La plantilla de Cerredo, en huelga indefinida contra los 169 despidos

Los sesenta trabajadores de la mina de Cerredo, propiedad de Coto Minero del Cantábrico (CMC), iniciaron ayer una huelga indefinida para mostrar su solidaridad con los 169 trabajadores (a los que hay que sumar el personal que trabaja en el sector auxiliar) incluidos en el expediente de extinción que les ha presentado la empresa. Ayer recibieron la notificación de un despido que se hará efectivo el próximo 8 de marzo.

Con la huelga, los trabajadores pretenden, por un lado, que la compañía dé marcha atrás a los despidos, y, por el otro, defender sus derechos laborales adquiridos y rechazar las condiciones impuestas por el presidente de la compañía, Victorino Alonso, que pasan por más horas de trabajo y reducciones de sueldo de hasta el 40%. «En estos momentos, la comunicación con la empresa es inexistente», reconoció ayer el presidente del comité de empresa, Luis María Fernández. La intención de la plantilla es ir endureciendo las medidas de presión con las que tratan de reconducir la situación. Así, si hasta el momento las acciones que han ido llevando a cabo han estado centradas en bloquear el transporte de carbón, ayer acordaron bloquear también la entrada de todo tipo de suministros a la explotación (gasoil, dinamita...), con el objetivo de paralizar el funcionamiento de la empresa.

El expediente de extinción afecta a los trabajadores de las minas asturianas de Cerredo y Tormaleo. Estas explotaciones cuentan con un total de 261 empleados que, además, ya se encontraban inmersos en un ERE de suspensión que, en principio, iba a durar hasta marzo y que había dejado a alrededor de sesenta trabajadores realizando labores de mantenimiento en las instalaciones. Desde el comité de empresa de Coto Minero Cantábrico, presidido por el sindicato USO, se sigue defendiendo que no van a tolerar que se pierda «ni un solo puesto de trabajo». En esa línea, argumentaron que tras la presentación por parte del grupo Alonso de los ERE de extinción, la empresa en ningún momento «tuvo intención de negociar las condiciones», pese a que ya se han celebrado numerosas reuniones durante el periodo de consultas para tratar los casos particulares de cada pozo.

Y mientras los trabajadores culpan al presidente del Grupo Alonso de la situación por la que atraviesa la compañía, Alonso culpa al Gobierno. Asegura que «si no se reduce plantilla y no se ajustan las condiciones, la explotación deberá cerrar». La falta de liquidez y el hecho de que Industria aún no haya liberado las ayudas al carbón para 2012 son los motivos que alegó la empresa para justificar unos recortes que, asegura el comité de CMC, tienen como «principal culpable» al Ministerio de Industria y su gestión del carbón. La actitud mantenida por el empresario leonés Victorino Alonso, «el único del sector que emplea estas medidas», también ha contribuido a que la situación del suroccidente sea crítica.

En las últimas semanas, los mineros de las zonas en las que opera el grupo Alonso ya han recibido el apoyo de los ayuntamientos y buscarán ganar para su causa a partidos políticos e instituciones. «La solución tiene que pasar por la política», ha reconocido el presidente del comité de empresa del grupo Cerredo.