El Principado hará un registro de inmobiliarias de confianza y exigirá formación a los vendedores de pisos

La situación hoy es que «un señor que no sepa ni leer ni escribir puede dedicarse a vender pisos, cuando hasta para vender fruta en el mercado se pide el carnet de manipulador de alimentos», comparó. A juicio de Vega esta situación está provocando abusos y estafas al ciudadano. La compra de una vivienda «supone en el 90% de los casos la mayor inversión que afronta una familia», dijo. El presidente de los APIs aseguró que cada semana llegan a su despacho casos de ciudadanos que «han quedado en una cafetería con un señor», al que contactan por los anuncios que «cuelgan en una farola», entregan unas arras y luego desaparece con el dinero. «No tienes una oficina a la que reclamar y muchas veces ha usado un móvil de prepago». Katia Domingo, de la Unión de Inmobiliarias, abundó que hay intermediarios que siguen cobrando determinados gastos a quien alquila un piso, «algo que es ilegal e injusto».

Estos profesionales llevan años reclamando volver a un sistema regulado, y han convencido de sus bondades a la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda que lidera IU-Convocatoria. El titular del departamento, Ovidio Zapico, anunció esta mañana que prepara un decreto que entraría en vigor «a lo largo de 2025». Su función es fijar las condiciones para poder inscribirse en un registro público de intermediadores para la venta de viviendas. «Queremos garantizar una mediación de calidad y proteger los derechos de los consumidores», defendió.

Matiz importante. El registro será un primer paso, y estar inscrito en él tendrá carácter voluntario, obteniendo quien cumpla las condiciones que se fijen un sello de calidad que será promocionado por la administración. La intención de la consejería es dar el salto y hacer obligatorio cumplir esas condiciones mediante la futura ley de vivienda del Principado, que se espera empiece su tramitación en el primer trimestre de 2025.

Por de pronto, los profesionales colegiados ya dejan sobre la mesa tres exigencias que ven básicas para dedicarse a su oficio. «Si quieres mediar lo menos que tienes que tener es un seguro de responsabilidad civil, para que el consumidor no se vea perjudicado. Todos los que ejercemos esta profesión tenemos uno de un millón de euros por siniestro y año y queremos que el resto también lo tenga», indicó el presidente de los APIs. También insta a reclamar «un seguro de caución, para que las cantidades que entregas en arras estén aseguradas y si al señor le da un mal que ese depósito no quede perjudicado». Por último ve imprescindible que el profesional «tenga una serie de conocimientos de legislación, contratos, valoración inmobiliaria y práctica financiera». Katia Domingo apuntó al respecto que Asturias «es la única comunidad con un grado superior de FP dual en ventas y espacios comerciales», dejando abierto si sería bueno tener esa titulación o «un curso de 200 horas».

Según indicaron, ahora mismo el colegio de APIs de Asturias cuenta con 125 asociados, mientras que la Unión de Inmobiliarias están adheridos 32 negocios. Son cifras moderadas si se tiene en cuenta que «hay entre 300 o 400 inmobiliarias ahora en Asturias. En los años del boom llegó a haber 400 solo en Gijón», recordó Katia Domingo.

La presidenta de la Unión de Inmobiliarias aprovechó la ocasión para respaldar la iniciativa del Principado de iniciar un programa para estimular que la vivienda vacía que hay en la comunidad autónoma salga al alquiler. «Nos parece fenomenal, hay que motivar a los propietarios, con desgravaciones fiscales por ejemplo. Solo en Gijón tenemos 7.000 viviendas vacías y una demanda de alquiler brutal, es un drama social». El consejero recordó que el programa «no es de un día para otro» y se basa en garantizar que quien ponga su piso a disposición tenga la seguridad de que cobrará la renta cada principios de mes y verá su vivienda rehabilitada a la finalización del contrato.