«Fueron siete años de infierno: perdimos una vivienda y también nuestra salud»

En su vida personal, durante años careció de lavadora y lavó a mano. «Trabajé como una auténtica negra. No sé lo que es ir de vacaciones. Ahorrábamos y vivíamos lo más justo posible para darles un futuro a nuestros dos hijos. No somos ricos. Somos un matrimonio de más de ochenta años, venido de León, y que tenemos este piso y en el que vivimos. Pensaba que me iba a morir sin recuperarlo», describe casi entre lágrimas la esposa de Salvador. Él la abraza tras asentir cada palabra que dice su mujer.

Es la dura realidad de la 'inquiokupación' que cada día se da más y que perjudica tanto a propietarios, por los daños que acarrea tanto económicos como de salud mental, como a los inquilinos que pagan la desconfianza generada entre los arrendadores, pues este fenómeno impune es una de las causas de la subida de precios de los pisos de alquiler y de la falta de oferta.

Salvador y su esposa no olvidarán julio de 2025. «Han sido siete años de auténtico calvario. Más de seis, judicializados», expresa Salvador tras recuperar su propiedad. El matrimonio, de 81 y 85 años, ha logrado finalmente recuperar su vivienda, en un proceso que refleja las graves consecuencias de las medidas extraordinarias dictadas por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y la problemática de la 'inquiokupación'.

«Al ver el aspecto de la vivienda el mundo se me cayó encima», afirma la propietaria. Su hija temía por la salud de la madre. «No dormía, tenía la tensión altísima. Le han quitado años de vida, de disfrutar con su familia, con sus nietos. Todo por ser buenos y confiados», explica.

Así empieza la 'inquiokupación' en la mayoría de los casos. En el suyo, la inquilina solo les pagó siete meses. Tras eso, les pidió tiempo, y ellos se lo dieron. Cuando superó el año le reclamaron el pago. Entonces «nos enteramos que decía que se iba a declarar vulnerable y que de ahí no la iba a echar nadie. ¿Cómo te enfrentas a eso? No estábamos preparados y no teníamos conocimiento de qué podíamos hacer», subraya Salvador, quien tuvo que «buscar ayuda y pagar un abogado. Por suerte, conocí la existencia de la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica, en Asturias. Acudíamos a las reuniones para informarnos y, sobre todo, para hacer terapia». La renta no era alta, de 450 euros. Cerca de siete años de alquiler impagado, facturas de luz y todos los desperfectos que deben arreglar les llevan a estimar en más de 14.000 euros las pérdidas sufridas.

Lloraron al entrar en el piso, pero sus lágrimas eran una mezcla de alegría por recuperar su propiedad y haber ganado algo «que es totalmente injusto. No se puede permitir que te quiten lo que es tuyo. Yo no quiero que nadie se quede en la calle, pero no pueden aprovecharse de las leyes y que te quiten tu vivienda», afirma. «Es que es un auténtico basurero. No sé ni por dónde vamos a empezar a limpiar. El parqué está levantado y quemado. Los colchones, destrozados. La cocina es un campo de batalla. Está media casa quemada. No han muerto o provocado algo en el edificio de milagro porque se ve que han quemado cada estancia. Es todo mugre, suciedad, cristales, no entendemos cómo podían vivir así», dice Salvador, que nunca perdió la fe y «luché y luché por lo que es mío».

Desde el inicio del conflicto el matrimonio tuvo claro que no iba a renunciar a la propiedad. Se reunieron con políticos, solicitaron el apoyo del Ayuntamiento e incluso protagonizaron una protesta en la plaza Mayor. Sin embargo, el proceso judicial y las medidas de protección extraordinarias que suspendieron los desahucios en situaciones de vulnerabilidad prolongaron la situación. Queda pendiente ahora la hipotética compensación, «que no cubrirá ni el coste económico ni todos los daños. El Gobierno carece de personal y recursos para gestionar las indemnizaciones ya que la financiación debe adelantarse desde el Principado, cuyo presupuesto es limitado. Hemos recuperado el piso, pero hay miles de afectados. Esto no debería pasarle a nadie. Los políticos tienen que poner remedio urgente», denuncia.