Radiografía económica de Asturias

La región, en 2019, parecía en parte comenzar a repuntar tras la inercia de consecuencias negativas del derrumbe de la burbuja inmobiliaria del final de la primera década del siglo, algunos de cuyos peores efectos se notaron más hacia la mitad de la segunda década, además de acentuar también procesos de largo desarrollo, como la persistente caída de la natalidad que a lo largo de todo lo que va de siglo se ha registrado en Asturias.

¿Qué ha ocurrido en la región en estos cuatro años? Han sido cuatro años de gobierno socialista con apoyos desde la izquierda en los que en general Asturias mantiene algunos retos que son ya endémicos, como la superación del final de la minería y de toda la red de empresas y de dependencias que había generado lo que durante muchos años había sido casi un monocultivo. Veamos en qué y cómo se ha avanzado o retrocedido.

Por de pronto, la propia estructura del Gobierno regional. Comenzó con once consejerías que muy pronto se redujeron a diez, al asumir Alejandro Calvo, inicialmente consejero de Medio Rural, las competencias de Cohesión Territorial que al principio ejerció el ahora vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño. Esta macroconsejería está en buena parte de los asuntos más conflictivos o polémicos, como el reto demográfico, la conservación del medio rural y la gestión de las infraestructuras de comunicación, y aunque en el argumentario de campaña electoral ya ha aparecido varias veces, el retraso en la llegada del AVE a Asturias no es responsabilidad exclusiva suya. Como tampoco es el único responsable el actual Gobierno de que la comunidad sea la más envejecida de España, pero, siendo importante, no se puede plantear que el nicho de empleo y negocio que puede suponer la 'silver economy' sea la gran esperanza blanca de la región.

Bien llamado 'reto', al menos en Asturias, este asunto es transversal a las políticas de todas las consejerías, pues se supone que de todas depende generar las condiciones que favorezcan una demografía sana, entendiendo por esta que la población de una región tenga unos atractivos estándares de vida, que los mayores tengan una vida larga y confortable y que los jóvenes disfruten de condiciones que les inciten a permanecer en la región y trabajar en ella, y a tener descendencia en número suficiente como para dar relevo generacional a los mayores.

¿Se ha conseguido? Las cifras que luego expondremos dicen que no, pero también es claro que solucionar completamente el reto demográfico es un trabajo de décadas. Y una vez solucionado, seguirá siendo un desafío permanente. Por el momento, las cifras dictan que la natalidad sigue bajando, con 5.152 nacimientos en todo 2019 y, ya con la pandemia en marcha, 4.771 niños en 2020, 4.785 bebés en 2021 y otros 4.810 alumbramientos exitosos en 2022. Los números de los primeros meses de 2023, además, apuntan a que esa tendencia a la baja continuará acentuándose durante este año.

Para ponerlo en contraste, hay que anotar que en Asturias mueren cada año casi 14.000 personas (12.891 en 2019; 14.755 en el primer año de pandemia, con una clara sobremortalidad; 13.340 en 2021 y 13.957 en 2022. Y al igual que ocurre con la natalidad, los primeros meses de 2023 dictan con sus números que la tendencia, en este caso al incremento, se intensifica también. Ello implica que, a día de hoy, Asturias pierde al año en el entorno de 9.000 habitantes por la vía del (de)crecimiento vegetativo.

A corto plazo, la única solución que se plantea es fomentar tanto la llegada de inmigrantes en edad de trabajar y de asentarse y formar familia (el Gobierno lleva anunciando medidas de apoyo económico y fiscal en ese sentido desde el proceso de elaboración de los últimos presupuestos autonómicos) y favorecer también el retorno de los jóvenes profesionales asturianos emigrados en los últimos años. Lo expresó Barbón en la cumbre que mantuvo con el presidente gallego, el popular Alfonso Rueda, en Taramundi. Asturias traspondrá a su normativa el Plan Retorna gallego para recuperar a parte de ese talento emigrado.

La clave, con todo, está en que las condiciones a largo plazo, no ya de los apoyos que ofrezca el Gobierno regional, sino de las condiciones laborales y sociales de la propia región sean lo suficientemente atractivas como para que se reafirme la tendencia ya constatada a que la llegada de inmigrantes supere a la salida de emigrantes. Y, preferentemente, con una alta cualificación profesional.

¿Cómo marcha el empleo en la región? En primer lugar, con la pirámide de población prácticamente invertida, hay que anotar que la proporción de jubilados sobre el total de la población sigue creciendo. Hoy el 27%, en números redondos, de la población asturiana tiene más de 65 años. Así las cosas, del primer trimestre de 2019 al de 2023 (último dato disponible), la población activa decreció en 14.200 personas (de 453.500 a 439.300) y, de ellos, los ocupados también bajaron, aunque algo menos, de 385.400 a 381.900, gracias en parte a que el paro se redujo. Hoy figuran 60.349 asturianos como demandantes de empleo, habiendo partido en 2019 de 72.356 y superado notablemente esa cifra durante lo más duro de la pandemia.

Lo más significativo, con todo, es que se ha consolidado la tendencia a la baja de lo que supone la masa laboral. Durante esta legislatura se ha rebasado a la baja la frontera del 50% de población activa, dándole argumentario a la oposición a Barbón, porque es también la región de España con menos proporción de población activa.

Asturias tiene fama de industrial, pero por cada empleo en el segundo sector (industria y construcción, que sumaban 78.600 en 2019 y son hoy 80.500) hay tres y medio en el de servicios (290.200 asturianos trabajan en el tercer sector, mil más que hace cuatro años, tras haber llegado a superar durante el primer año de la pandemia la barrera de los 300.000).

En cambio, agricultura, pesca y ganadería están en plena reconversión y, muy señaladamente, han pasado de los 17.600 empleos a 11.200, si bien la proporción de descenso en la producción cárnica y láctea no ha sido del mismo calado. Bajan, sí, pero en los últimos doce meses tanto la carne como la leche -esta, en mucho mayor medida- han visto cómo sus precios en origen se elevaban, no tanto por el convencimiento de la gran distribución y del cliente final de que hay que compensar unos costes muy crecientes en el campo como por un cierto temor al desabastecimiento progresivo, si los ganaderos se ven abocados al cierre.

En la industria, por otra parte, han sido cuatro años de una tensión importante, máxime teniendo en cuenta que las medidas de transición energética acelerada impuestas por la ministra del ramo, por una parte, que han generado incertidumbre sobre los costes energéticos, y por la incidencia sobre éstos de la situación creada en los mercados internacionales por la guerra de Ucrania por la dependencia europea del gas y el petróleo rusos. Eso, junto a la inquietud por la normativa medioambiental autonómica que solo en este último año de legislatura se ha plasmado, no sin polémica social y parlamentaria, en una Ley de Calidad Ambiental que tiene la virtud de dejar las cosas claras, pero que también limita a la industria. Está por ver sus efectos en cuanto al emprendimiento.

Los partidos, por otra parte, hacen de los autónomos un interesante caballo de batalla electoral. Muchos de los autónomos lo son por obligación, tras años de búsqueda activa de empleo. Así, que se reduzca su número no siempre es mala noticia, pero sí que lo es cuando el empleo por cuenta ajena también desciende.

El PP afirma que son 3.000 menos; Vox, que 2.000. De abril de 2019 a abril de 2023 se pasó de 73.775 autónomos a 70.966, esto es, 2.809 menos. Sería buena noticia si se acompañase de un trasvase de empleos hacia otros sectores, en particular al industrial, pero es que estos también han bajado. En este caso, la comparativa es de febrero de 2019 al mismo mes de 2023, y se pasó de 49.641 a 47.904, con dos datos añadidos preocupantes. Uno, que los contratos temporales inflaron las cifras en 2022 y 2023, tras las caídas vinculadas a la pandemia de 2020 y 2021. Otro, y en este caso señala a un fenómeno que si no se atiende y se actúa desde la Administración para remediar puede dar lugar a un problema importante, es que los beneficiarios de las prestaciones por desempleo mayores de 50 años han pasado de marzo de 2019 al mismo mes de este año de 14.621 a 17.737. Son 3.116 asturianos más para los que aún no es momento para jubilarse, o al menos no para hacerlo asegurándose una jubilación digna. Son 3.116 asturianos más que hace cuatro años que están en el momento de mayor experiencia laboral y que no están pudiendo aportar eso al mercado del trabajo asturiano.

Es otro de los debates de difícil solución. Asturias se destaca a nivel nacional como la comunidad en la que la cuantía media de las pensiones es más elevada. Esto tiene sus pros y sus contras. Entre los pros, que las casi 300.000 pensiones que se cobran hoy en la región (no todo son jubilaciones) suponen hoy un aporte de 418 millones de euros al mes a la economía de la región. Algo más de 5.000 millones de euros al año, casi equivalentes al presupuesto anual del Principado. Por supuesto, quienes las cobran tienen derecho a ellas, pero también es cierto que no suman ya fuerza de trabajo. Y la región está tan envejecida que todo apunta a que su número se irá reduciendo. De hecho, lo está haciendo en las pensiones por incapacidad permanente y de viudedad, aunque, eso sí, hoy hay 4.581 jubilados más que hace cuatro años.

Más allá de la covid y de Ucrania, la descarbonización es el otro factor que está afectando de lleno al tejido empresarial, sobre todo, del lado industrial. El Gobierno central puso en primer plano la transición energética con la creación, incluso, de un ministerio con ese nombre, con una vicepresidenta, Teresa Ribera, de titular. Su presión aceleró el cierre de térmicas. En Asturias, se cobró las de Lada (Langreo) y Soto de la Barca (Tineo), de Iberdrola y Naturgy. En junio de 2020 se quedaron fuera del sistema sin que se presentaran alternativas, como proponía la publicitada transición justa. Ha habido que esperar a este año para que la compañía que dirige Ignacio Sánchez Galán anuncie un proyecto en Langreo. Con Exiom pondrá en marcha una megafábrica fotovoltaica. Ocupará, precisamente, los terrenos de la antigua Vesuvius, cerrada a finales de 2019, lo que supuso el despido de 111 trabajadores. En Soto de la Barca aún no hay ningún proyecto que sustituya la actividad de la térmica. Allí llueve sobre mojado, porque sus minas cerraron en diciembre de 2018, también sin alternativas para sus trabajadores, más allá de unas labores de restauración ambiental que tardaron en llegar tanto que muchos de ellos agotaron el paro. Ahora denuncian que sus sueldos son irrisorios, al borde de la pobreza. Mientras, la regasificadora, hibernada desde hace más de diez años, ha encontrado en la guerra de Ucrania el apoyo que necesitaba para ponerse a funcionar. Está previsto que lo haga en verano, aunque solo como almacén de gas que permita garantizar el suministro en el norte de Europa.

Todo el tejido industrial busca cómo transformarse. La escalada del precio de los derechos de emisión y la decisión de la UE de recortarlos aún más obliga a plantear inversiones que suponen, incluso, transformar sus procesos de producción por completo. Los disparados costes energéticos de los últimos dos años animan también a apostar por otro tipo de generación y ganar en eficiencia. Arcelor cuenta con un plan verde de más de mil millones de euros, para el que dispone de la mayor ayuda pública de la historia de Asturias, después de una negociación con Bruselas y el Gobierno central que se ha alargado año y medio. Son 450 millones de euros que aún no ha aceptado, mientras valora los riesgos de un proyecto que pasa por prescindir de uno de los hornos altos y reconvertir la acería eléctrica de Gijón en una de tipo eléctrico. Los próximos meses serán determinantes, cuando casi se cumplen dos años del anuncio del proyecto, realizado en Gijón por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto con Lakshmi y Aditya Mittal.

En realidad, toda la industria asturiana cuenta con planes de descarbonización. DuPont, AZSA, las cementeras, las plantas agroalimentarias, Ence... Todas buscan cómo consumir menos energía y cambiar fuentes fósiles por otras más limpias, mientras los proyectos de hidrógeno verde se multiplican, encabezados por el de EdP para las centrales de Aboño y Soto de Ribera y HyDeal, que pasa por producir este vector energético en Castilla y León, para luego consumirlo en Asturias por parte de Arcelor y una nueva planta de amoniaco de Fertiberia. Y, mientras la siderúrgica y el resto del tejido industrial busca su reinvención, esta legislatura supuso también el fin de la producción básica de aluminio en Asturias. En junio de 2019, Alcoa pactó la venta de sus factorías de Avilés y de La Coruña al fondo suizo Parter con el apoyo del Gobierno, pero no de la plantilla, que ya no se fiaba de un proyecto que luego se demostró turbio. El Principado, en funciones, respaldó la operación por «lealtad institucional», pero pronto el plan empezó a hacer aguas. Parter vendió la factoría rebautizada como Alu Ibérica al Grupo Riesgo y llegaron los impagos hasta su cierre. La operación se encuentra bajo la lupa policial y judicial y la administración concursal llegó a definirla como «un expolio doloso y consciente».

Frente a este final, Duro Felguera, que arrastra una profunda crisis desde 2016, logró salvarse con el apoyo del Gobierno central, que le concedió una ayuda de 120 millones de euros, a los que el Principado añadió otros seis. Ahora espera la entrada de dos grupos mexicanos para consolidar su recuperación.

En definitiva, Asturias necesita ahora que se materialicen los proyectos previstos, como los energéticos o el del centro logístico de Amazon, anunciado en enero de 2021 y cuyas expectativas se han ido desinflando a medida que pasaba el tiempo, en una legislatura que acaba con más expectativas que con grandes ejecuciones.

Uno de los caballos de batalla de las elecciones es la fecha de puesta en servicio de la variante de Pajares, la infraestructura ferroviaria que acumula ya 18 promesas. La primera, en 2003, fue de Francisco Álvarez-Cascos, a la sazón ministro de Fomento, que aseguraba que la variante estaría en funcionamiento en 2010. Desde entonces, han ido haciendo promesas cargos autonómicos y nacionales del PSOE y del PP. Zapatero dijo en 2005 que se abriría en 2009. Areces, en 2008, que durante la legislatura que finalizaba en 2011. José Blanco, en 2010, que a finales de 2012. Trevín, en 2011, que en la primera mitad de 2013. Ana Pastor, en 2012, que a lo largo de 2014. Mariano Rajoy, en 2013, también que en 2014. Ana Pastor se desdijo en 2014 y la situó en 2015. Íñigo de la Serna, ya en 2016, dijo que no sería fácil abrirla en 2017; y en 2018 calificó de empeño personal de Rajoy que el AVE llegase a Asturias en 2020. Tras el cambio de Gobierno central, el socialista José Luis Ábalos dijo en 2018 que probablemente sería en 2021, y en 2020 se corrigió: entraría en servicio en 2022. La actual ministra, Raquel Sánchez, llegó en 2021 situando en el primer trimestre de 2023 la apertura dos veces, en 2021 y en 2022. En junio de 2022 fue Adrián Barbón quien indicó que este mes de mayo entraría en funcionamiento, mientras que en octubre Isabel Pardo de Vera fue más inconcreta y habló del primer semestre. En enero de 2023 la delegada del Gobierno ya dijo que no se atrevía a asegurar que sería en mayo, y hace unos días el ministerio ya situó a finales de este año o principios del que viene la apertura. Más en el entorno de las elecciones generales que en el de las actuales autonómicas.

¿Es justo achacar al Principado los retrasos? La obra es estatal, sí, pero es indudable que un Gobierno autonómico tiene que ejercer sus contactos, su influencia y su presión en el nacional cuando la obra se desarrolla en su territorio o afecta a la región de alguna manera. Pero es que, además, en el documento electoral '400 medidas para la mejor Asturias' de la Federación Socialista Asturiana para los comicios de mayo de 2019, se incluía el siguiente compromiso, en el número 314: 'Culminación de las obras de la Variante de Pajares en 2020 y puesta en servicio en 2021 del tráfico mixto, de pasajeros y cercanías, con alta velocidad ferroviaria'.

Por cierto, el compromiso 315 reza así: 'Impulsaremos el Plan de Vías de Gijón y, en concreto, la Estación Intermodal de Viajeros -en cuyo marco se abordará por el Principado de Asturias la estación de autobuses'.

En verano de 2019 Feve se sumió en la que era su quinta crisis de cancelaciones masivas en tres años. La compañía carecía de unidades para atender la programación y los viajeros se quedaban en las estaciones sin tener noticia de cuándo pasaría el siguiente tren. Las supresiones masivas aparecían como un problema recurrente. Cuando no eran los aguaceros, era que la catenaria se congelaba o que el aire acondicionado no estaba cargado en las unidades. Adrián Barbón, que entonces estrenaba la Presidencia, consideró que «esto no es una maldición bíblica que nos toca asumir sin más, son muchos años en los que el Gobierno no ha invertía un euro en nuestros ferrocarriles y al problema se le da la vuelta invirtiendo». Su primera visita institucional, acompañado del vicepresidente Juan Cofiño, fue para reunirse con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y reclamar un plan de choque, además de la compra de trenes de segunda mano para reforzar la flota.

El plan de choque se cumplió, con una nueva gestión de los talleres y la compra de repuestos que redujo las supresiones, sin terminar con ellas. La compra de trenes de segunda mano fracasó, pues las que se habían sondeado en las Islas Baleares acabaron adquiridas por un gobierno africano. Del Plan de Cercanías 2017-2025 lo que hubo fue mucho proyecto en estudio y redacción, y las primeras actuaciones de importancia en licitación a lo largo de 2022, con un presupuesto de más de 200 millones. Se trataba entre otras de la renovación integral de Gijón-Laviana, Colloto-Infiesto y mejoras en Infiesto-Cabezón de la Sal, además de la superestructura del soterramiento de Langreo. Obras que fueron saliendo al ralentí, tropezando con problemas y que resultaban insuficientes para aprovechar los presupuestos aprobados por las Cortes y cumplir los plazos del Plan 2017-2025.

Sin embargo el punto de inflexión lo marcó el fiasco ferroviario, un escándalo destapado por EL COMERCIO el 24 de enero de este año. Tal y como desveló este periódico, el contrato que Renfe adjudicó a mediados de 2020 para renovar parte de la flota de Feve seguía bloqueado, sin un diseño válido, por una discusión sobre el tamaño de las unidades y el gálibo de los túneles. La indignación que levantó el caso provocó la dimisión del presidente de Renfe y la secretaria de Estado de Transportes y el compromiso firmado por la ministra de que Asturias y Cantabria tendrán abonos gratuitos de cercanías al menos hasta el año 2026, renovación completa de la flota de ancho métrico, planes de cercanías actualizados y un comisionado que supervise su ejecución. El asunto ya ha dado para varios cruces de acusaciones entre PSOE y PP durante esta campaña.

Ambas sociedades de promoción de suelo comenzaron la legislatura en quiebra técnica, nula actividad y más dudas que certezas sobre su futuro. Con ambas el Principado ha ido a una refundación que, en esencia, supone capitalizar la deuda para eliminarla del balance de las empresas, ampliando el control de la administración regional sobre las sociedades y asumiendo que los fondos que había trasferido en forma de préstamo no se cobrarán como devolución. Tocará esperar a la venta de suelos para recuperar parte de ellos.

En el caso de Bobes (Siero), promovido por Sogepsa, el aldabonazo -y los roces entre PSOE y Podemos- llegó con Amazon, multinacional que tras años de silente negociación se decantó por implantar su segunda planta más grande de España, como avanzó EL COMERCIO en enero de 2021. En la ZALIA una ley aprobada por la Junta General permitió capitalizar la deuda y dar entrada a Sepides, para que financie las obras de la subestación eléctrica. Además, en abril se abrió al tráfico el primer acceso del polígono, después de cinco años de obras.

EN ESTA INFORMACIÓN HAN COLABORADO: RAMÓN MUÑIZ Y NOELIA ERAUSQUIN

GRÁFICOS: SUSANA GARCÍA COYA