Los problemas legales de subir fotos de tus hijos a las redes

El valor de la privacidad en pleno apogeo de las redes sociales parece estar desvaneciéndose. Es difícil encontrar a alguien que no tenga una cuenta en estas plataformas. De hecho, según los datos desvelados en el estudio 'Digital 2020 Global Digital Overview', en enero de este año Facebook contaba con casi 2.500 millones de usuarios activos; Instagram, con 1.000 millones; y Tik Tok —la plataforma por excelencia de los más jóvenes—, con 800 millones, aunque con toda certeza, estos datos crecen notablemente mes a mes. En total, en las redes sociales hay más de 3.800 millones de cuentas, es decir, alrededor del 50 por ciento de la población mundial. Además, el número de imágenes que se suben a Internet cada día es colosal y una vez en la nube, es complejo hacer que desaparezcan. Por eso, cada vez más padres se preocupan por la intimidad de sus hijos y algunos han determinado que no aparezcan fotos de los menores en Internet.

No obstante, en ocasiones las fotografías de los más pequeños llegan a la red a través de terceras personas o, incluso, de uno de los progenitores pese a que el otro esté en desacuerdo. Cuando esto ocurre, existe una vía legal para tramitar la eliminación de las imágenes en las que aparezca el niño. Ángela Fernández Carrero, del despacho de abogados gijonés Luis Pérez y Asociados Abogados, explica que para poder subir fotos de menores a las redes es necesario tener el consentimiento de los dos padres. «Cuando hay una separación entre los progenitores, es necesario el consentimiento de ambos porque los dos son los titulares de la patria potestad, independientemente de que la guarda y custodia la tenga uno u otro», explica. De no ser así, se podría estar atacando a tres derechos fundamentales del niño: al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

Si ambos progenitores están de acuerdo sobre la posibilidad de que el menor aparezca en Internet o no, la abogada recomienda dejarlo claro en el convenio regulador de la separación o divorcio. «Es una forma de ahorrarse el juicio porque si después de la separación o divorcio se manifiesta este desacuerdo hay que ir al denominado procedimiento de jurisdicción voluntaria, que se realiza en el juzgado por la vía civil y en el que interviene el Ministerio Fiscal al ser objeto la protección del menor», añade Fernández Carrero. Una vez decidido que no pueden subirse fotos del niño a las redes, cada padre debe controlar que sus familiares o amigos cumplan esa prohibición.

No obstante, en el juzgado no siempre dan la razón al progenitor que inicia el trámite. «Generalmente se da la razón cuando es un tema nuevo, es decir, si se cuelgan las primeras imágenes del menor y en ningún momento habían hablado de subir fotos a las redes sociales. Ahora bien, el juez puede no dar la razón cuando se utiliza al menor como moneda de cambio: si cuando estaban juntos se subían fotos y nadie se opuso, pero se muestra la disconformidad tras el divorcio», esclarece Fernández Carrero.

Por lo tanto, la resolución judicial suele ser favorable a eliminar y prohibir cualquier tipo de publicaciones relacionadas con el menor si se han constatado tres circunstancias: uno de los progenitores no ha otorgado la autorización, si no hay ningún antecedente de que en el convenio de separación o divorcio se haya indicado si se iban a poder publicar fotos y si tampoco estaba siendo una práctica habitual de los progenitores.

Lo que está claro es que, tras una separación, son ambos padres los que tienen que autorizarlo y por eso, el que sube imágenes sin el consentimiento del otro progenitor estaría cometiendo una irregularidad. «Lo que tiene que hacer el padre o la madre que no está de acuerdo es inmediatamente manifestarle su disconformidad al otro de manera fehaciente (por ejemplo, un burofax) pidiendo cese esa conducta o se iniciará el procedimiento ante el juzgado competente», apunta.

Pero si el padre o la madre continúa subiendo imágenes del menor, se puede presentar un escrito en formato de demanda ante el juzgado en el que radique el domicilio del menor, sin que sea necesario denunciar previamente la publicación en las redes sociales. «Para ello, hay que recoger todos los hechos e imágenes que se han publicado. Después hay que indicar que no se ha otorgado el consentimiento del padre que reclama que se cese en esta conducta. Más tarde, hay una vista oral en la que intervienen el juez, las partes y el Ministerio Fiscal. Es ahí donde se dirimen las imágenes que se han subido. No importa el contenido, basta con que se aprecie la cara del menor porque ya se estaría cometiendo una intromisión en su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen», explica la abogada.

Los conflictos más habituales por subir imágenes de menores en las redes sociales son los desatados a raíz del desacuerdo de ambos progenitores; sin embargo, no son los únicos. También se puede dar el caso de que el hijo reclame a sus padres por haber subido fotos suyas cuando era menor de edad. Este supuesto es poco habitual, quizás en parte por la relativa juventud de las redes sociales, pero está por ver si este número aumenta dentro de unos años, cuando los niños crezcan y revisen las publicaciones de sus padres.

Este caso también supone un trámite civil por en el que se reclama el derecho al honor, intimidad y a la propia imagen. El reglamento actual de protección de datos marca la edad de consentimiento para el tratamiento de datos a partir de los 16 años, que es cuando el menor puede abrirse una cuenta en las redes sociales. Por lo tanto, si ese adolescente no quiere que permanezca en Internet una foto en la que aparece, puede denunciar, igual que puede hacerlo un adulto.

Trasladado el supuesto a los y las 'influencers' que publicitan productos utilizando imágenes de sus hijos, Fernández Carrero considera que el descendiente —cuando sea adulto— podría reclamar a sus progenitores parte de los beneficios generados. En estos casos se establece un límite de cuatro años para iniciar esta reclamación desde que el hijo tiene constancia de las imágenes —suele ser al cumplir la mayoría de edad— y acarrearía cantidad económica en base a paliar el daño moral que pudo cometer el padre o la madre. No obstante, en España no han trascendido este tipo de casos.

Por último, una tercera persona, o incluso la Fiscalía, puede actuar ante casos más extremos que supongan un delito, como ocurrió recientemente en Estados Unidos, donde una pareja de youtubers perdió la custodia de dos de sus cinco hijos debido a las bromas pesadas a las que los sometían. «Cualquier ciudadano, sea familiar o no, puede denunciar por la vía penal cuando las imágenes tienen un contenido delictivo. En este caso no sería para prohibir las fotos de ese menor en las redes, sino para investigar posibles delitos», señala Fernández Carrero.  

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