«No nos sirve ninguna solución que no pase por el mantenimiento de la actividad en Avilés»

El presidente del Principado, Javier Fernández, recibió esta mañana al comité de empresa de Alcoa en Avilés. En ese encuentro, les trasladó su apoyo y las acciones que desde el Gobierno regional, en coordinación con el gallego, llevarán a cabo para impedir que la multinacional norteamericana continúe con sus planes de cierre de las plantas de Avilés y La Coruña.

Los miembros del cómité de empresa agradecieron eel apoyo que han recibido de todos los grupos y del presidente del Principado y cargaron contra una decisión «injustificada» de la empresa. Afirmaron que es «falso» que la empresa presente pérdidas y evalúan en unos 200 millones de euros los «beneficios» que el grupo ha tenido en España.

Los miembros del comité de empresa estuvieron acompañados por los responsables de industria de CC OO y UGT así como por los alcaldes de Avilés y Gozón. «No nos sirve ninguna solución que no sea el mantenimiento de la actividad en la planta de Avilés», advirtió la regidora de este concejo, Mariví Monteserín.

Antes de la reunión con el presidente del Principado, los trabajadores de Alcoa en Avilés mantuvieron un encuentro con la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Alonso. Fue en la Junta General, antes de la celebración del pleno en el que se aprobó la declaración institucional de apoyo a los trabajadores y contra los cierres de las plantas decididos por Alcoa. La delegada afirmó que «el Gobierno de España está totalmente entregado para que se revierta esta situación» y criticó que «ante una decisión de tan calado como esta, la compañía haya tomado una decisión tan a la brava sin comunicarlo antes».

Por ello, anunció que las ministras de Industria y Transición Ecológica, Reyes Maroto y Teresa Rivera, respectivamente, han convocado a la dirección de la multinacional en España para que dé las explicaciones de su decisión. El Gobierno central ya ha mostrado su rechazo a los cierres anunciados por la compañía y está en coordinación con los gobiernos de Galicia y Asturias para tratar de encontrar una solución a estas clausuras, que en el caso de Asturias afectaría a más de 300 personas.

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