Los abogados no logran localizar al testaferro de Alu Ibérica
La nueva defensa de Luis Losada solicita a la jueza María Tardón que aplace la comparencia que habían pedido en nombre de su defendido
La investigación judicial sobre Alu Ibérica ha vivido esta semana un episodio sorprendente en una causa donde la complejidad jurídica (la inicial denuncia de ... la Confederación de Cuadros y Profesionales ha evolucionado a tres causas judiciales, una comisión rogatoria a Suiza y solicitud de informaciones a empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas) va unida a momentos excepcionales como el registro policial de las instalaciones de Alu Ibérica en Avilés y La Coruña, las oficinas centrales de Alcoa o los domicilios particulares de los imputados.
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En concreto se trata de la petición de la defensa de Luis Losada para no acudir a declarar el pasado miércoles, 10 de abril. Lo realmente sorprendente es que los abogados aseguraron ante la jueza instructora, María Tardón, titular del juzgado central de instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, que no logran localizar a la persona que diferentes informes policiales definen como «testaferro» del Grupo Industrial Riesgo.
Para completar el círculo sorprendente, hay que recordar que fueron los propios abogados de Luis Losada quienes solicitaron la declaración.
La propuesta de declarar surge a iniciativa del propio imputado y la magistrada ha aceptado fijar una nueva fecha
El equipo jurídico de Losada realizó la petición en la víspera, lo que, en una lectura benigna, puede apuntar sus esfuerzos para tratar de localizar a su cliente. La jueza Tardón ha aceptado el escrito y ha fijado una tercera fecha para la declaración de Losada.
Inicialmente, la presencia de Losada se había fijado para el pasado 9 de abril pero, posteriormente, los abogados solicitaron atrasarla un día, lo que apunta a que ya había problemas para localizarlo. Finalmente, se ha optado por esta salida.
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Mientras tanto, la investigación principal sobre la gestión del Grupo Industrial Riesgo prosigue su proceso. La causa principal ha recibido una nueva prórroga, entre otros motivos, por la dificultad para conseguir información de las autoridades suizas sobre los titulares de las cuentas bancarias que recibieron los fondos transferidos por el Grupo Industrial Riesgo a Parter Capital para hacerse con la empresa.
Además, se han remitido solicitudes de colaboración a empresas gestoras de criptomonedas para identificar a titulares de diferentes cuentas.
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