Asturias

Barbón aplaza la ley de reto demográfico a petición del PP para negociar mejoras

«Para mí sería un placer decir hoy que hemos aprobado el proyecto de ley, pero como muestra de buena voluntad y diálogo la vicepresidenta Gimena Llamedo se pondrá en contacto con Canga y el resto de portavoces parlamentarios para ver si hay alguna matización que quieran hacer en la redacción actual», anunció Barbón. «Me comprometí a ser un presidente de diálogo y consenso», recordó.

Barbón explicó en la rueda de prensa que la decisión viene adoptada tras recibir la citada misiva firmada por el portavoz popular, en la que se le reclama «precisar algo sobre la discriminación fiscal positiva a favor del medio rural, algo que nosotros reivindicamos. De hecho, el Gobierno de Asturias de la pasada legislatura que yo presidí es el que más medidas ha adoptado para discriminar positivamente al medio rural», indicó Barbón. «Lo segundo era algo que propone el PP y nosotros también, el plan retorna, ver qué hacemos para atraer población, sobre todo entre quienes tienen doble nacionalidad o pueden acceder a ella gracias a la 'ley de nietos», trasladó. El tercer cambio solicitado por el PP es más de tipo técnico: «Tiene que ver con una disposición derogatoria que llevan todas las leyes y que derogan las que se opongan a ésta. Pidió determinar cuáles son las que derogaría. Bueno, la ley es nueva, sobre un cambio sin legislación previa, pero vamos a verlo», agregó.

El anteproyecto de ley se elaboró utilizando como base el dictamen que incluía más de 200 medidas y que fue aprobado casi de forma unánime -salvo Vox- en una comisión constituida en la pasada legislatura y que fue presidida por la hoy vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, lo que sirvió para que el propio Barbón lo calificara como el dictamen Llamedo. El anteproyecto de ley recoge una batería de medidas legislativas, presupuestarias, fiscales y organizativas para darle la vuelta al declive demográfico.

El proyecto marcará todos los planes y normas posteriores, pues incluye la obligación de que calibren su incidencia demográfica, como ahora ya valoran sus efectos sobre la economía y la igualdad de género, por ejemplo. La medida estrella de la norma reside en clasificar a los concejos en función de su perfil demográfico. Entrar en una u otra categoría tendría consecuencias y efectos, puesto que las políticas serán diferentes para cada grupo de concejos atendiendo a su grado de despoblamiento.