El Principado, incapaz de presentar un inventario de sus bienes al juzgado

El juicio tiene sesiones programadas hasta principios de agosto y los abogados de Igrafo y APSA amenazan con repetir hasta entonces que su defensa está siendo poco menos que saboteada por el Principado. A sus clientes se les acusa de haber facturado miles de pupitres y sillas a la Consejería de Educación que no aparecen en los colegios de entrega. Ellos replican que los enseres estarán en otra parte, y para demostrarlo han solicitado la entrega del inventario de bienes muebles sobre los años 2006 a 2009. La Administración regional no fue capaz de localizar el documento, y ofreció a cambio una lista de los enseres adquiridos en dicho periodo.

Los letrados aprovecharon que la abogada del Principado, Isabel González Cachero, tenía que declarar ayer como testigo para reclamarle la documentación. «Yo no sé si hay inventario o no; no está todo en la cabeza de un letrado», repuso. El abogado de APSA, Javier Dapena, recordó entonces cómo en 2009 la Consejería de Economía adjudicó por procedimiento restringido y 11,7 millones un encargo sobre la aplicación autonómica Asturcon XXI que incluía «la actualización del inventario de bienes y derechos del Principado». «Eso se lleva en la Dirección General de Patrimonio, y no sé cómo hacen los inventarios», respondió la letrada.

La suya fue una comparecencia medida, en la que supo zafarse de toda sospecha tirando de procedimiento administrativo. Pasó por ejemplo cuando los letrados de las empresas le manifestaron que según ese listado de enseres, resulta que la Consejería de Cultura ejecutaba el 38,4% de sus compras de muebles en el mes de diciembre. «En Cultura el mes de diciembre es igual de hábil que cualquier otro para formalizar los contratos», indicó la testigo.

-«¿No se pedía a los proveedores habituales que emitieran facturas falsas para agotar el presupuesto?»

-«Jamás hubo orden para agotar el crédito presupuestario de esa manera».

Biblioteca de El Fontán

El toma y daca continuó al abordar lo sucedido con la biblioteca de El Fontán. Al inaugurar su reforma, la consejería informó de que se habían invertido 800.000 euros en los trabajos, cifra que no contaba con ningún expediente abierto para tramitarlo. El letrado de Igrafo, Miguel Valdés-Hevia, sostiene que para cobrarse parte del encargo, Cultura le solicitó a la empresa que emitiera su factura a nombre del centro de Belén de la Montaña.

«¿Es posible que un equipamiento se haga sin expediente?», requirió Valdés-Hevia. «No debería ser posible», se limitó a decir González Cachero. «Cuando yo llegué a la consejería, la biblioteca ya estaba inaugurada, y no recuerdo nada ni de ella ni de Belén de la Montaña», agregó.

La declaración de González Cachero la había solicitado Renedo. Ambas son funcionarias y coincidieron unas semanas en Cultura. «Mi única conversación con Marta fue para comentarle que la consejera no contaba con ella, y que iba a ser cesada; fue una cuestión de cortesía, para que no se encontrara la decisión publicada en el Boletín Oficial del Principado», acotó la testigo.