España se juega parte de su soberanía industrial con el bloqueo del plan de Arcelor en Asturias

Asturias se juega con este proyecto buena parte de su futuro económico y miles de empleos, no solo de las instalaciones de cabecera. Solo hace falta ver qué ha ocurrido con otras factorías que perdieron sus hornos altos sin alternativas, como la planta de Sestao, que no es ni la sombra de lo que fueron aquellos Altos Hornos de Vizcaya, o más recientemente la de Florange, en Francia.

El horno alto 'A' y el sínter 'B', a los que está llamada a sustituir la planta de DRI, están ya condenados por la siderúrgica. Pero las factorías asturianas están diseñadas para trabajar con dos hornos altos. Únicamente con el 'B' no son competitivas, por lo que se necesita una alternativa. De ahí que siempre sea tan grave la parada de uno de ellos, como la que la empresa plantea a partir de mayo. Incluso con el plan verde previsto por Arcelor se perdería producción, pero sin él una a una las instalaciones serían más débiles, con el peligro que esto conlleva.

¿Se pueden traer prerreducidos de hierro del extranjero para mantener activa la acería? Se puede y, de hecho, ese es el plan inicial hasta que la planta de DRI esté funcionando, pero si esa situación se hace permanente, habrá una deslocalización dramática para Asturias que tendrá implicaciones estratégicas a nivel nacional.

De no salir adelante el proyecto de descarbonización, España dependerá de terceros países para producir acero a partir del mineral de hierro, ya que los de Gijón son los únicos hornos altos que quedan en el país. Y el acero es básico en gran parte de la industria nacional. Solo la de la automoción, que supone casi un 10% del PIB nacional, recibe desde Asturias bobinas, alambrón y materia prima para otros componentes. Por su calidad, la chapa con la que se fabrica la carrocería de los vehículos tiene que provenir del mineral de hierro directamente. No vale con la reciclada a partir de chatarra. A esto hay que añadir otros productos básicos, como el carril por el que circulan los trenes, el acero que requiere la industria eólica, la naval o las estructuras fotovoltaicas y el que requiere la construcción. Los productos siderúrgicos están en todas partes.

El caso de Arcelor no es único. Los problemas que está atravesando la aluminera Alcoa, que ya cerró sus plantas de Avilés y La Coruña y que sufre grandes dificultades en el arranque de las cubas de electrólisis de Lugo, es otro ejemplo de las dificultades por las que atraviesa la industria básica. De ahí que España se juegue su soberanía industrial con el mantenimiento de este tipo de producciones en su territorio.

Otra prueba son los esfuerzos que están realizando otros países. Francia tiene un ministro de Soberanía Industrial, Bruno Le Maire, que también es de Economía y Finanzas. El país vecino, además de dotar de ayudas a la construcción de la planta de DRI de Dunkerque, le garantiza unos costes de operación bajos mediante un contrato eléctrico con la estatal EDF. Mientras, Italia se plantea nacionalizar Ilva para relanzarla. No solo se trata de empleo o de un problema de la comunidad, sino que es algo que va más allá.

El Gobierno es consciente de lo que hay en juego. Fuentes del Ministerio de Industria aseguraron ayer que el plan de Arcelor en Asturias «es prioritario y estratégico» para el Ejecutivo, de ahí que la multinacional tenga a su disposición la mayor subvención que se ha otorgado hasta ahora para la descarbonización, 450 millones de euros para acometer la inversión de la planta de DRI, que supera los 1.000. Sin embargo, el problema está en los requisitos impuestos y el coste de operación, que en la actualidad es inviable. «El ministerio sigue trabajando con la empresa para garantizar los empleos y la viabilidad de la planta y se van a mantener reuniones con la compañía». Estas explicaciones llegan tras meses de bloqueo de ese plan verde y después de que desde Moncloa se reconociera el lunes que no está previsto que Pedro Sánchez se vea en el Foro de Davos con el presidente de Arcelor, Lakshmi Mittal, como es habitual en los últimos años.

Mientras, la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, insistió ayer en que el Principado ha otorgado todas las autorizaciones necesarias y que trabaja «intensamente» y mantiene contactos «al máximo nivel» con el Gobierno y la dirección de Arcelor. Además, recordó los más de 36 millones de euros de subvención otorgados a la compañía para el horno eléctrico híbrido.

UGT-FICA, por su parte, expresó su preocupación y exigió a la siderúrgica que cumpla con los compromisos de inversión adquiridos, recordó que es necesario un segundo horno en Avilés para mantener la producción y consideró «indispensable» profundizar en medidas que rebajen los costes energéticos.