El coche sí, los juegos no. El escrito del fiscal sobre la acusación a Cascos

El 9 de febrero la Fiscalía presentó un primer informe advirtiendo de la legalidad de la mayor parte de los gastos. Dijo que «ciertas conductas del investigado no constituían apropiación de dinero ajeno, entre ellas, el cobro de su salario, el cobro por conferencias, los gastos de conductor, vehículo, secretaría personal, préstamo personal recibido (y devuelto), alquiler de un centro de negocios en Madrid para el partido o numerosos gastos que aparentemente se podían clasificar como de carácter personal pero que aparecían relacionados con su actividad política».

No hace extensiva esa explicación a un grupos de facturas entre las que hay un procurador por dos procedimientos no relacionados con Foro, el alojamiento en un hotel de un familiar, cuatro billetes de AVE para los hijos, cinco entradas de la Copa Davis en Oviedo siendo presidente del Principado y cuatro de museos. La lista incluye un videojuego de un hijo que el investigado reconoció como un error y una cama.

La Fiscalía entiende que pasó estas facturas «sirviéndose de su condición de presidente y posteriormente secretario general de FAC, y de la existencia de un insuficiente sistema de control de gastos en el partido». Las explicaciones de Álvarez-Cascos no las entiende suficientes; aunque «puedan considerarse gastos residuales en comparación con el global de gastos que le se atribuían inicialmente no los convierte en lógicos, aceptables e implícitos a la actividad política».

Emitido el informe, toca que el juez resuelva, pero ayer ya hubo reacciones opuestas. En el comunicado de Fiscalía tanto el partido como el investigado ven probadas parte de sus posiciones y se preparan para recurrir el resto.

Luis Tuero, abogado de la defensa, destacó que «no hay ni lujos ni gastos suntuarios, todo es una venganza interna del partido». Subrayó la «desproporción manifiesta» entre la denuncia del partido y lo apreciado por el fiscal. «Hablamos de alguien que era presidente del Principado, diputado, secretario general, que trabajaba 24 horas al día», dijo.

Fuentes del entorno del expresidente ven «de una ignorancia absoluta que no se reflejen lo que son los gastos de representación inherentes a una actividad política», concepto que en el Congreso tienen reconocido como complemento presidentes, portavoces y portavoces adjuntos de comisión, con cuantías de entre 756 y 3.646 euros mensuales.

Desde Foro agradecen «la claridad con la que se reconoce que teníamos razón cuando acusamos a Francisco Álvarez-Cascos de mal uso de fondos públicos y de apropiación indebida». La formación dice sentirse «orgulloso por de pasar página, siendo el primer partido que limpia la casa por iniciativa propia y no a instancia de nadie más» y mantiene que su exlíder «confundió el patrimonio de Foro con el suyo propio». Su letrado, Luis Llanes, mantiene que entre los gastos indebidos deberían estar 170.000 euros abonados a la entonces esposa del investigado por el alquiler de una sede y recurrirá en ese sentido. Con todo mostró su «satisfacción con la calificación de la fiscalía de encontrarse ante un delito continuado de apropiación indebida con independencia de las cantidades finales que lo integren y supone de por si un claro reproche penal y moral».