de la recogida, tratamiento y eliminación de animales muertos. Esta medida beneficiará a todas las explotaciones, ya que se aplicará para todo el ganado muerto, sin importar la causa.

Fue el diputado popular Luis Venta Cueli quien criticó la gestión del Gobierno regional en este asunto. Denunciaba que no se han realizado los controles pertinentes en la celebración de los muchos certámenes y ferias que se han desarrollado en la región. «Lo único que le pido es que rectifique, porque el error ya se ha cometido por no controlar la enfermedad, y póngase del lado del sector ganadero». Por su parte, Marcos Líndez, para rebatir al popular, expuso una serie de datos; recordó que el primer caso detectado fue el 4 de septiembre y, a día de hoy, se contabilizan trece focos. Se han tomado 109 muestras de las que 87 son positivas y 22, negativas.

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, anunciaba, por su parte, que la empresa pública Vipasa recuperará, de manera «inminente», su departamento social con el objetivo de desarrollar el procedimiento de conciliación y reforzar las labores de seguimiento, mediación y ayuda que realiza la entidad. Defendió en sede parlamentaria la necesidad de restablecer esta sección ante el «alto porcentaje de inquilinos que son personas vulnerables y que necesitan de esa figura», así como para facilitar una «comunicación ágil con otras administraciones».

A preguntas de los grupos parlamentarios de la oposición -PP y Vox-, el consejero negó rotundamente que la paralización de los desahucios previstos en Vipasa sea una «medida arbitraria» y destacó que, por el contrario, se ajusta a los procedimientos recogidos en la nueva Ley de Vivienda estatal aprobada en mayo, «que garantiza la protección jurídica de los inquilinos». Recordó que la legislación exige que los grandes tenedores se sometan con carácter obligatorio a un procedimiento de conciliación o intermediación, a la vez que contempla como requisitos para aumentar la protección de estos inquilinos que se trate de su vivienda habitual y que sean personas en riesgo de vulnerabilidad. Lo que criticaba el diputado de Vox Javier Jové Sandoval era que se anima a los inquilinos que pagan a que dejen de hacerlo, «porque estamos ante una amnistía general ante los morosos».

La consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, quiso ayer dejar claro que todos los residuos que los municipios entregan de forma separada a Cogersa «tienen un coste cero» tanto para los concejos como para los ciudadanos. En su intervención en el Pleno, recordó que los puntos limpios tampoco suponen un cargo para las arcas municipales y, por tanto, no repercuten en las tasas que pagan los vecinos a los consistorios.

La consejera quiso explicar, tras ser preguntada por el PP sobre el coste a repercutir a los asturianos por la gestión de residuos, que son los municipios, como administración competente, quienes fijan en sus ordenanzas fiscales las tasas que abona la ciudadanía. Precisó que lo que fija el Principado y los municipios en los órganos de gobierno de Cogersa es el coste del tratamiento, que es por lo que preguntaba el diputado popular Rafael Alonso: qué importe de esa tasa está condicionada por lo que cobra el consorcio. De lo que el PP no obtuvo respuesta por parte de la consejera es del futuro tratamiento de la basura y su transformación en combustible sólido recuperado (CSR), así como de su impacto. «Mi temor es que ustedes intenten por la puerta de atrás convertir la térmica de La Pereda (en Mieres) en una gran incineradora, tan deseada».

La titular de Educación, Lydia Espina, tuvo también su hueco en el Pleno. Destacó, sobre las actuaciones que están realizando para lograr un gran pacto por la Educación, la propuesta para la reducción progresiva de la ratio de alumnos en las aulas. «Es fundamental, porque creemos que es una mejora para la calidad del sistema educativo de la región». Se va a trasladar a la mesa de negociación del próximo día 13 con los docentes.