Uno de los acusados del 'caso Ardines' «fue llamado como testigo y terminó autoinculpándose»

Últimos movimientos antes del juicio contra los presuntos asesinos de Javier Ardines. Las defensas de los cuatro acusados tratan de anular las diferentes pruebas presentadas contra sus clientes antes de que tenga lugar la vista oral, en la modalidad de jurado popular y previsiblemente en «tres o cuatro meses». La Sección Segunda de la Audiencia Provincial acogía ayer por la mañana la vistilla por las cuestiones previas y durante la misma, los letrados no se salieron del guion y se reafirmaron en los escritos remitidos hace semanas al presidente de la sala y cuyo contenido ya reflejó este diario. Su objetivo principal: tumbar las declaraciones de dos de los acusados y ganar así algo de ventaja frente a la ingente cantidad de pruebas recopiladas por los agentes de la Guardia Civil durante su minuciosa investigación.

En primer lugar, los cuatro abogados interesaron la nulidad de la declaración que el presunto intermediario, Jesús Muguruza, prestó ante la Guardia Civil en diciembre de 2018 y que fue fundamental para los investigadores a la hora de tirar del hilo y desenmarañar el intrincado caso. «Fue llamado como testigo cuando la Guardia Civil ya tenía indicios de que podía ser responsable de los hechos y, además, terminó autoinculpándose», indicaron su abogado, Luis Mendiguren, y Fernando Barutell, quien defiende a uno de los supuestos sicarios, Maamar Kelli. «Deberían haber suspendido esa declaración de forma inmediata, pero no lo hicieron, por lo que entendemos que es nula de pleno derecho y, por la conexión de antijuricidad, también lo son el resto de pruebas derivadas de la misma», agregaron. Si. efectivamente. el magistrado decidiese anular esta prueba, «consideramos que se desmontaría parte de la tesis de las acusaciones», señalaron los letrados. Y ello porque, explicaron, «fue a raíz de Muguruza que se identifico a Djillali Benatia -el otro presunto sicario- y, a su vez, a través de él los agentes llegaron a Kelli».

La segunda carta jugada ayer por los abogados defensores fue la petición de nulidad de los autos de incomunicación dictados por la titular del Juzgado de Instrucción de Llanes cuando Muguruza, Benatia y el considerado inductor del crimen, Pedro Nieva, fueron detenidos en febrero de 2019. Dichos autos, indicaron los letrados, se basaba en la posibilidad de que los cuatro investigados conformasen un grupo criminal, pero finalmente la propia jueza terminó desechando esa tesis y cuando dictó la prisión provisional y posteriormente pidió la apertura de juicio oral se limitó a acusarles de asesinato. «No todo vale», apuntó Mendiguren. Y su colega Adrián Fernández, a cargo de la defensa de Benatia, indicó que «fue ese auto el que hizo que mi cliente prestase declaración policial y posteriormente judicial». «Entendemos que los motivos alegados no son tales y que debería habérsele informado debidamente», apuntó, e insistió en que «debería haber tenido derecho a designar abogado, a entrevistarse con él y a no declarar; vamos, los derechos constitucionales que todo detenido tiene».

De declararse nulos estos autos, también lo serían las declaraciones de Djillali Benatia en las que reconoció haber participado en el crimen y acusó a su presunto compinche, Maamar Kelli, de haber sido el autor material de la muerte de Ardines. «Ya se ha retractado y ha dicho que no fue así, sino que hubo coacción policial», indicó Barutell, y añadió que «si se anulan esas declaraciones no habría más actos probatorios contra mi cliente».

El abogado de Pedro Nieva, Javier Beramendi, por su parte, volvió a hacer hincapié en la presencia de restos de ADN de una mujer en el escenario del crimen, así como en la existencia de varios conflictos por motivos políticos y laborales en torno a la figura del concejal asesinado. De hecho, en su escrito el abogado pide que se llame a declarar durante el juicio a una larga lista de funcionarios y personas directamente relacionadas con el Ayuntamiento de Llanes.

La Ficalía y la acusación particular, ejercida por la familia del edil, defendieron que todas las pruebas presentadas se practicaron de forma correcta y justificada, por lo que pidieron que se mantengan.

Javier Ardines fue asesinado en la madrugada del 16 de agosto de 2018, a escasos metros de su vivienda en Belmonte de Pría, cuando se dirigía a faenar con su embarcación, la 'Bramadoria'. Tras seis meses de ardua investigación la Guardia Civil detenía a Nieva, Muguruza y Benatia y la jueza instructora solicitaba la extradición de Kelli, preso en Suiza. Según los investigadores, Nieva descubrió que su mujer, Katia Blanco, y Ardines mantenían una relación sentimental, por lo que decidió acabar con la vida del edil, para lo que pidió ayuda a Muguruza, quien le puso en contacto con los dos presuntos sicarios.

Hace dos semanas el juez decidía prorrogar la prisión provisional a tres de los acusados por considerar que existen suficientes pruebas contra ellos y que podrían intentar fugarse dada la magnitud de la pena a la que se enfrentan, de 25 años de cárcel cada uno.