Asturias lleva la armonización fiscal al debate sobre la financiación autonómica
El consejero de Hacienda del Principado afirma que la alianza de Asturias, Galicia, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Aragón y Castilla-La Mancha «no está en riesgo»
El actual modelo de financiación autonómica está vigente desde 2009. En ese momento se introdujo el factor de población ajustada como el principal criterio a ... la hora de fijar las cantidades que cada comunidad tendrá del Estado para prestar sus servicios. Se trata de una fórmula que se refiere a la población en un territorio ponderado por sus necesidades, definidas según determinados criterios (población envejecida, dispersión de la población, etc.) para prestar bajo los principios de igualdad y equidad los mismos servicios en todos los territorios. Este modelo, que a Asturias le beneficia respecto a otros, como el que Andalucía, Comunidad Valencia o Murcia defiende, basado en un reparto donde se atienda al número de habitaciones puro y duro, debe ser superado. Sí a atender los factores demográficos, dispersión y envejecimiento, pero, sobre todo, el modelo de financiación autonómica debe avanzar a un sistema que atienda al «coste real» de los servicios. Así lo defendió esta mañana el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, durante su comparecencia en la Junta General, en la que fijó la posición que Asturias defenderá en el marco de la negociación del nuevo sistema de financiación.
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Para Peláez es «necesario» acometer esta reforma, puesto que además de que el concepto de población ajustada ya no es suficiente para atender el coste real de los servicios, el actual modelo, pactado hace 15 años, «es errático» ante los distintos ciclos económicos, como se pudo ver durante las crisis habidas en estos tres lustros.
Asturias defenderá durante el proceso de negociación para un nuevo modelo, uno de los compromisos de legislatura de la vicepresidenta y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, un sistema que asegure el coste real y efectivo de los servicios. «Porque no lo es mismo prestar un servicio en las alas de Asturias que un una zona urbana de Madrid o Barcelona», dijo Peláez. Para ello, considera necesario que primero sea el Estado el que fije la cartera de servicios cuya prestación debe ser realizada en el plano de igualdad. «Debe definir cuáles son, el coste efectivo de los mismos y dotar a las comunidades de los ingresos necesarios para atenderlos», recalcó el titula de Hacienda del Principado.
«Intereses de Asturias»
Guillermo Peláez defiende, pues, que además de criterios como la dispersión o envejecimiento, los criterios de reparto contemplen el coste real y efectivo de la prestación de los servicios. «Es necesario abrir el debate por los intereses de Asturias», dijo.
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La posición de Asturias fue compartida la pasada legislatura por ocho comunidades: además del Principado, Galicia, Castilla y León, Cantabria, Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura. Todas ellas, en 2021 suscribieron el llamado Acuerdo de Santiago, en el que las ocho regiones hacían un frente común para defender un sistema de financiación que atendiera a las necesidades de cada territorio en función del coste efectivo de sus servicios. Han pasado tres años desde entonces y cambios de signo político en seis de esas comunidades (sólo el PSOE mantiene los gobiernos de Asturias y Castilla-La Mancha, el resto son del PP y en algunos casos, como Castilla y León, junto a Vox).
Acuerdo de Santiago
Sin embargo, y pese a las preguntas del portavoz del PP en la Comisión de Hacienda, Andrés Ruiz, sobre si sigue vigente ese compromiso suscrito, Guillermo Peláez considera que las ocho comunidades siguen manteniendo los criterios suscritos en el citado documento. «El Acuerdo de Santiago está plenamente vigente», dijo el consejero.
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Peláez también destaca que además de esa posición fijada por las ocho comunidades, en el caso de Asturias «partimos con ventaja al disponer de una unidad política» suscrita la pasada legislatura, con un documento suscrito por todas las fuerzas con representación en la Junta General -salvo Vox- que fijaba la posición de Asturias en la negociación del nuevo modelo de financiación. En él se incluían los mismos criterios que esta mañana ha defendido el consejero de Hacienda.
No obstante, y pese a seguir vigente los compromisos adquiridos entonces, tanto PP como Foro pidieron al consejero que convoque de nuevo a los grupos ante las próximas negociaciones dentro del Consejo de Política Fiscal y Económica en las que se empezará a debatir el nuevo sistema de financiación. No se comprometió a ello Peláez, sí a informar a todos los grupos «detalladamente y con transparencia» los pasos que se den.
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Impuestos
Además del criterio de coste efectivo y real de los servicios y de población ajustada, el consejero de Hacienda también anunció que defenderá que el nuevo marco de financiación incluya la armonización fiscal entre todas las comunidades. «Es fundamental que impuestos que gravan la riqueza, como Sucesiones y Donaciones, sean armonizados en todo el Estado para garantizar el principio de equidad», dijo el consejero. En esa armonización también incluye el IVA.
Esta afirmación tuvo respuesta por parte del PP durante el debate, que, eso sí, se desarrolló en el más absoluto clima de respeto y de discusión política que se les presupone a nuestros políticos. Para el diputado popular David Ruiz Riestra esta «homogenización fiscal», eludió hablar de armonización, supone una «ataque a la independencia» fiscal de cada comunidad e, incluso, advirtió de que esa posición «pone en riesgo» el pacto sobre financiación suscrito en 2021 por las ocho comunidades citadas anteriormente. Recordaba el diputado del PP como comunidades gobernadas por el PP, como Galicia y Castilla y León, han bajado, cuando no suprimidos, impuestos como Donaciones y Scuesiones. Por ello, David Ruiz pidió Guillermo Peláez que «orille esta petición» durante la negociación «para mantener la unidad política».
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Por su parte, el consejero, insistió en que esa unidad «no está en riesgo. Las ocho comunidades defendemos disponer de recursos suficientes para atender los servicios».
Primer semestre
Guillermo Peláez espera que a lo largo del primer semestre del año pueda celebrarse el primer Consejo de Política Fiscal en el que empiece a hablarse del nuevo modelo de financiación. Será un proceso complicado, con negociaciones «complejas» al confluir intereses políticos y de territorios. Es decir, de forma implícita, Peláez viene a decir que la negociación del nuevo modelo será larga, con posibilidades incluso de que no pueda haber acuerdo esta legislatura debido al contexto político y la polarización en el Congreso, ya que el acuerdo deberá ser votado en las Cortes.
El consejero reconoció que está manteniendo «conversaciones informales» con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán, y espera mantener un encuentro bilateral con la vicepresidenta María Jesús Montero.
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