«Ocurre más a menudo de lo que pensamos»

Antes que en el gerente, el presidente, los mandos intermedios de Emulsa o el propio capataz que presuntamente acosó sexualmente durante años a sus compañeras, las asociaciones de mujeres piensan en ellas. En las víctimas -se desconoce la cifra- que según la investigación realizada internamente tuvieron que soportar «rozamientos y contacto físico innecesario», además de «gestos obscenos y comentarios e invitaciones libidinosos».

Recuerda la directora general de igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Goretti Avello, que ellas y «cualquier mujer que sufra cualquier situación de acoso sexual o por razón de sexo tiene a su disposición el Centro Asesor de la Mujer», y muestra su «absoluta condena» a unos hechos cuya gravedad es «aún mayor cuando se trata de situaciones sostenidas en el tiempo y contra varias trabajadoras».

Les Comadres «queremos saber toda la historia y nos parece impresentable que ningún sindicato, ningún compañero ni nadie se haya dado cuenta de lo que pasaba ni lo haya denunciado, porque la que menos culpa tiene es siempre a la que acosan», señala por su parte Begoña Piñero, quien considera que «hay muchas responsabilidades repartidas» e insta a «acabar con esta impunidad».

En la misma línea, Blanca Aranda, de la Asociación de Mujeres Progresistas, considera «increíble que esto haya sucedido durante años y salga ahora. Si se taparon unos a otros es una vergüenza». «Sabemos de sobra que denunciar un abuso es difícil, y si encima tu puesto de trabajo depende de ello, más aún. La jerarquía y el poder mandan, hay un doble delito», reflexiona. Por un lado, las víctimas «sufrieron acoso hacia su persona e integridad», pero además «creyendo que su puesto estaba en peligro porque un mando las coacciona», lo que generó «una situación de indefensión total y un daño irreparable». Reclama, como hacen el resto de entidades, una investigación que detecte «las fisuras, quién sabía, quién no, y quién tapó a quién».

Hay otra cuestión sobre la que alertan tanto Aranda como Aridane Cuevas, de Mil Voces Violentas y presidenta del Conseyu de la Mocedá, y Natalia Montes, al frente de Mujeres Jóvenes de Asturias. Y es que «hay más casos así de lo que pensamos, esto es la punta de un iceberg». Cuevas considera que «estas situaciones aún están invisibilizadas en las empresas» pero ve positivo que salgan a la luz porque, igual que en los casos de violencia de género, demuestra «mayor sensibilidad». Y Montes apunta que «el que se tarde tanto en detectar un caso así en una empresa aparentemente puntera en igualdad indica que algo falla en los protocolos, que no son realmente efectivos y que la etiqueta de igualdad no basta».

Jessica Castaño, de la Plataforma Feminista 8-M y presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Asturias considera claro que «hubo encubrimiento» y se pregunta, como todas, «¿por qué esto no se hizo público antes?». Pide «apartar temporalmente a todos los involucrados hasta que esto se resuelva» y asegura que desde los colectivos que representa «no entendemos la posición que tomó el consejo, no entendemos que no se destituya al gerente, al jefe de recursos humanos... estamos muy enfadadas y desilusionadas».

«Nos preocupa el resarcimiento a las víctimas porque no lo hay, lo único que puede haber ahora son garantías para que denuncien sin coacción», considera. Todas ellas reclaman una investigación exhaustiva que esclarezca unos hechos que el Consejo de Mujeres debatirá el lunes, a las 19 horas, en una convocatoria extraordinaria.

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