Nueva ley del aborto: las claves de la reforma que el Gobierno aprobará el martes

Más libertad para abortar en España, ahora también para las menores de 16 años. Las jóvenes de esta edad que lo deseen podrán interrumpir un embarazo sin tener que contar con el consentimiento de los padres. Esta es, sin duda, uno de las grandes novedades de la nueva ley del aborto, según el borrador que maneja el Gobierno y que el Ministerio de Igualdad confirma que el próximo martes irá al Consejo de Ministros.

Así lo hará si en los cinco días lectivos que quedan el Ministerio de Igualdad, que es el promotor de la norma, logra cerrar con el resto de ministerios socialistas implicados en la redacción un texto final, que aún no existe, ya que todavía quedan «puntos centrales» de la nueva regulación en negociación, según confirmaron fuentes gubernamentales.

Las embarazadas de 16 y 17 años ya no precisarán de permiso paterno para poder abortar. La idea con que se trabaja es que cualquier mujer mayor de 16 años será la única que decida qué hace con su cuerpo y su embarazo y que, si opta por un aborto, lo tenga garantizado en un centro público, cerca de donde reside y eligiendo el método más apropiado. Se creará, por tanto, un permiso remunerado prenatal que podrá utilizar cualquier embarazada a partir de la semana 36 y hasta el parto. Este permiso hará que ya no sea necesario que el médico certifique un embarazo de riesgo para poder descansar las últimas semanas. No afectará a las 16 semanas de permiso maternal, que quedan intactas.

La ley regulará la el derecho a la salud menstrual, contemplando bajas de hasta tres días por reglas dolorosas.

El derecho de los médicos «se respetará escrupulosamente», pero «nunca podrá ser un impedimento al libre ejercicio del derecho de las mujeres». Con la ley vigente, la objeción la pueden ejercer todos los profesionales sanitarios de áreas directamente implicadas en la realización de una interrupción del embarazo y, al menos sobre el papel, deben hacerlo por escrito y por anticipado. Ahora, además, deberán comunicar la objeción a un registro autonómico para que las autoridades sanitarias puedan organizar los servicios de ginecología y asegurarse que siempre hay un especialista que hace abortos.

La nueva ley tiene previsto bajar el IVA del 10% de los productos de salud menstrual. Eso incluye pañales para niños. También está previsto promocionar «anticonceptivos modernos» en un sistema de copago.

Otra medida será la regulación y el impulso del aborto farmacológico, el que no requiere intervención quirúrgica. Un método infrautilizado en España (el 85% son operaciones), que, por su sencillez, permitiría extender el servicio a la atención ambulatoria.

La nueva ley garantizará interrupciones voluntarias del embarazo en todos los hospitales públicos. La idea con que se trabaja es que cualquier mujer mayor de 16 años será la única que decida qué hace con su cuerpo y su embarazo y que, si opta por un aborto, lo tenga garantizado en un centro público, cerca de donde reside y eligiendo el método más apropiado.

Los negociadores barajan que la norma establezca que un teléfono específico y gratuito de nueva creación y los propios centros de salud den toda la información a las embarazadas que la requieran, les ayuden a elegir un método, las deriven de inmediato a un hospital y las informen de dónde acudir si les ponen pegas para ejercer el derecho.

La norma tratará de erradicar el abuso de cesáreas y episiotomías y llevará la educación sexual a todos los colegios. Por tanto, a ello se incluye la distribución gratuita en institutos vinculada al fomento de la educación sexual.

Además, recoge como una forma de violencia contra las mujeres los vientres de alquiler y que los tribunales españoles podrán perseguir a las parejas que recurran al extranjero para la gestación subrogada, práctica ilegal en España.

El anteproyecto garantiza la financiación pública de los anticonceptivos hormonales, así como de la píldora del día después.

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