«El ministerio nos quiere meter por el alma el acuerdo con el Comité»

Pero Fernández no se alejó del sector, sino que se dedicó en cuerpo y alma a UITA, asociación que forma parte de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, que convocó el paro indefinido el pasado 14 de marzo. El líder de UITA se ha convertido en uno de los principales portavoces del colectivo que ha conseguido paralizar buena parte de la actividad del país. Tiene claro que no abandonarán las movilizaciones hasta que obtengan las soluciones que buscan. «Nos quieren meter por el alma el acuerdo firmado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que el ministerio califica como histórico», pero que a sus ojos se reduce a migajas. «Es una maniobra para esclavizar al sector». Ni siquiera que la titular del departamento, Raquel Sánchez, accediera a reunirse el pasado viernes con representantes de la plataforma -Fernández, entre ellos- sirvió para calmar los ánimos. Para los convocantes del paro, es irrenunciable intervenir ya en dos asuntos: los intermediarios y los costes de explotación.

Explica el presidente de UITA que el sector «se ha ido degradando poco a poco, se ha arrinconado a los transportistas para favorecer siempre a los intermediarios», conflicto que es «el cáncer» de esta actividad económica. Los problemas se remontan muy atrás en el tiempo, «desde 1978, cuando se empezaron a modificar las leyes, que siempre han ido en contra del transportista». Este poder que tienen las grandes empresas logísticas, subraya, obliga a los autónomos a «trabajar por debajo de los costes».

De modo que, ante un escenario de inflación disparada, los camioneros se han rebelado. Asegura que no le ha sorprendido que el paro se haya secundado de forma tan notable: «Sabíamos que el sector estaba muy mal y todavía más con esta subida brutal del gasóleo». Mientras, las asociaciones tradicionales «no hacen nada».

Alejandro García Monjardín se subió por primera vez a un camión a los 17 años, cuando comenzó a trabajar en la planta que Kas tenía en Gijón. A la ciudad llegó procedente de Monón, un pueblo del concejo de Allande y, tras un breve paso por la hostelería, se puso al volante. «Cuando la fábrica iba a cerrar y se deshizo de los camiones, me hice autónomo y luego me asocié a Cesintra», relata. Con 63 años, preside esta asociación empresarial desde hace casi nueve; un periodo lleno de dificultades que ahora ha culminado en un paro indefinido que ha provocado la paralización de numerosos sectores de la economía.

Una situación complicada de desenquistar porque el malestar entre los transportistas es enorme y ya han dejado claro que no se van a contentar con una solución transitoria. Para el presidente de Cesintra -asociación integrada en la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer)-, son dos las reivindicaciones más urgentes. En primer lugar, «topar el precio del gasóleo, no sé si vía intervención o de otra manera». La otra medida prioritaria planteada por Cesintra es una ayuda directa «para todos, incluidos los ligeros, en función del tonaleje de los vehículos», una pretensión a la que accedió el Ministerio de Transportes y que se recoge en el acuerdo firmado esta semana junto con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).

Además, el colectivo pide otras dos medidas que requerirían de algo más de tiempo. Por un lado, «tiene que aprobarse la ley de coste mínimo, como en el sector agrario, que prohíba trabajar por debajo de lo que marque el observatorio de costes del transporte de mercancías». Así como «reducir la subcontratación», de manera que un porte «no pase por un montón de manos». Señala Monjardín que el problema del transporte «es algo endémico», agravado por la falta de consenso. «Si en el sector estuviéramos unidos, ya se habría repercutido la subida del IPC en los precios desde hace diez o doce años y esta leche del gasóleo la hubiéramos soportado sin tantísimos problemas».

Así las cosas, «cargando por lo que nos ofrecen», los profesionales del sector llegaron a esta situación de precios disparados de los combustibles «prácticamente ahogados». En España, señala, es mucho más complicado trasladar el incremento de los costes a los clientes «porque hay mucho transportista autónomo», al contrario que en países como Francia y Alemania. De modo que es fundamental una profunda revisión del sistema trabajo. «Si no cambiamos esa mentalidad de quitarle a otro el porte bajando el precio, no tendremos solución, y eso no lo puede cambiar el Gobierno, no hay leyes que lo arreglen».