El juicio de Villa, pendiente del examen forense

El juicio contra José Ángel Villa está en manos de los forenses que esta mañana realizaron el examen médico al que fue sometido el ex secretario general del SOMA-Fitag-UGT. Este informe determinará si el ex sindicalista está en condiciones de afrontar el juicio contra él por apropiación indebida de más de 400.000 de fondos del sindicto minero, un juicio que arranca pasado mañana.

Fernández Villa acudió este mediodía a la Audiencia Provincial para someterse al examen médico ordenado por la presidenta de la sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que se encargará de enjuiciar el caso, María Luisa Barro. Con este nuevo recoonocimiento, el tribunal quiere determinar si el ex líder minero está en condiciones de afrontar el juicio. El ex secretario general del SOMA llegó a la Audiencia a mediodía en un taxi en el que le acompañaba su esposa, María Jesús. En sede judicial le esperaban la procuradora Laura Mijjares y una abogada del despacho de Ana García Boto, que representa a Villa en este proceso. La letrada no se dejó ver a la llegada del ex dirigente sindical, les esperaba en el interior de las dependencias judiciales.

Como ya ocurriera en las anteriores citaciones, Villa bajó del taxi apoyado del brazo de su esposa. Con un paso muy lento, exhibió una apariencia deteriorada, como ya hiciera el año pasado, cuando acudió al juzgado a declarar en el marco de la 'operacion Hulla', la causa abierta por un presunto desfalco en el Montepío de la Minería. Con el pelo blanco, con más canas que nunca, y afeitado, no como en la anterior ocasión, Villa entró en la sede de la Audiencia para someterse al examen médico, realizado por los medicos forenses. El resultado del mismo servirá al tribunal para determinar si el ex secretario general del SOMA y ex senador por el PSOE está en disposición de afrontar el juicio que contra él y contra el ex secretario del instituto Infide -vinculado al sindicato minero-, Pedro Castillejo, está fijado para mañana y que se prolongará hasta el 5 de julio.

Este es el tercer examen médico al que es sometido Fernández Villa desde que se abrió la investigación. En el primero, realizado en enero de 2016, la forense Elsita Fernández determinó que la salud de Villa le impedía declarar ante la jueza Simonete Quelle, que fue la que llevó la instrucción del caso. Sin embargo, en marzo pasado, otro examen, en este caso realizado por la directora del Intituto de Medicina Legal, Antonia Martínez, concluyó que el ex sindicalista sí estaba en condiciones de afrontar el proceso.

La causa contra Fernández Villa comenzó en en octubre de 2010, cuando el SOMA presentó una demanda contra su exsecretario general por apropiación indebida. En concreto, el SOMA le acusaba de haber ingresado a su patrimonio personal de 360.000 euros entre 1989 y 2012. La jjueza instructora, Simonet Quelle, elevó hasta los 430.000 euros esa cantidad. En su auto, la magistrada daba por probado que Fernández Villa había ingresado a su patrimonio el dinero correspondiente a las dietas del comité intercentros de Hunosa, una cantidad que fue cifrada en 243.462 euros. También cree probado el auto de instrucción que Villa cargó gastos personales, como perfúmenes, puros, libros, discos, prendas de vestir o productos de bella, a las tarjetas del SOM. En total, estos cargos superarían los 73.000 euros. Simonet Quelle también apreció indicios de delito en la adquisición dos coches con cargo al SOMA: un Mitsubishi Monter, en 2001, valorado en 33.520 euros, y otro similar en 2006 y cuyo coste due de 41.891 euros, aunque parte del precio de este último se abonó con el coche nterior, valorado en 14.000 euros. En las cuentas de Villa se ingresaron, en este último caaso, 777,78 euros. Es decirf, 52.111,26 euros, 24.220 euros más que el precio del vehículo. En total, la jueza estima en más de 430.000 euros la cantidad que Villa menoscabó del SOMA.

También está encausado en este proceso el secretario del Infide, Pedro Castillejo. A él, la jueza Simonet Quelle le acusa de haber incorporado a su patrimonio más de 119.434 euros entre 2004 y 2013.

El juicio contra Villa y Castillejo había quedado fijjado inicialmente para el mes de marzo. Sin embargo, se decretó un aplazamiento con el fin de que los peritos pudieran elaborar sus informes. El Tribunal fijó posteriormente el inicio del juicio para el 27 de junio. Contará con seis jornadas y quedará visto para sentencia el 5 de julio. Su celebración dependerá ahora de lo que determine el tribunal tras el examen forense al que este mediodía fue sometido.

Si los exámenes son favorables, Villa podrá declarar en el juicio que comienza en dos días. El sindicato que lideró durante más de treinta años le acusa de un delito continuado de apropiación indebida y le reclama la devolución de 434.158 euros que, supuestamente, se habría adjudicado o habría gastado de forma injustificada durante su etapa al frente de la organización sindical.

Villa, a sus 75 años, se enfrenta a una petición de cárcel de cinco años por parte de la Fiscalía del Principado, aunque la acusación la eleva a seis. No estará solo en el banquillo. Pedro Castillejo, el que fuera máximo responsable del Infide –fundación dependiente del mismo sindicato– también ha sido acusado de adueñarse de forma ilícita de otros 119.434 euros. Para él la petición de penas de cárcel oscila entre los tres años de la Fiscalía y los cinco de la acusación.

Tras el escándalo que supuso conocer en octubre de 2014 que el exlíder sindical se había acogido a la amnistía fiscal para regularizar 1,2 millones de euros de dudosa procedencia, la actual dirección del sindicato minero, encabezada por José Luis Alperi, revisó con lupa sus cuentas. Una auditoría encargada a una empresa externa hizo aflorar importantes desajustes económicos en la histórica organización que, muchos coinciden, Villa llegó a convertir en su propio cortijo. «Era el jefe, el amo», declaró en sede judicial una de sus secretarias. En septiembre de 2015 el sindicato, asesorado por el bufete Ontier, interpuso una querella contra Villa y Castillejo para reclamarles hasta el último euro. Y, tras más de dos años de compleja instrucción, está previsto que el próximo miércoles comience el juicio oral.

Lo hará con el testimonio de los médicos forenses que le exploraron en enero de 2016, y que entendieron que no se encontraba en condiciones de declarar, así como de los neurólogos que le tratan o trataron en el HUCA. La Audiencia Provincial atendió la solicitud realizada por la defensa del exsecretario general del SOMA-UGT de modificar el calendario previsto inicialmente, que reservaba para la primera jornada del juicio el interrogatorio de los acusados, y dejaba para la última sesión la declaración de los peritos médicos. La abogada de Villa, Ana García Boto, pretende demostrar el primer día del juicio que la demencia que tiene diagnosticada su cliente le impide ser enjuiciado. La estrategia pasa precisamente por conseguir el sobreseimiento de la causa por enfermedad mental sobrevenida del exlíder sindical antes incluso de que Villa y el otro acusado, Pedro Castillejo, se enfrenten a sus respectivas declaraciones, que se han trasladado previsiblemente a la segunda jornada, el jueves 28.

Pero la acusación, que ejerce el SOMA, no se va a quedar atrás, por lo que también ha solicitado que se adelante la pericial médica del neurólogo Alfredo Robles, quien, en fase de instrucción, exploró al exsindicalista en su domicilio y resolvió que «exageraba» conscientemente sus trastornos y que sí tenía capacidad para declarar. Y el mes de marzo, dos médicas forenses del Instituto de Medicina Legal exploraron al exsindicalista y resolvieron que estaba en condiciones de enfrentarse a un interrogatorio. A partir del viernes, 29 de junio y hasta el 3 de julio, están citados una treintena de testigos, principalmente relacionados con el sindicato minero, varios peritos económicos y un experto en caligrafía.

El juicio estaba señalado inicialmente para el pasado mes de marzo pero, unos días antes de que comenzara, la Audiencia Provincial aceptó la petición de las defensas para suspenderlo y posponerlo hasta ahora con el objeto de dar tiempo material a los peritos económicos a analizar la contabilidad del sindicato. Una documentación a la que no habían tenido acceso durante la instrucción del caso y que, tras numerosos recursos, finalmente fue concedida por la sala que preside María Luisa Barrio Bernardo-Rúa.

Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Durante la fase de instrucción la abogada del exsindicalista trató por todos los medios de evitar que su cliente acudiera a declarar aduciendo que no se encontraba en condiciones físicas ni mentales para hacerlo. Pasaron catorce meses desde su primera citación hasta que finalmente –bajo amenaza de detención y después de que un experto en demencias resolviera que «exageraba» conscientemente sus trastornos– en marzo del año pasado hiciera el incómodo paseíllo hasta el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, donde respondió únicamente a preguntas de su letrada. Demostró entonces, sin embargo, que conserva la memoria y que está en condiciones de defenderse, hasta el punto de que dirigió la responsabilidad del descontrol contable a algunos de sus excolaboradores.

La defensa de Villa ha presentado todo tipo de recursos para tratar de paralizar el proceso con variados argumentos jurídicos. Además de la enfermedad, también argumentó prescripción de los delitos y defectos de forma, pero todos fueron rechazados por la jueza instructora, Simonet Quelle Coto, y la mayoría en segunda instancia por la Audiencia Provincial.

Ana García Boto alega, además, que todas las cuentas bancarias del SOMA «tenían facultades de disposición mancomunadas de diferentes personas» con lo que, argumenta, «de ser ciertos los hechos inexcusablemente deberían de haber participado en los mismos como coautores, cómplices o encubridores». Mantiene que «todos los gastos» de Villa «se han practicado en el ejercicio de sus funciones sindicales» y recuerda que las cuentas se aprobaron año tras año sin que nadie pusiera «ningún reparo a sus gastos de representación».

La línea de defensa de Pedro Castillejo es similar. El letrado Alfredo García López rechaza cualquier competencia de su cliente en el ámbito económico-contable de la fundación Infide y apunta directamente al contable, Juan Cigales, como único responsable de estas tareas. Le atribuye, además, una gestión «caótica» que se «oculta» a los patronos. El abogado aduce en su escrito de defensa que «el grueso» de la querella se sustenta en un informe pericial elaborado por encargo del sindicato minero en el que, dice, queda ratificada la falta de control en la contabilidad y de justificación en las salidas de caja efectuadas, no solo por su cliente, sino por otras personas. Sin embargo, se queja de que a Castillejo, pese a su labor, no se le reconoce como gasto justificado «ni un solo céntimo para nada». El miércoles comienza el juicio.