Seis años del 'caso Renedo': entre investigación y retrasos del proceso

El presidente Jose Luis Rodríguez Zapatero ya había pronunciado la palabra «crisis», a la autovía del Cantábrico le faltaban 54 kilómetros de obra en Asturias y las pantallas de cine hacían caja proyectando la cinta 'Avatar'. De aquella la regasificadora estaba a punto de construirse, y la autopista del mar ultimaba los trámites para echar a andar. Así estaban las cosas cuando aquel 3 de febrero de 2010 Azucena V. accede a la Comisaría de Gijón, acompañada de la abogada Graciela Lagunilla y 21 folios que van a cambiar la historia de la región.

Letrada y víctima piden hablar directamente con la Brigada de Policía Judicial y les ponen sobre la mesa una denuncia respaldada con diversa documentación. Azucena explica que unos meses antes la Agencia Tributaria le pidió explicaciones por no haber tributado 134.359,07 euros que según sus registros le había pagado el Principado; no tenía ni idea de lo que le hablaban y así se lo explicó a la inspectora del fisco. La mujer esperaba algún tipo de noticia al respecto cuando, días atrás, recibió una llamada en su teléfono móvil particular, de una funcionaria que decía ser Marta Renedo, explicándole que todo había sido un error con una empresa quebrada, que lo arreglarían y le compensarían. La mujer iba a creérselo cuando Hacienda le informa de que en Bankinter existía una cuenta abierta a su nombre que acumulaba aquel misterioso botín. Azucena y su marido acudieron a la entidad bancaria, pidieron explicaciones, y cuando le cuentan al director de la oficina que menos mal que hay una empleada pública que se lo va a arreglar todo, éste les interrumpe: «Voy a decirles un nombre, a ver si es el de esa funcionaria: Marta Renedo». La pareja se queda asombrada. «No confíen en ella, ya tuvimos un problema parecido antes, presenten una denuncia en la Policía. Yo les doy copia de todos los movimientos de la cuenta corriente que se supone tiene con nosotros», les viene a decir.

Con los extractos bancarios, el nombre de la funcionaria, y la denuncia de la víctima, el inspector jefe Arturo Montaña lo tiene claro. El asunto es sospechoso y pone de inmediato a sus agentes a seguir la pista. También manda parte al Juzgado de Guardia, del que ese día está al cargo la magistrada-juez Ana López Pandiella. Nace así el 'caso Renedo', el mayor proceso judicial abierto en el Principado para depurar una supuesta trama de corrupción y que hoy alcanza su sexto año pendiente de conclusión.

Si nada más se tuerce, la Audiencia Provincial celebrará el juicio del 4 de abril al 3 de agosto, lo que demoraría la sentencia a finales de año. Fuentes jurídicas aseguran que los abogados defensores ya han anticipado su intención de recurrir el auto, y que la fiscalía también habría deslizado que en caso de que haya condenas de prisión, solicitará el ingreso inmediato de los penados. De confirmarse, el Ministerio Público actuaría aquí con un rigor distinto al mostrado en el caso de Mina La Camocha, fraude cometido entre los años 1998 y 2000, y cuyo juicio terminó en noviembre de 2014. El asunto desembocó en una condena de nueve años de prisión y más de 16 millones de multa para cada uno de los cinco acusados, pero entonces la fiscalía optó por no solicitar el ingreso en Villabona al menos hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos.

Otros casos

A la espera de cerrar la cuenta, los seis años que ya suma el 'caso Renedo' parecen cuestionar el derecho a «una tramitación ágil de los asuntos», reconocido desde el año 2002 en la Carta de Derechos de los Ciudadanos. El juicio se abrirá con 13 acusados y tres de los principales (el exconsejero José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero y Víctor Muñiz) llevan tiempo haciendo vida de jubilados. A pesar de la secuencia, lo cierto es que asuntos de corrupción de similares dimensiones están teniendo una suerte pareja. La Audiencia de Palma celebra ahora el juicio del 'caso Noos', cuya instrucción se inició también hace seis años y cuenta con cinco acusados más que la trama asturiana. El 'caso Palau' se cerró con 16 procesados, tras seis años de instrucción, y sigue a la espera de que la Audiencia de Barcelona le ponga fecha a las vistas. El primer juicio de la trama Gurtel sí arrancó en Valencia, también seis años después de comenzada la investigación, con 13 acusados por amañar contratos públicos valorados en cinco millones.

En un intento por abreviar estos lapsos, el pasado 7 de diciembre entró en vigor una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que impone plazos tasados y obliga al fiscal a controlarlos. Las causas sencillas tendrán un permiso de seis meses y a las complejas se les concede un año y medio. Existe la posibilidad de solicitar una prórroga por iguales márgenes y, aunque la norma lo permite, también pretende que las causas que superen los tres años de investigación sean una excepción. La iniciativa cuenta con críticos entre las fiscalías y la judicatura, donde se entiende que si las defensas mantienen el derecho a recurrir dos veces cada decisión del instructor, y a éste se le sigue sin dotar de más policías de apoyo, al final acortar los plazos equivale a tener que abandonar las investigaciones sin identificar a todos los culpables.

Alargar plazos

Para calibrar el acierto de estos temores quizás baste con comprobar lo que habría sido del 'caso Renedo' de tener que interrumpir la investigación a los tres años. A comienzos de febrero de 2013 el magistrado-juez ya tenía bastante determinado los contornos de la trama. Hacienda le había aportado las periciales que retrataban la ristra de regalos, fraudes al fisco y cohechos supuestamente cometidos por Igrafo y APSA; los peritos caligráficos tenían acreditadas las falsificaciones de firmas de las que sería responsable Renedo y la Policía había constatado que pedidos por los que Educación pagó 1,5 millones no se encontraban en los seis colegios donde supuestamente se entregaron. Desde esa fecha la instrucción se consagró a verificar si, como acababa de declarar Marta Renedo, en las consejerías se pagaron obras ficticias para encubrir el sueldo de familiares de altos cargos que trabajaban 'enchufados'. Fueron unos meses que motivaron imputaciones e interrogatorios, pero que finalmente no encontraron elementos para sentar a nadie más en el banquillo.

La última diligencia de investigación del caso fue la declaración como testigo del ex director general Joaquín Arce, en noviembre de 2013. Es decir, investigación como tal hubo durante tres años y medio. Los otros dos años y seis meses del proceso se han ido en denegar recursos, discutir la lista de procesados, comunicar trámites y librar gestiones preparatorias del juicio. Sobre cómo simplificar estos pasos, nada dice la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.