La falta de capacidad de la red eléctrica amenaza inversiones en Asturias y su descarbonización

Asuriana de Zinc disparaba las alarmas a finales del año pasado, cuando anunciaba que Red Eléctrica le había denegado ampliar en 3 MW la potencia total de la compañía, que actualmente está en 236 MW, porque no había capacidad para ello. Eran solo 3 MW, apenas nada para las cifras que se manejan en la industria, reconocen fuentes del sector, que ven con enorme preocupación cómo se empuja a las empresas a electrificar sus procesos para abandonar los combustibles fósiles y, sin embargo, la red no puede absorber ese futuro incremento de consumo. Están en peligro nuevas inversiones, pero también la producción actual.

«El país necesita incrementar tanto la capacidad de la red de transporte como la capacidad de la red de distribución», explica Marta Castro, directora de Regulación de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), en la que se integran EDP, Endesa e Iberdrola. Los objetivos medioambientales promueven la electrificación de la demanda y sin ella no hay transición energética.

Los principales impulsores de este proceso son los grandes consumidores, como la industria, los centros de datos, los proyectos de baterías de almacenamiento eléctrico o de producción de hidrógeno, la electrificación de los puertos o la recarga vinculada a la movilidad enchufable, entre otros. Y como todos ellos necesitan tener acceso, lo solicitan a las redes de transporte y de distribución. Las primeras, que gestiona Redeia, Red Eléctrica, son las líneas de alta tensión, que acercan la electricidad desde donde se genera hasta las zonas de consumo. Algunas grandes industrias, como AZSA o Arcelor, reciben el suministro eléctrico directamente de ellas. Sin embargo, a la mayoría de empresas y a los hogares les llega mediante las segundas, principalmente líneas de media y baja tensión que son propiedad de cada compañía eléctrica distribuidora. El problema es que en muchos casos las solicitudes se están encontrando con un no por respuesta.

Según los datos que maneja Aelec, la mitad de los proyectos industriales que necesitan conexiones eléctricas están afectados por esa falta de capacidad, lo que bloquea inversiones por 60.000 millones de euros. Otro porcentaje menor decae por desistimiento del cliente. «Es urgente atender la demanda para no desaprovechar una oportunidad para nuestro país», insiste esta organización.

La situación es compleja. El desarrollo de la red de transporte es un proceso regulado que requiere, incluso, la aprobación del Consejo de Ministros. En el caso de la distribución, aunque no hay una hoja de ruta que orienta el nivel de inversión, sí existen planes que deben ser aprobados año a año por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Cuando al distribuidor le piden acceso y conexión, tiene dos caminos: a través de esos planes de inversión o, si es una petición puntual de un consumidor, este debe pagar el refuerzo, lo que supone un impedimento añadido.

En este contexto, las solicitudes de acceso y conexión alcanzaron en 2024 los 67 GW (67.000 MW), cuando la punta de consumo máxima del sistema fue de 45 GW. De esa demanda, 6,2 están concedidos, casi 28 siguen en tramitación, pero más de 33 han sido ya rechazados por falta de capacidad. «Nos preocupa no poder dar respuesta a la demanda y también el incremento de solicitudes no concedidas, que crecen a un ritmo de doble dígito anual», lamenta Castro, que advierte de que «la red se está convirtiendo en un cuello de botella para la electrificación de la industria».

Sin embargo, desde Red Eléctrica se insiste en que dispone «de una red de transporte mallada y robusta en Asturias con capacidad para cubrir las necesidades presentes y futuras del sistema a corto plazo». En el caso concreto de AZSA, argumenta que la negativa se debió a los límites que tiene el transporte para acoger generación y suministrar energía, «que se debe respetar para no poner en peligro la seguridad del sistema eléctrico».

La herramienta con la que cuenta el transportista para abordar los desajustes es la planificación: pedir al Gobierno que potencie la red. La que se elabora ahora es para el periodo 2026-2030, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNICEC) plantea que habrá que invertir unos 52.000 millones de euros, sin detallar cuánto corresponde al transporte y cuánto a la distribución.

En Red Eléctrica aseguran que se está «siguiendo la hoja de ruta marcada por la planificación, que aprueba el Gobierno y se elabora junto con las comunidades autónomas» y que, además, tiene carácter vinculante para la compañía. En el caso del Principado, incluye la construcción de cuatro líneas nuevas y otras tantas subestaciones, proyectos cuyo objetivo es crear una red mallada de 400 kV que permita atender a los desarrollos industriales que están previstos. En los últimos años, apuntan, se han aumentado las inversiones hasta superar los 1.000 millones de euros anuales en el conjunto del Estado, «un ritmo que se mantendrá durante los próximos años».

Sin embargo, fuentes del sector avisan de la urgencia de actuar. «Si un proyecto importante quiere desarrollarse y hay que tirar nuevas líneas, no las tendrá para 2027 o 2028, quizás llegue, y de forma muy justa, para 2030». De ahí que la clave sea remar de forma conjunta, «hacer piña industria, comunidades autónomas y las administraciones locales, que no haya oposición a los proyectos», porque uno de los principales problemas está en la «farragosa» tramitación que se requiere, empezando por las licencias y permisos medioambientales. «Es vital que aprieten la comunidades autónomas», insisten sobre la nueva planificación, porque en muchos casos el desarrollo de la red y el del proyecto industrial «van a la vez». En el caso del Principado, las reuniones con Red Eléctrica están siendo habituales. De hecho, Beatriz Corredor, presidenta de su matriz, Redeia, estuvo la semana pasada en Asturias.

De este modo, la planificación se convierte en el elemento fundamental porque debe recoger las necesidades de la demanda actual y futura. Castro recuerda que si no se refuerzan las líneas de transporte, se condiciona la distribución. Esta puede actuar de forma limitada mediante las modificaciones puntuales de acceso a la red que pide a Red Eléctrica para que las ejecute, pero hay poco margen por esa falta de capacidad. En la última modificación, se solicitaron 6,5 GW y solo se otorgaron 5. Ante esta situación, más allá de reclamar el aumento de las inversiones, desde Aelec también se aboga por la flexibilidad, que con la instalación actual se gane en operatividad y en eficiencia.

A todo ello se suma que existen límites anuales para la inversión en redes eléctricas, del 0,13% del Producto Interior Bruto, en el caso de la distribución, y del 0,0065% en el del transporte, que no dan respuesta a las necesidades actuales, según reconoció la propia ministra para la TransiciónEcológica, Sara Aagesen, que se ha comprometido a revisarlos, aunque con un equilibrio, dado que «esas redes las pagamos todos».

Porque, además, para la distribución se da otro problema: la falta de reconocimiento de las inversiones. «Necesitamos un modelo retributivo que las acelere, porque una inversión en una red no se hace en un año ni en dos, tarda mucho tiempo hasta que se termine», argumenta también Castro, de ahí que se demanden también lo que se conocen como inversiones anticipadas, que permiten agilizar los desarrollos y la electrificación de procesos. Y hay otro elemento más: la rentabilidad. Como este es un proceso regulado, pero en el que intervienen empresas privadas, hace falta reconocer la retribución por ese servicio. «En la actualidad, estamos en un debate con el regulador sobre cuál debería ser esa rentabilidad», explica.

Existe colaboración entre todos los actores involucrados, conscientes de que urge ejecutar el refuerzo de la red, pero esta voluntad también se enfrenta a la dificultad de calcular las necesidades reales, porque se habla incluso de una burbuja en la demanda, ya que muchos de los proyectos no van a llegar a salir o se pide acceso en distintos puntos, para desarrollarse después únicamente en aquel que se obtenga y abandonar las otras solicitudes. Existe también especulación, con el objetivo de conseguir un permiso de acceso, para venderlo después. De ahí que desde la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), en la que se integran, precisamente, Arcelor y AZSA, se reclame prioridad para este tipo de compañías.

«Si una industria ya está y está pidiendo nueva capacidad, la va a utilizar. Cuando se mira quiénes la están solicitando, vemos que hay muchos parques de baterías, que no se sabe si se van a hacer; centros de datos o, en general, industrias que piden esa capacidad en tres o cuatro sitios para ver dónde se la dan y ahí invertirán, en el resto no, con lo cual aparece un número artificialmente alto», explica el director general de esta entidad, Pedro González, que avisa de que «Asturias es quizá el caso más preocupante de todo el país» en cuanto a la falta de capacidad de red. Esto puede dar al traste con inversiones de industrias existentes que quieran electrificarse o aumentar su producción, mientras se les reclaman urgentemente proyectos, como el horno eléctrico que se pide a Arcelor para Avilés.

«Es importante distinguir entre iniciativas maduras y aquellas que son simples expectativas que probablemente no se traducirán en proyectos de inversión», insiste Red Eléctrica, que defiende que la red dé cabida a proyectos viables que vayan a materializarse en inversiones de valor añadido. Se trata, en definitiva, de anticiparse a las necesidades con inversiones, con la optimización del uso de la red y con la creación de mecanismos que doten de flexibilidad al gestor, pero la necesidad es ahora y desde muchos ámbitos se duda de que se llegue a tiempo.

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