«Con la vuelta a las aulas, el Gobierno mete a nuestros hijos en la boca del lobo»

«Si no estuviéramos padeciendo las consecuencias de la COVID-19, por supuesto que veríamos fundamental la asistencia de nuestros hijos a las aulas. Pero, así, no». Es el mensaje que, desde hace unas semanas, un millar de padres y madres de Asturias quiere trasladar a las administraciones para que la vuelta a las clases presenciales sea voluntaria. Después de haber escrito al presidente del Principado, Adrián Barbón, sin haber recibido respuesta, han remitido otra misiva al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán.

En la primera, las casi mil familias que integran el colectivo 'Asturias por una educación voluntaria durante la pandemia', preguntan al responsable de Sanidad cómo es posible que «desaconseje la reunión de grupos de más de diez personas y, en cambio, siga permitiendo ratios de veinte alumnos en clase, lugares con una aglomeración excesiva y un foco de infección muy alto». «¿Qué pasa si se contagian?», apuntan. «La culpa no será de los maestros, sino del Gobierno y de la ministra de Educación, que los ha puesto en la boca del lobo como conejillos de Indias para saber hasta qué punto afecta (el virus) a los menores».

«La vida no se recupera»

Piden al Illa que les «escuche encarecidamente» y no permita la vuelta obligatoria a las aulas. «Las clases pueden esperar, los cursos pueden repetirse, pero la vida no se recupera», subrayan. Por eso, proponen seguir con las clases de forma telemática, poniendo web cams en las aulas. No nos podéis obligar a llevarlos«, al tiempo que afean que los contagios estén creciendo y »no estéis facilitando información alguna a ninguna comunidad de lo que vais a hacer«.

Misma preocupación han trasladado al Defensor del Pueblo. Muestran su disconformidad con los 'grupos burbuja', «que se romperán en cuanto un niño se junte con un hermano», piden «más profesores, reducción de las ratios, contratación de más empresas de limpieza y desinfección, y docentes especialistas para no tener un profesor por asignatura, porque, de lo contrario, esos 'grupos burbuja' se romperían también».

Tras poner de manifiesto un estudio de la Universidad de Granada que «señala que cada niño puede contagiar indirectamente a 800 personas», insisten en que su inquietud se extiende a todos los niveles. «Nos dirán que en Secundaria son más autónomos, pero no dejan de ser adolescentes y se tocan y se abrazan; los de Infantil aprenden jugando, no hincando los codos; eso sin contar que son propensos a catarros y fiebres y unas décimas, sin ser COVID, pondrían en cuarentena a toda la clase. Y a los niños de Educación Especial, que necesitan el contacto con maestros y terapeutas, no se les puede garantizar el no contagio. En su caso, aunque no vayan a clase, deberían de tener garantizada su terapia en los domicilios».

El Defensor del Pueblo preguntará por las medidas

En este caso, sí han recibido respuesta. En concreto, de la adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Concepció Ferrer i Casals que, si bien confía en que «las administraciones, asesoradas por comités científicos, están adoptando las medidas que exige la situación de emergencia sanitaria», informa de que recientemente ha iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio de Educación y las correspondientes consejerías para conocer sus previsiones con vistas al próximo curso. En ella, «se ha mostrado especial interés por las medidas que se van a adoptar para asegurar la distancia de seguridad interpersonal recomendada por las autoridades sanitarias y por los recursos, materiales y personales, necesarios para dar cobertura a todos los grupos que puedan generarse el próximo curso académico al reducirse la ratio».