El PSOE quiere una transición «justa»

La transición ecológica de la economía que propugna el PSOE será «justa» y «garantizará empleo y bienestar a todos los trabajadores de todos los sectores productivos». En particular, en el ámbito específico de la transición energética, dará prioridad «a la superación del injustificado abandono de los habitantes de las comarcas mineras, víctimas de una política energética errática que ha favorecido hasta ahora la importación de carbón en lugar de promover el uso del carbón nacional, incumpliendo el hueco térmico incluido en el Marco de Actuación acordado, que no ha aplicado con eficacia los fondos públicos destinados a la reindustrialización de estas comarcas, incluyendo la investigación y el desarrollo de tecnologías de combustión de carbón limpio, de captura y secuestro de CO2 y de impulso al uso energético de la biomasa forestal de estas comarcas». Se trata de una de las resoluciones del 39 Congreso socialista, celebrado justo hace un año, y del que el ahora presidente del Gobierno salió elegido secretario general.

La transición energética será uno de los mayores retos de Pedro Sánchez, que ya ha abogado por un cierre paulatino de las centrales térmicas y ha calmado los ánimos asegurando que su Gobierno no abandonará las comarcas mineras. En un acto celebrado en Oviedo el pasado mes de marzo, reclamó un pacto por la energía en España que, entre otras cosas, suponga garantizar la autonomía y «considerar el carbón como reserva estratégica». En otro momento de su intervención, aseguró que «cualquier cierre de la actividad energética que se produzca en cualquier lugar de nuestro país tiene que venir precedido de un acuerdo entre el Gobierno de España, los trabajadores, la empresa y las administraciones más próximas, es decir se tiene que propiciar una transición justa, con recursos económicos para que esa transición no signifique cerrar puertas a comarcas enteras».

No obstante, la elección de Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica -ya solo el novedoso nombre de la cartera ministerial dice bastante-, una firme defensora del fin del combustible fósil y el impulso de las renovables como fuente de generación eléctrica, ha generado preocupación en las regiones que, como Asturias, son históricamente más dependientes de la industria del carbón.

El pasado viernes, Ribera afirmaba: «Creo que el carbón tiene poco futuro». Antes, en las redes sociales, decía también que «la transición energética debe ser un proyecto de país, gestionando desde la solidaridad las cuestiones comarcales. Pero sin que las cuestiones locales hipotequen el proyecto de futuro para el país». La clave estará en los tiempos de esta transición energética: la nueva ministra parece ser favorable a un paso hacia la descarbonización más acelerado que el que defienden los gobiernos de Asturias, Aragón o Castilla-León.

Abierto a las propuestas

El pasado 20 de marzo, el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (Capte), impulsado por Ferraz y al frente del cual está la hoy ministra, hizo público el fruto de su trabajo: un documento titulado 'Propuesta de bases para una estrategia de transición energética', que viene a ser una hoja de ruta 'hacia una economía descarbonizada 2030-2050'. El cierre ordenado de las centrales térmicas de carbón antes de 2025; también el de las centrales nucleares a medida que vayan cumpliendo los 40 años de vida (la última los cumple en el año 2028) y la retribución «de forma adecuada y estable» a los excedentes de las instalaciones de autoconsumo son tres de las propuestas que incluye ese documento.

Ahora bien, no hay nada cerrado aún. Lo explica el asturiano Hugo Alfonso Morán, ex alcalde de Lena, miembro de la ejecutiva federal de Pedro Sánchez y del Consejo Asesor de la Transición Energética del partido. «Se trata de un análisis abierto al diálogo, a las aportaciones que quieran realizar asociaciones, colectivos, instituciones... A finales del mes de junio, se readaptará el documento con las aportaciones, se trasladará al comité ejecutivo federal del PSOE y se elaborará el plan energético».

El presidente de Asturias, Javier Fernández, que estuvo al frente de la gestora que dirigió el partido en el período de ausencia de Sánchez, ha pedido en diversas ocasiones que se actúe con prudencia y llegó a reclamar hace unos meses al líder nacional de la formación socialista que no tuviera en cuenta el citado documento sobre la transición ecológica de la economía al pedir el cierre de las centrales térmicas en 2025.

Los sindicatos asturianos han salido siempre en defensa de la minería del carbón. El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, evita pronunciarse sobre el nombramiento de la nueva ministra. «No valoramos personas, valoramos políticas y hechos», dijo, para apuntar que el sindicato sigue confiando «en la sensibilidad de un Gobierno socialista, con un presidente que conoce la realidad de las comarcas mineras y de los sectores minero y energético, y en un PSOE cuya vicesecretaria general es asturiana (Adriana Lastra), y por tanto, profunda conocedora de las problemáticas de nuestra región».

Alperi recuerda que el SOMA no varía su planteamiento, independientemente de quién esté en el Gobierno, y que pasa por «la defensa del carbón autóctono, un mix energético diversificado y un pacto de Estado por la energía».

Damián Manzano, secretario de la Federación de Industria de CCOO, también quiere esperar a los «hechos», pero ya expresa su «preocupación» ante las opiniones públicas de Teresa Ribera que ha defendido «el abandono inmediato» del carbón en el mix energético. A Manzano le preocupa el mantenimiento de la actividad y el empleo de la minería, y también el «impacto tremendo» que el cierre de las térmicas tendría sobre el resto de la industria asturiana.