«No quiero ni sus apellidos»

Perdón. Como «acción de perdonar» define la Real Academia Española (RAE) al hecho de disculpar la falta, el daño o la afrenta sufrida. Pero, también añade otra acepción. Perdón es una gota de aceite o cera que cae ardiendo. Y quema. Y deja huella. Y es con ese perdón con el que se identifican los familiares de las mujeres asesinadas por la violencia machista. La gota de aceite o cera que cae ardiendo. Y quema. Y deja huella. Porque del otro, de la acción de disculpar la falta sufrida, ninguno quiere saber nada. «No hay perdón posible para lo que le hizo a mi madre», dice Cristian Prieto. «No hay perdón posible para lo que le hizo a mi hermana», afirman rotundos, sin conocerse ni compartir espacio, Francisco Dacuña y Graciela Fernández Borrego.

El primero es el hijo de Desirée Prieto. Y el único de los tres que comparte la faceta de hijo de víctima y víctima en sí mismo de la violencia machista. Porque su padre, José Manuel Suárez, no solo degolló a su madre aquel 13 de julio de 2006, sino que también lo cosió a él, un bebé de dos años, a puñaladas. Luego, se hizo unos cortes superficiales en la muñeca, como intento de suicidio. Hoy con los 18 años a la vista, Cristian solo tiene de su progenitor las cicatrices que le cruzan el pecho. «No quiero ni sus apellidos, que estoy en proceso de eliminar, ni nada que tenga que ver con él. Nunca me ha pedido perdón y, si ahora lo hiciera, no le creería. Lo que ha hecho durante todos estos años demuestra que no está arrepentido».

Se refiere Cristian a los pasos dados por el condenado a 25 años por el asesinato de su madre y a 19 por el intento de asesinato sobre él: impedir que su custodia pasara a Loli Prieto, madre de Desirée y abuela-madre de Cristian para que él no se beneficiara de la pensión de alimentos que le debe. «También intentó convencer a un juez de que yo quería verle»,

Lo dice en referencia a un extraño suceso ocurrido hace dos años. «Nos llamó un juez para decir que Cristian quería ponerse en contacto con su padre. Que había enviado una carta a la cárcel con una foto, en la que le escribía para que se vieran», explica Loli Prieto. La abuela-madre coraje logró desbaratar la mentira «la foto no era de Cristian ni, por supuesto, había mandado él ninguna carta. El juez habló con él y todo quedó aclarado».

Todo, en realidad, no. Aún no se sabe quién hizo llegar la carta a la cárcel de Mansilla de las Mulas donde cumple prisión Suárez, ni, sobre todo, como conocen la dirección de Cristian. Algo que al joven no le preocupa. «Hay familiares de él que viven en la calle de al lado. Cuando me los cruzo, bajan la mirada. Yo no tengo motivo para hacerlo. Ni para esconderme. No tengo miedo».

Algo que demuestra cada 25N. Cristian y su abuela «mi madre, para mí es mi madre», son rostros fijos en las concentraciones que organiza el Ayuntamiento de Gijón para reivindicar el fin de la violencia machista. No es raro que él o su abuela lean el nombre de alguna de las víctimas. «Porque tenemos que concienciar a la sociedad de que esto no puede seguir pasando. Que la violencia no tiene sentido», afirma.

Esta tarde, estará en la plaza Mayor de Gijón. Lo hace, insiste, «para concienciar a la sociedad» y, también, porque ve en ello «una forma de dar las gracias a todo lo que han hecho por mí y por mi abuela, por mi madre». Se refiere al Centro Asesora de la Mujer (CAM) y a la Oficina de Igualdad de Gijón. «Siempre hemos tenido al puerta abierta. Siempre nos han apoyado y facilitado las cosas. Nunca nos hemos sentido solos gracias a ellas».

Un apoyo que les sirve para evitar cualquier intento de lograr un permiso carcelario del asesino de su madre e hija y homicida fallecido del propio joven. Del que Cristian espera «que cumpla íntegra la pena». Está condenado a 22 años por matar a Desirée y a 19 por intentar hacerlo con su hijo. «Queremos que sean penas consecutivas» a las que se une, cuando concluya el periodo carcelario, los diez años de alejamiento a Cristian.

Unas cifras que al joven le parecen «cortas. Mató a mi madre, hizo que no la tuviera nunca, porque no la recuerdo, yo era un bebé cuando todo pasó y me la quitó». Nunca hace referencia a lo que él mismo sufrió. «No lo recuerdo, fue mi abuela, mi segunda madre, Loli, la que lo sufrió todo, la que me sacó adelante. Yo no necesito terapia, ella sí, porque ha sufrido mucho», asegura.

Tanto como que hasta el año pasado no logró «la tutela y custodia total de Cristian. No se fijó en la sentencia y hubo que pelear por ella», recuerda Loli, que vuelve a recordar el apoyo del CAM de Gijón. «Lo poco que tenemos, en concepto de ayudas a Cristian, es porque ellas nos han facilitado todos los trámites». El siguiente, en el que está embarcado Cristian, es en eliminar el Suárez de su DNI. «Yo soy Cristian Prieto, no quiero nada de ese individuo. Solo que cumpla la pena íntegra».

No está escuchando a Cristian, pero Francisco Dacuña clona esa frase. «Solo quiero que cumpla la pena íntegra. Y que le caiga la mayor posible». Francisco, Kiko, se dice persona fuerte, aunque reconoce que desde febrero de 2020 ha necesitado apoyo. «Sobre todo, mi mujer. Gracias al Centro Asesor de la Mujer (CAM) lo ha tenido. Nos ha hecho y nos hará mucha falta».

Porque Kiko Dacuña es el hermano de Lorena, la mujer de 41 años a la que José Manuel Sánchez acuchilló hasta la muerte en el piso que ella ocupaba en La Calzada. El ataque tuvo lugar en la madrugada del domingo 2 de febrero de 2020, pero el cuerpo sin vida no fue encontrado hasta la tarde del lunes 3, una vez que las compañeras de trabajo de Lorena advirtieran a la familia de que no había acudido a trabajar. Ni contestaba al teléfono.

«Fue un cobarde. En lo que hizo y en como lo hizo. Como cobarde fue el otro que marchó y no dijo nada», recuerda Kiko Dacuña. El 'otro' es un hombre de nacionalidad portuguesa que acompañó aquella madrugada a Lorena a su casa. Al llegar, le sorprendió el asalto de José Manuel Sánchez, que esperaba a la joven en el descansillo del domicilio. En lugar de socorrerla, huyó a la carrera. No avisó a la Policía de lo que estaba sucediendo y no compareció en Comisaría hasta que supo que le buscaban. «Es incomprensible. Para mí cometió delito de omisión de socorro».

Pero Dacuña tiene claro el objetivo: «Lograr Justicia para mi hermana. Que su asesino pague por el daño que le hizo a ella y a toda su familia». Un asesino que fue, durante un tiempo, parte de esa misma familia. Que hacía gala de lo mucho que quería a Lorena y de lo vital que era ella para él. Un peso que comenzó a ser excesivo para ella, quien rompió la relación en diciembre de 2019.

En una carta que el asesino tenía entre sus pertenencias, la propia Lorena le explicaba que «ya no puedo más», en una relación que se había vuelto obsesiva, con control total de él hacia ella, además de un consumo de cocaína del que ella era ajena y rechazaba. Como también rechazó denunciar cuando él comenzó a demostrar que el 'te quiero' era, en realidad, 'soy tu dueño' en forma de llamadas constantes y destrozos en el domicilio.

Y ese fue su error. La falta de denuncias no pusieron a José Manuel Sánchez en el foco del sistema de control de los delitos de violencia de género. Y él aprovechó el buen corazón de su expareja para matarla de catorce puñaladas. «Es terrible lo que le hizo. Sobre todo a una persona que tan bien se portó con él durante todo el tiempo».

El lamento de Kiko Dacuña se extiende al largo proceso judicial que supone atrapar y juzgar a un acusado de violencia machista. En el caso del asesino de su hermana, el cerco policial logró dar con el camarero días después del asesinato, pero el juicio «aún no ha llegado. Estamos a la espera».

Le tranquiliza, eso sí, el apoyo recibido «por el Centro Asesor de la Mujer (CAM) de Gijón». Con su orientación cuentan con abogada, Salomé Miranda, «que está trabajando muchísimo», y con asistencia psicológica. En septiembre pasado, el juzgado de Violencia sobre la Mujer decretó la apertura del juicio oral y dio traslado a la Sección Octava de la Audiencia Provincial para que ponga fecha a la vista oral.

Un jurado popular sí acepta las tesis de la Fiscalía, que solicita 20 años de prisión y diez más de libertad vigilada, la prohibición de residir en Asturias y el pago de 60.000 euros al hermano de la víctima al creer probado que José Manuel Sánchez mató a Lorena Dacuña de catorce cuchilladas y apreciar los agravantes de parentesco y desprecio de género. Unas penas que tanto la acusación particular, ejercida por la abogada Salomé Miranda, como la acusación popular, Abogadas para la Igualdad, elevan a 25 años.

Desde su detención, el asesino de Lorena Dacuña no se ha puesto en contacto con la familia de la víctima. «Y que no lo haga, porque sé que solo será un paripé. Sabemos que escribió una carta, pero solo lo hace para intentar una pena baja. Lo que le hizo a mi hermana no tiene perdón. Ningún perdón. Ella solo le trató bien. Y él, en respuesta, la asesinó. No tiene perdón».

Tampoco «tiene perdón» Javier Ledo para la familia de Paz Fernández Borrego. No solo porque ha sido condenado a 24 años de prisión -tanto por la Audiencia Provincial como por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) como por el Tribunal Supremo- por el asesinato de la gijonesa el 14 de febrero de 2018, sino por todo el daño causado a la imagen de la víctima como el viacrucis judicial para la familia.

«En nuestro caso, hemos vivido una auténtica tortura institucional. En menos de un año nos hemos enfrentado hasta en tres ocasiones al asesino y sus defensores en los tribunales y en tres ocasiones les hemos derrotado», asegura Graciela Fernández Borrego.

Recuerda ella que «primero ganamos en Gijón. Después nos tuvimos que movilizar tras el recurso del asesino ante el TSJA. Y, finalmente, ante otro recurso del asesino admitido a trámite en tiempo récord y de forma completamente escandalosa por el Supremo». Entiende que «la justicia del sistema no solo no ampara a las víctimas, sino que nos sigue machacando a las familias mientras ampara a los asesinos».

Para la familia de Paz Fernándeez Borrego, «la violencia institucional existe, es cruel y sin un ápice de empatía hacia los familiares de las víctimas. Porque, apunta, «aunque hoy parezca mentira, hay que recordar que ni Abogacía del Estado ni Fiscalía querían calificar el delito como un asesinato y fruto de la presión, en veinticuatro horas, tras la decisión unánime del jurado popular, les obligamos a ello».

El crimen de Paz Fernández Borrego llegó envuelto en una desaparición. La joven, madre de dos hijos, había acudido a Navia a ver a su pareja, Javier Ledo. Desde la tarde del 14 de febrero, no se supo más de ella, hasta que su cuerpo apareció, una semana después, en el embalse de Arbón.

A partir de ahí, el que siempre fue para la Guardia Civil principal sospechoso, Javier Ledo, encadenó historia tras historia para evitar ser condenado por asesinato e, incluso, porque este se considerara un crimen de violencia machista, negando relación alguna con la joven.

«Mi hermana era pura libertad en todas sus formas y colores, y por esa misma libertad la asesinaron. Amaba su vida tenía proyectos e ilusiones que le robaron pero su legado es imposible de olvidar, 'Justicia para Paz' ha creado un precedente histórico y jurídico», explica su hermana. Entiente Graciela Fernández Borrego que «la condena ejemplar de 24 años, arrancada a la justicia machista, fascista, clasista y patriarcal, ha sido fruto única y exclusivamente de las movilizaciones, de la unión y de la fuerza del pueblo. Mis infinitas gracias a todas las asociaciones feministas, sindicatos y organizaciones políticas de la izquierda que se unieron a la campaña 'Justicia para Paz' impulsada por Libres y Combativas. La unión hizo la fuerza y tras mucho esfuerzo vencimos».

Se muestra convencida de que aunque «la condena no repara el daño y mi hermana no vuelve, sí crea jurisprudencia para que en el futuro muchas mujeres asesinadas puedan tener la justicia que se merecen». Tras el apoyo recibido por las organizaciones feministras y sindicales, considera probado que «se puede derrotar a la justicia patriarcal». Una unión que califica como «único camino para acabar con esta lacra social y por eso lo vamos a continuar, por ella y por todas».

No obstante, no solo la unión y la presión de la que habla logrará cambiar las cosas. Para Graciela Fernández Borrego, «lo que hay que hacer es cuidar y proteger a las víctimas de violencia de género antes de que sean víctimas mortales y eso es lo que no se hace». Una aseveración que basa en que «si el asesino de mi hermana, que tenía numerosos antecedentes delictivos y por violencia machista, hubiese estado preso, ella hoy seguiría viva».

Por ello seguirá en su batalla contra la falta de medios para proteger a las víctimas y condenar a los agresores. «Después del asesinato solo nos queda la lucha y la movilización para canalizar el dolor, la rabia e impotencia que, tristemente, nos acompañarán el resto de nuestras vidas». Porque el perdón es una gota de aceite o cera que cae ardiendo. Y quema. Y deja huella.

• Temas
• Principado de Asturias
• Gijón
• Asturias
• 25N Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres