Arranca el curso de las tarteras y el IVA

Una tartera se ha convertido en el símbolo del curso escolar que arrancará el día 13 para el alumnado de Infantil y Primaria y el 17 para el resto. «No pasa nada. En Asturias, siempre se llevaron tarteras a la escuela. Lo que no vamos a hacer es cobrar por ellas», relativiza la titular de Educación del Principado, Ana González, acerca de la polémica surgida después de que se abriese la posibilidad de que los estudiantes de algunas comunidades puedan llevar al colegio la comida de casa y renunciar así al menú del catering, con el objetivo de que las familias ahorren. Y después, también, de que algunas como Cataluña anunciasen acto seguido que cobrarían hasta tres euros diarios a estos alumnos por usar el comedor.

Otras comunidades, como la valenciana, deja en manos de los consejos escolares aplicar o no cargas económicas, mientras que Madrid aprobará una orden para que los centros decidan, aunque su presidenta, Esperanza Aguirre, ha avisado ya de que los profesores podrían ser los encargados de vigilar a estos alumnos obligatoriamente.

La tartera es el símbolo de que la crisis ha llegado a los centros educativos y, con ella, las protestas anunciadas por distintos colectivos de la comunidad educativa contra los recortes aprobados por el Gobierno central para la reducción del déficit en las comunidades, la subida del IVA en el material escolar, el cobro por el uso de las fiambrera o la conveniencia de subvencionar o no la educación diferenciada.

A la espera de que la reforma que prepara el departamento que dirige José Ignacio Wert esté lista para su puesta en marcha el curso escolar 2013-2014, y que contempla cambios de todo orden en el sistema educativo, el comienzo del nuevo curso académico no estará exento de polémica y empezará como terminó el anterior: con movilizaciones y paros en la enseñanza pública contra los recortes. Si bien no hay fechas cerradas aún, los sindicatos de enseñanza ya avisan de que el otoño va a ser «caliente». Y tampoco se descarta una huelga general de la enseñanza en noviembre.

Para los sindicatos, las iniciativas aprobadas por el Ministerio de Educación, a través del Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público, en el que se incluye el aumento de las horas lectivas del profesorado (dos más en Secundaria) o del número de alumnos por aula (25 en Infantil), van a suponer el despido de cientos de trabajadores del sistema educativo en Asturias, que perderá, además, tres de sus siete Centros de Profesorado y Recursos.

La subida del IVA para el material escolar es otro de los asuntos que «preocupan, y mucho», a las familias de la región, pues las organizaciones de consumidores aseguran que va elevar un 3% el gasto para la vuelta al cole. Y a esto se une la reducción del presupuesto autonómico dirigido a las ayudas y becas para la adquisición de libros de texto, que en el Principado se ha visto recortado de cuatro millones de euros a dos y que queda reservado para aquellas familias con una renta máxima de 40.000 euros, con una consejería decidida a «fomentar la reutilización entre todas las asociaciones de padres y madres».

Fruto de ese mismo esfuerzo de austeridad, la consejería liderada por Ana González prepara una norma para que los ordenadores entregados a los chavales con cargo al programa Escuela 2.0 «dejen de ser propiedad del alumno y pasen a ser propiedad del centro». Y, siguiendo idéntica filosofía, aunque los programas bilingües se mantienen, el Principado ha paralizado la implantación de la enseñanza del inglés en el primer curso del segundo ciclo de Infantil prevista por el anterior Gobierno regional.

Los colegios del Opus Dei

Y, con el futuro de las escuelas rurales en el aire tras el cierre de la de Perlora, lo que también debe decidir el Principado en 2013 es si mete o no tijera a los dos colegios asturianos vinculados al Opus Dei que separan a su alumnado en función de su sexo: Los Robles y Peñamayor. Será tras las dos sentencias del Tribunal Supremo contra los conciertos a los centros escolares que segregan que han marcado el final del verano, ya que, tras las resoluciones judiciales, se ha vuelto a encender el debate sobre si la educación diferenciada debe recibir fondos públicos.

Se trata de un asunto que seguirá discutiéndose en los próximos meses porque el ministro no descarta, dentro de la reforma del sistema educativo, introducir en la ley una referencia explícita a que esta modalidad de oferta educativa no tiene por qué suponer ni discriminación ni segregación y, por lo tanto, pueda ser subvencionada.