El Principado pone condiciones a la continuidad de la policía autonómica

Tras décadas pidiendo ampliar sus competencias, la falta de ingresos está empujando a las administraciones autonómicas a iniciar el camino de vuelta. El último episodio atañe a la Unidad de Policía Adscrita (UPA) al Principado, contingente del Cuerpo Nacional de Policía que desde noviembre de 2006 ejerce a las órdenes de la consejería competente en materia de seguridad. En este área, las atribuciones que el estatuto de autonomía confiere al Gobierno asturiano son reducidas, lo que explica por qué los agentes se limitan a custodiar edificios oficiales, escoltar a mandatarios autonómicos y regular el negocio del juego.

La UPA echó a andar con 78 efectivos, que sólo se distinguían de sus compañeros del Cuerpo Nacional por lo restringido de los cometidos y por agregar a su uniforme oficial un escudo del Principado en la gorra y en la manga derecha. El Principado impulsó su creación y se comprometió con la financiación, al considerar la unidad como un embrión de lo que en un futuro podría ser una policía autonómica con rango de tal y competencias equivalentes a las de la Ertzaintza o los Mossos d'Esquadra.

Ayer, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, informó que la UPA ha perdido efectivos hasta quedar en 45, que el convenio que lo sustenta y firman la Administración autonómica y el Ministerio de Interior no se ha renovado desde julio de 2011, y que la unidad sufre «una situación que preocupa y urge abordar». Para ello tiene concertada una reunión pasado mañana con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa Rubio. Si las condiciones que ofrece el Ejecutivo central «no son asumibles» ni se cubren «las vacantes pendientes», la continuidad de la unidad quedaría en peligro, advirtió Martínez. El consejero compareció en la Junta General a petición del PP, quien aprovechó para explicar que desde 2006 el Principado adeuda seis millones por los gastos corrientes y de personal de la unidad. La situación sería por tanto achacable al Principado, según el diputado popular José Agustín Cuervas-Mons, quien señaló que «no es serio firmar convenios para no cumplirlos». El del PP recordó que las atribuciones de la UPA son «escasitas», salvo en las inspecciones al juego, por lo que instó a «volver al sentido común; no por tener policía propia se es más asturiano».

Martínez expuso que el Principado gasta cada año nueve millones en los 20 contratos de seguridad privada para los 111 edificios. IU advirtió que privatizar por completo el servicio puede suponer una solución aún más costosa para el erario público.