Un gran número de asturianos se ha interesado ya por la posible devolución de las multas en el confinamiento

El Gobierno central precisó ayer que de la sentencia del Tribunal Constitucional que considera inconstitucional el primer estado de alarma «de momento solo se conoce el fallo, no la sentencia completa, que tardará unas semanas en salir». Esto deja en suspenso la decisión sobre lo que ocurrirá con la resolución de unas 20.000 multas en Asturias y aproximadamente 1,2 millones de sanciones a nivel nacional, toda vez que el Ejecutivo, según informa la Delegación del Gobierno en Asturias, indicó ayer que «una vez salga la sentencia completa y se estudie sabremos claro si hay que devolver sanciones pagadas, si se anulan o no las tramitadas y los procedimientos que se pondrán en marcha para cumplir la sentencia». El anuncio del Tribunal Constitucional del miércoles suscitó ayer, por otra parte, un gran interés y numerosas consultas de asturianos a las administraciones y a sus abogados sobre cómo y cuándo se podrán impugnar las multas.

En Asturias, la Delegación del Gobierno ya ingresó casi 400.000 euros en concepto de sanciones impuestas por incumplimiento de lo establecido en el Real Decreto de 14 de marzo de 2020, el que declaraba el primer estado de alarma en el país debido a la pandemia de coronavirus y que ahora se ha calificado desde el Tribunal Constitucional de ilegal. Esos 400.000 euros, con todo, serían una cifra muy inferior a la que resultaría del total de 19.918 denuncias registradas en la región en el periodo en el que estaba en vigor la excepcionalidad jurídica, en el caso de cobrarse

Del total de denuncias, «la inmensa mayoría» han sido remitidas al Principado. De las 19.918 recibidas, 15.421 correspondían a la gestión de la Administración regional. «Con las sanciones hubo un problema: en los tres primeros meses del estado de alarma parecía que todas las sanciones nos correspondía a nosotros tramitarlas. Pero los tribunales dijeron que no, que pese al estado de alarma y que el Estado asumió la potestad normativa, la ejecución de muchas materias seguía en manos de las comunidades. Como la sanitaria».

En su momento, la delegada del Gobierno, Delia Losa, explicó que «nosotros solo teníamos competencia para gestionar las que, claramente, estaban relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana». Por ejemplo, «la desobediencia a la autoridad o saltarse las órdenes de confinamiento. Esas son nuestras, pero todas las relativas al uso de la mascarilla son del Principado».

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