Ruasa prepara una nueva venta de plazas en el aparcamiento subterráneo de La Exposición

El nuevo gerente deberá proponer el alcance de la oferta que saldrá al público. También deberá analizar si las peritaciones que fijaron los precios de la primera convocatoria (que oscilaron entre los 11.980 euros y los 12.520 euros la plaza) se encuentran adecuadas al mercado o es necesario revisarlas.

La primera venta de plazas de aparcamiento en la pista de La Exposición se realizó entre 2018 y 2019. En aquella ocasión, salieron al mercado 174 plazas, de las que se adjudicaron 43 después de que se presentasen 76 ofertas. La mayor parte de las desestimaciones se debieron a incumplimientos de las bases de la convocatoria. Además, hubo dos ofertas que se recibieron fuera de plazo. En 2020, se inició el segundo proceso, pero las limitaciones por la pandemia de la covid frustraron su desarrollo.

De esta manera, una de las reflexiones de la nueva gerencia de Ruasa será si limita la oferta a las 131 plazas pendientes de adjudicar o aumenta el número. La variable fundamental vendrá dada por la evolución de los estacionamientos, además de las demandas del futuro, toda vez que el crecimiento de las superficies peatonales en el centro de la ciudad aumenta una mayor demanda de aparcamientos.

El diseño actual de una ciudad pensada cada vez más en el peatón refuerza la necesidad de este tipo de infraestructuras y la necesidad de una red de aparcamientos en diferentes puntos para facilitar la aproximación de los vehículos privados a las grandes áreas peatonales.

La oferta que diseñe el gerente también debe velar por el equilibrio presupuestario de la empresa, ya que si decide perder más plazas en rotación, ese porcentaje no puede alterar la capacidad de generar ingresos del aparcamiento. De ahí que sea complicado fijar un calendario en esos momentos. Lo único que está claro es que no será un proceso sencillo y se alargará, como mínimo, durante seis meses.

La venta se volverá a organizar como en la primera convocatoria de 2018 y que se alargó hasta abril de 2019 al ser una sociedad pública que debe cumplir toda la normativa sobre contratos de la administración. Así, en noviembre de 2018 se realizaba el anuncio de la oferta y se abría un plazo de dos meses para recibir las ofertas.

Los ofertantes, además, debían presentar un aval económico de su propuesta que, en el caso de ser desestimado, sería devuelto.

En enero de 2019 se cerraba el plazo de presentación de las propuestas y luego se sucedían las etapas para analizar la documentación, corregir errores de los ofertantes, realizar una primera propuesta de adjudicación y, finalmente, culminar el proceso en abril de 2019. En ese momento, las candidaturas que no habían recibido ninguna adjudicación podían retirar los avales presentados. O sea, unos seis meses de proceso que, seguramente, se deberán repetir en esta ocasión.